Vlado Mirosevic

Corfo ha ejecutado la venta de las acciones que el Estado Chileno posee en las empresas Sanitarias, a saber, 34,98% en Aguas Andinas, el 29,43% de Esval, 43,44% de Essbio, y en proceso de enajenación el 45,46% de Essal.

Las mencionadas acciones, constituyen activos o bienes que posee el Estado Chileno y que le   generan ingresos anuales  por US$ 160 millones de dólares, los cuales se enajenaron en US$ 1.500 millones de dólares, menos de lo previsto.

Al respecto, la CORFO y los Ministros del área económica han justificado dicho proceso de enajenación, argumentando el año pasado en la necesidad de aplicarlos en la reconstrucción por los daños ocasionados por el terremoto, para luego cambiar la versión y ahora señalar que los recursos se utilizarían para capitalizar en empresas del Estado como Metro y en generar Fondos de Garantía para las Pymes.

En consecuencia y ante los fundamentos esgrimidos, junto a Marco Enríquez-Ominami y Sara Larraín declaramos -yo en representación de ChilePrimero- nuestro público rechazo a la venta de la participación estatal, por considerarla una mala decisión económica:

Consideraciones económico financieras

La más elemental decisión financiera es la de obtener un crédito para esos fines y pagarlos con los flujos generados por las sanitarias. Al final del periodo, el Estado chileno tendría las acciones que le generan rentas, las que serían liberadas para otros fines y además tendría los recursos para los cuales argumenta vender. 

Consideraciones patrimoniales

Las acciones de las sanitarias representan el 40% del Patrimonio de Corfo, invertidas en un sector de servicios de aguas altamente seguro y rentable, de hecho el más rentable luego de la minería del Cobre. Con la venta, reducirá su patrimonio en un 35%, ya que retendrá sólo el 5% de estos activos. El dejar de poseerlas le causará un daño patrimonial al estado chileno por cuanto esos activos dejarán de pertenecerle con las consiguientes consecuencias en daño patrimonial, económico y financiero.

Consideraciones respecto al marco regulatorio

El marco regulatorio de las empresas de aguas es deficitario y no cautela adecuadamente el interés público, en lo referido a las tarifas, ya que los aumentos de productividad de las empresas, no han significado un traspaso de menores precios a los consumidores. Es así como desde el 2005 las empresas han sobrepasado la rentabilidad establecida por ley, lo que se explica en  tarifas sobrevaluadas a los consumidores.

Consideraciones estratégicas en relación a un recurso escaso

La escasez del recurso hídrico en el planeta y las tarifas asociadas, son relevantes para el consumo de los ciudadanos. Las Naciones Unidas en consideración a ello ha declarado el agua como un derecho humano fundamental. En consecuencia, es un contrasentido que el Estado quién debe velar por el bien público se retire del sector que tiene características de monopolio natural, quedando con un ínfimo 5%, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Italia.

Consideraciones respecto de la aplicación de recursos de la venta

Los recursos provenientes de la venta de las acciones, no tienen un destino determinado. Inicialmente el gobierno dijo que los utilizaría para financiar los daños ocasionados por el terremoto, luego varió en su versión original y se han señalado una serie de otras probables aplicaciones sin tener claridad sobre su destino final.

Consideraciones respecto a la confianza pública

Los gobiernos son administraciones transitorias de los activos, obligaciones y patrimonio de la Nación. En consecuencia, se espera que administren dichos recursos como si administrasen los propios. En esta enajenación no se aprecia tal celo, por los argumentos señalados precedentemente.

En consecuencia, nos preocupan y rechazamos las razones para enajenar que se han proporcionado a través de los medios de prensa, ya que claramente no es un buen negocio para la Corfo y/o para el país, como argumenta el gobierno. 

En esta operación observamos consideraciones de otra naturaleza, que no son precisamente técnicas, sino más bien doctrinarios, con una visión donde el Estado no debe tener ni administrar activos, aún cuando estos sean rentables y beneficiosos para su propietario, o sea el Estado de Chile.