El tamaño del Estado, la inversión privada y el terremoto

Mar. 03 , 2010

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Mal nos ha tratado el año del Bicentenario, rompiendo las expectativas tanto del equipo de gobierno saliente como del gobierno que llega.

El cruel terremoto ha puesto a prueba nuestras capacidades -como país y como sociedad- de hacer frente a una tragedia que se distribuye de forma desigual, afectando a ciudades particulares, a localidades específicas a lo largo de casi 600 kms. y, especialmente, a sectores rurales costeros y a los más pobres de las ciudades del centro. Así, la naturaleza nos obliga a volver a lo principal: el interés público, la cultura ciudadana y la situación de los más afectados por sus embates.

Las necesidades resultan infinitas. ¿Cómo responder simultáneamente -en todas las localidades afectadas y en el más breve tiempo- considerando nuestra loca geografía? ¿Con qué recursos y resortes administrativos cuenta el Gobierno para atender tanta necesidad? ¿Qué aporta y cómo reacciona el sector privado?

En esta circunstancia, cuando todo el mundo demanda, reclama y presiona por atención urgente por parte del gobierno y los municipios, viene al caso preguntarse por el tamaño y la calidad del Estado que tenemos, por la calidad de la inversión privada, por los mecanismos de articulación entre los sectores público y privado, por los sistemas y tecnologías de comunicación disponibles y por la preparación que tiene la ciudadanía para actuar ante una catástrofe como esta.

Tenemos un Estado pequeño, de calidad creciente, un sector privado que aparece dinámico y que logra grandes utilidades, y regulaciones que deberían ser suficientes para asegurar un servicio continuo y de calidad de energía eléctrica, agua potable, gas, combustibles y comunicaciones, todos controlados por empresas privadas.

¿Podía el gobierno reaccionar más rápido y satisfacer las tremendas
demandas originadas en el terremoto? ¿Respondieron oportunamente y con
calidad las empresas de servicios? ¿Es aceptable que se justifique las
deficiencias en que se trataba de un fin de semana al término de las
vacaciones de verano?

Si examinamos las falencias en las comunicaciones, nos preguntamos por la calidad y autonomía de las antenas retransmisoras para los teléfonos celulares; si lo hacemos con la energía eléctríca, la pregunta es por la calidad de las conexiones y su mantenimiento; si preguntamos por el agua, aparecen las deficiencias en la capacidad de bombear y distribuir la cantidad necesaria, teniendo reservas suficientes. Para qué hablar de aquellas edificaciones nuevas que han colapsado, que nos hacen preguntarnos, por ejemplo, por la diferencia en la calidad de las construcción entre aquellas ubicadas más arriba de la calle Los Leones y las realizadas en Maipu por una misma empresa constructora.

Lo presenciado estos días revela que el sector público no cuenta, por sí mismo, con las capacidades para responder a todas las necesidades. Hace visible también que el suministro de servicios básicos depende de la calidad de las inversiones y forma de organización de empresas que son privadas. También nos muestra que aún no hemos incorporado en nuestro ADN ciudadano la forma adecuada de reaccionar frente a un terremoto.

No cabe duda que nuestro país tiene tremendos recursos de solidaridad y colaboración. Los grupos que han saqueado comercio son muy minoritarios en un país con 17 millones de habitantes. Ha habido robos por desesperación, sin duda, pero lo que ha predominado es la voluntar de ayudar, de compartir, de aminorar el dolor de tantos.

Pero esa ciudadanía requiere, para hacer su parte, una respuesta institucional eficiente. Por ello afirmamos que Chile necesita un Estado más fuerte, que amplíe sus mecanismos de control y regulación sobre las empresas de servicios básicos que están en manos de privados, sobre las inversiones que realizan y sobre la organización de su respuesta en situaciones de emergencia y desastres. Asimismo, consideramos urgente que la ciudadanía esté preparada para enfrentar un terremoto y sus posibles consecuencias de manera autónoma, sin tener que esperar alertas que pueden retrasarse o no existir si se cortan las comunicaciones.

Esta terrible experiencia debe reponer en el debate la responsabilidad social y la solidaridad, orientar las decisiones públicas y privadas y llevarnos a mejorar la educación ciudadana sobre la condición sísmica del país.