Lecciones aún pendientes del 27F

Feb. 23 , 2012

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En el debate generado tras la formalización de ocho funcionarios públicos por no haber decretado alerta de tsunami el 27 de febrero de 2010, se ha echado de menos un enfoque de nuestros líderes y autoridades sobre lo realmente importante. Las acusaciones políticas no logran responder preguntas más básicas que podrían servirnos, como país, para ir superando las fallas que dejó en evidencia el terremoto y maremoto que cobró cientos de vidas en gran parte del centro sur de Chile.

En efecto, es clave que los chilenos podamos tener claridad sobre los responsables de no haber adoptado a tiempo las medidas necesarias para evacuar las localidades más afectadas por el tsunami. Pero enjuiciar a funcionarios públicos de rango medio que posiblemente ni siquiera hablaban inglés y, por tanto, probablemente no lograron comprender la información que recibían desde Hawaii esa madrugada fatal, no nos llevará a las respuestas que buscamos. ¿Qué habría ocurrido si el funcionario a cargo de recibir esos reportes hubiera entendido que efectivamente estábamos ante un inminente maremoto? ¿Y si las autoridades reunidas esa madrugada en las oficinas de la ONEMI hubieran preferido excederse en las precauciones, decretando la urgente salida de la población desde los bordes costeros? Los instantes posteriores al terremoto dejaron a gran parte de Chile, literalmente, incomunicado. No teníamos, y seguimos sin tener, la suficiente infraestructura para comunicar un alerta de cualquier naturaleza y actuar con rapidez y hoy nos desvivimos buscando al culpable de no tomar medidas que difícilmente pudieron aplicarse. Es más, seguimos cometiendo el mismo error, inauguramos señaléticas de evacuación, pero ¿cómo comunicamos una emergencia?

Medidas tan básicas como reservar parte de las bandas de transmisión radial tanto en AM como FM para uso exclusivo de los organismos del Estado. En Estados Unidos, ante emergencias locales, las emisoras ponen a disposición de las autoridades su ancho de banda para mantener informada a la población. Esto no existe en Chile salvo para cadenas que no tienen relación alguna con una emergencia. Tampoco contamos con infraestructura de telefonía celular para enviar un mensaje masivo.

Sin sistemas de comunicación sostenidos y seguros, con gran parte de la población sumida en el pánico y sin información clara ni siquiera para las autoridades, ¿de qué manera podíamos reaccionar como país? ¿Cómo esperamos evacuar zonas si no podemos comunicarnos con sus habitantes? ¿Quién es el encargado de dar la alerta? Conocida nuestra historia de desastres naturales de gran envergadura, aún dependemos de las alertas que nos envían desde Estados Unidos para saber qué podría pasar frente a nuestras costas. Contamos con escasos equipos que permitan tener una visión propia de lo que está sucediendo en el país. De haber tenido información a tiempo sobre el inminente tsunami, ¿hubiésemos podido evacuar las zonas afectadas en forma ordenada y sin generar más muertes aún a consecuencia del pánico masivo?

Son muchas las lecciones que tenemos aún por aprender tras el llamado 27F, pero quizás la deuda pendiente más importante es la que mantiene el Estado chileno con todos nosotros. No tenemos que hacer grandes inversiones para poder dar una alerta masiva ante un terremoto, alud, inundación, salida de cauce, neblina extrema, erupción volcánica, tsunami, marejadas, etc. Solo tenemos que usar la vieja y confiable radio, con la que cuenten casi todos los teléfonos móviles. Basta aplicar un poco de inteligencia y coordinación y posiblemente la próxima vez salvemos algunas vidas y no estemos preocupados de por qué no se dio una alerta que no hubiese llegado jamás a la población.