Teresa Valdés Echenique

Observando desde una plaza pública

 

Legislación para la igualdad de género ¿es posible avanzar?

Nov. 30 , 2011

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En septiembre pasado se cumplieron 30 años desde que la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1979, entrara en vigencia. Chile la ratificó en 1989, obligándose a cumplir lo que establece su articulado y lo que periódicamente le indica el Comité de Expertas a cargo de su cumplimiento, tras evaluar los informes que debe presentar.

La eliminación de la discriminación, entendida como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,  independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, cultural y civil o en cualquiera otra esfera" (art. 1), requiere la acción mancomunada del Estado. La legislación, que consagra el orden de la sociedad considera adecuado y justo, que establece los derechos de sus integrantes y entrega herramientas para la acción del Estado destinadas a materializar ese orden es clave para cumplir con el mandato de la CEDAW.

Sin duda, y ya lo hemos examinado al cumplirse 20 años de políticas públicas para la igualdad de hombre  y mujeres, los avances en nuestro país han sido significativos. Ello no hubiera sido posible sin las propuestas del Movimiento de Mujeres, de sus organizaciones y líderes, que cristalizaron en los años 80 en una agenda para avanzar en democracia e igualdad.  "Democracia en el País y en la Casa", rezaba la consigna en sus marchas multitudinarias. La iniciativa de los Gobiernos también fue fundamental, pero también del Parlamento, donde se han consagrado los nuevos derechos y la eliminación de numerosas discriminaciones basadas en el género. Las mociones de parlamentarias y parlamentarios y su concurso a la hora de elaborar y aprobar nuevas leyes han sido clave.      

Pero bien sabemos que la democracia chilena cojea, que su capacidad de representación es limitada y que hoy día vive un visible cuestionamiento desde la ciudadanía. La subrepresentación de las mujeres en el Parlamento es evidente, la que se agrega a los déficits o ausencia de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones, con un sistema electoral que privilegia a los sectores conservadores. El presidencialismo excesivo y el centralismo que le imprimió la Constitución impuesta en 1980 han dificultado, y a veces imposibilitado, contar con derechos y leyes que la ciudadanía espera, como se manifiesta en incontables encuestas de opinión año tras año.

La distancia entre la ciudadanía y el Parlamento -y entre el Parlamento y la ciudadanía- es causa y efecto de la institucionalidad vigente, con graves consecuencias. De hecho, al tiempo que frena la agenda por la igualdad de género, ha deteriorado el respaldo de las mujeres a la política y sus instituciones, como se aprecia en la 8° Encuesta Nacional de Corporación Humanas "Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011". Cerrar esta brecha es un desafío mayor que requiere reformas institucionales de fondo, como son una nueva Constitución elaborada con el concurso de mujeres de todos los sectores políticos y sociales, la reforma al sistema electoral binominal -incluyendo la representación equilibrada de mujeres y hombres-, la reforma de los partidos políticos, etc. La aprobación de la inscripción automática en los registros electorales -y su implementación para las próximas elecciones municipales- podría ser un anuncio de la voluntad de los actores políticos de abrirse plenamente a la ciudadanía.

Paralelamente, la experiencia reciente nos muestra que es posible avanzar a partir de la voluntad compartida de los actores involucrados, en este caso, las y los parlamentarios y las organizaciones de mujeres. El reconocimiento de las organizaciones y sus líderes, la invitación a las comisiones de trabajo de ambas Cámaras legislativas, la solicitud de asesoría técnica a expertas/os, por una parte, pero también la búsqueda de interlocución desde las organizaciones y movimientos, y la fiscalización y presión desde los medios de comunicación, en las redes sociales, en las antesalas y bancas del Parlamento son los caminos que han mostrado eficacia para el logro de nuevos derechos .         

El tiempo está a favor de los pequeños

Jul. 25 , 2011

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Corren tiempos de “indignación” social y no es casualidad. Florecen en el mundo los movimientos empeñados en lograr grandes cambios, cambios necesarios por décadas, pero que no habían adquirido la prioridad y urgencia que cobran hoy.

Entre crisis y crisis, políticas, económicas o sociales, está sucediendo lo que Silvio Rodríguez tan bellamente nos cantó, que “el tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados, el tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados”.

En nuestro país se han agotado las esperas, distintos grupos y sectores van despertando, se renuevan los sueños en una mejor democracia, porque ya no basta votar cada cuatro años.


Urge poner en el centro el bien común, el bien de todos, el bien de las mayorías, que se funda en la vigencia plena de los derechos humanos, que exige participación de verdad y rendición de cuentas de quienes son elegidos.

El tiempo descorre cortinas y descubre lo que ha costado ver: por ejemplo, que por 20 años avanzamos “en la medida de lo posible” porque mantuvieron el poder real el mercado y quienes hoy día gobiernan, que los amarres de la dictadura que ellos sustentaron fueron eficaces –en la educación, en la salud, en la banca y el retail, por mencionar algunos ámbitos-, que la transición aún está pendiente porque la responsabilidad de gobernar ató de manos y voz a muchos y porque otros se acomodaron en un “maridaje” política.

Pero se acabó la fiesta, como tan bien lo dijo Patricio Bañados, y está en el aire que ha llegado el momento de desplazar el horizonte de lo posible y avanzar hacia esos sueños de igualdad, justicia y libertad.

¿Qué dicen los actores, nuevos y antiguos, movilizados en este nuevo escenario?

¿Qué los mueve por miles a salir las calles, a escribir en las redes sociales, a mandar columnas a los medios alternativos?

Rostros nuevos y también renovados –mujeres y hombres- nos dicen que esta es la hora y el tiempo, que tienen las fuerzas para avanzar, que no cejarán en exigir de la democracia lo que dice ser: el gobierno del pueblo para el pueblo.

Lo más importante ahora es debatir, escuchar y opinar, hablar fuerte para que todo el país escuche y para que tanta energía creativa no se pierda o sea “reciclada” por métodos y actores que fracasaron en los últimos años.

“El tiempo está a favor de los pequeños…”

El Sernam y las políticas de igualdad a la deriva

Jan. 06 , 2011

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Construir la igualdad y poner fin a la discriminación no es una asunto de sentido común, requiere experticia, visión estratégica y voluntad política. Todo ello falta en el gobierno de Sebastián Piñera.

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La nueva forma de... ¿torturar?

Dec. 14 , 2010

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Ya lo habíamos escuchado los últimos meses, pero ahora se hizo masivo
al cumplirse el plazo de muchos contratos de funcionarios y
funcionarias "a contrata" en la administración pública. Son cientos las
y los funcionarios públicos que, independientemente de su calidad
profesional, de la calidad de su trabajo, de su experiencia y rango del
cargo que ocupaban, han sido despedidos, sin aviso de un mes ni pago de
indemnización. Pero quienes han comunicado estos despidos han ido más
allá, además de incumplir la promesa de campaña del Presidente Piñera...

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El postnatal de seis meses: lo que está en juego

May. 19 , 2010

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Con el fin de favorecer la autonomía económica de las mujeres dichos gobiernos propusieron y promulgaron leyes antidiscriminatorias y desarrollaron diversos políticas y programas. Entre destacan la red de jardines infantiles, la ley contra la discriminación salarial, conscientes de que la maternidad es uno de los factores de mayor discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo.

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Día de la Mujer y desafíos tras el terremoto

Mar. 10 , 2010

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Este 8 de marzo se cumplieron 100 años desde que se inició la celebración del Día Internacional de la Mujer. La instauración de esta fecha se produjo antes de la Primera Gierra Mundial y la Revolución Rusa, en medio de la lucha por el sufragio femenino y la creciente sindicalización de trabajadoras en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Desde 1980, las mujeres del Partido Socialista norteamericano habían desarrollado el "Woman`s Day", unas jornadas de reflxión y acción para promover el sufragio femenino y contra la esclavitud sexual. Estas demandas, junto a la defensa de sus derechos laborales y la movilización contra la guerra estuvieron en el origen del Día Internacional de la Mujer.

En 1920 se realizó en Copenhague, Dinamarca, la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas. Allí las mujeres nortamericanas propusieron establecer el Día Internacional de la Mujer, recibiendo el apoyo de Clara Zetkin, líder alemana de la Internacional Socialista. La Conferencia acordó, "siguiendo el ejemplo de las camaradas norteamericanas", dedicar un día especial para promover el sufragio femenino entre las obreras, la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas, la prohibición del trabajo infantil, el reposo ininterrumipo de 36 horas, e igual salario por igual trabajo.

A contar de 1911 se celebra en Europa el Día Internacional de la Mujer, que poco a poco se extendió a Rusia, Estados Unidos y Latinoamérica, quedando el 8 de marzo como fecha compartida. En Chile se celebró por primera vez en 1939, a iniciativa del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCh), y en 1944 lo celebraron diversas organizaciones que acordaron convocar al congreso unitario que daría origen a la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (Fechif), liderada por Amanda Labarca, organización que condujo la etapa final de la conquista del voto por las mujeres en nuestro país.

Desde entonces se ha seguido conmemorando -con interrupciones- para simbolizar las luchas de las trabajadoras y sus mártires, particularmente las 146 trabajadoras que murieron en el incendio de la fábrica de blusas Triangle (Nueva York), que carecía de salidas de emergencia y escaleras de seguridad, situación que había dado origen a una larga huelga en 1910, junto con el rechazo de la costumbre de mantener las puertas cerradas durante la jornada laboral.

Tras el golpe militar, recién en 1978 se reunió un grupo de mujeres a celebrarlo, y entre 1980 y 1988 las organizaciones de mujeres fueron reprimidas en las calles por hacerlo. En 1990 más de 30 mil mujeres se reunieron en el estadio Santa Laura para conmemorar las luchas femeninas y dar la bienvenida a la democracia. De eso hace 20 años. 

Este año, el 8 de marzo encuentra a Chile sumido en la tarea de reconstruir el país tras el peor terremoto en 50 años. Las organizaciones y el gobierno se aprestaban a conmemorar las luchas de las mujeres, coincidiendo con el término del mandato de la primera mujer Presidenta de la República, reconocida y apoyada por 84% de chilenas y chilenos. Era el momento de evaluar los avances logrados en 20 años de democracia, de comprometer la defensa de los derechos ganados y exigir aquellos derechos aún no reconocidos institucionalmente.

Pero el terremoto no sólo ha cambiado todas las agendas, sino que ha puesto al descubierto las tremendas falencias de una sociedad civil -y de un movimiento de mujeres- que se fragmentó, perdió consistencia y liderazgo en estos años, pudiendo ejercer limitadamente su rol dinamizador de la respuesta social. Las mujeres siguen siendo motor de la solidaridad, pero sin articularse a un tejido que sustente en el tiempo la lucha por sus derechos y los de toda la ciudadanía. Desconectadas del quehacer político, cientos de organizaciones actúan sin un horizonte que permita capitalizar su energía creadora y ser sujetos plenos en la construcción de un país sin violencias hacia las mujeres, con igualdad de derechos económicos, políticos, sexuales y reproductivos.

Corresponde, entonces, junto con la respuesta solidaria frente al terremoto, recuperar las organizaciones y movimientos de mujeres, fortalecer los lazos y actuar mancomunadamente para reconstruir el país igualitario, con plena equidad y justicia social que queremos.

El tamaño del Estado, la inversión privada y el terremoto

Mar. 03 , 2010

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Mal nos ha tratado el año del Bicentenario, rompiendo las expectativas tanto del equipo de gobierno saliente como del gobierno que llega.

El cruel terremoto ha puesto a prueba nuestras capacidades -como país y como sociedad- de hacer frente a una tragedia que se distribuye de forma desigual, afectando a ciudades particulares, a localidades específicas a lo largo de casi 600 kms. y, especialmente, a sectores rurales costeros y a los más pobres de las ciudades del centro. Así, la naturaleza nos obliga a volver a lo principal: el interés público, la cultura ciudadana y la situación de los más afectados por sus embates.

Las necesidades resultan infinitas. ¿Cómo responder simultáneamente -en todas las localidades afectadas y en el más breve tiempo- considerando nuestra loca geografía? ¿Con qué recursos y resortes administrativos cuenta el Gobierno para atender tanta necesidad? ¿Qué aporta y cómo reacciona el sector privado?

En esta circunstancia, cuando todo el mundo demanda, reclama y presiona por atención urgente por parte del gobierno y los municipios, viene al caso preguntarse por el tamaño y la calidad del Estado que tenemos, por la calidad de la inversión privada, por los mecanismos de articulación entre los sectores público y privado, por los sistemas y tecnologías de comunicación disponibles y por la preparación que tiene la ciudadanía para actuar ante una catástrofe como esta.

Tenemos un Estado pequeño, de calidad creciente, un sector privado que aparece dinámico y que logra grandes utilidades, y regulaciones que deberían ser suficientes para asegurar un servicio continuo y de calidad de energía eléctrica, agua potable, gas, combustibles y comunicaciones, todos controlados por empresas privadas.

¿Podía el gobierno reaccionar más rápido y satisfacer las tremendas
demandas originadas en el terremoto? ¿Respondieron oportunamente y con
calidad las empresas de servicios? ¿Es aceptable que se justifique las
deficiencias en que se trataba de un fin de semana al término de las
vacaciones de verano?

Si examinamos las falencias en las comunicaciones, nos preguntamos por la calidad y autonomía de las antenas retransmisoras para los teléfonos celulares; si lo hacemos con la energía eléctríca, la pregunta es por la calidad de las conexiones y su mantenimiento; si preguntamos por el agua, aparecen las deficiencias en la capacidad de bombear y distribuir la cantidad necesaria, teniendo reservas suficientes. Para qué hablar de aquellas edificaciones nuevas que han colapsado, que nos hacen preguntarnos, por ejemplo, por la diferencia en la calidad de las construcción entre aquellas ubicadas más arriba de la calle Los Leones y las realizadas en Maipu por una misma empresa constructora.

Lo presenciado estos días revela que el sector público no cuenta, por sí mismo, con las capacidades para responder a todas las necesidades. Hace visible también que el suministro de servicios básicos depende de la calidad de las inversiones y forma de organización de empresas que son privadas. También nos muestra que aún no hemos incorporado en nuestro ADN ciudadano la forma adecuada de reaccionar frente a un terremoto.

No cabe duda que nuestro país tiene tremendos recursos de solidaridad y colaboración. Los grupos que han saqueado comercio son muy minoritarios en un país con 17 millones de habitantes. Ha habido robos por desesperación, sin duda, pero lo que ha predominado es la voluntar de ayudar, de compartir, de aminorar el dolor de tantos.

Pero esa ciudadanía requiere, para hacer su parte, una respuesta institucional eficiente. Por ello afirmamos que Chile necesita un Estado más fuerte, que amplíe sus mecanismos de control y regulación sobre las empresas de servicios básicos que están en manos de privados, sobre las inversiones que realizan y sobre la organización de su respuesta en situaciones de emergencia y desastres. Asimismo, consideramos urgente que la ciudadanía esté preparada para enfrentar un terremoto y sus posibles consecuencias de manera autónoma, sin tener que esperar alertas que pueden retrasarse o no existir si se cortan las comunicaciones.

Esta terrible experiencia debe reponer en el debate la responsabilidad social y la solidaridad, orientar las decisiones públicas y privadas y llevarnos a mejorar la educación ciudadana sobre la condición sísmica del país.


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