Cuando las utopías tienen fundamento: El debate educacional

Aug. 11 , 2011

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No puedo dejar de retomar las afirmaciones hechas por el arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati,  quien al reiterar su llamado a la unidad  en torno al tema de educación asume que hay soluciones “razonables y viables” en el actual estado de las cosas y que cualquier  “cosa” que pretenda marcar otro camino sería una “utopía”, entendiéndose de dicha afirmación que una utopía no tiene base racional. Pero  podemos cuestionar los que es el orden de las cosas, la realidad impuesta como única, de la verdad como irrefutable, etc., etc. Además incluso podemos acuñar la idea que las utopías, como dice Galeano, son un motor que nos invita a movilizarnos, y qué más racional que movernos para dejar el estatus quo  y transformar las cosas, que parecen verdades, pero al final de cuenta son solo son concesos entre algunos.

En este sentido, la invitación es no perder de vistas nuestras utopías las cuales no están ancladas en afiebradas noches de ensueños, todo lo contrario, están basadas en nuestros conocimientos, en nuestras experiencias, en nuestra historia y las historias de otros. No es casual que se exija una vez más una educación pública gratuita de calidad. ¿Por qué no? si ya la tuvimos hace algunas décadas atrás, si los países en Latinoamérica la tienen hoy. ¿Por qué no cuestionarse que somos unas de las economías que tienen uno de los mayores aranceles en la educación universitaria en el mundo?, y no necesariamente una de las  mejores educaciones universitarias del mundo.

¿Por qué se empeñan en decirnos que estas son “niñerías” basadas en el desenfado inconsciente?, ¿será porque son niños y jóvenes quienes se arriesgan a cuestionar la “naturaleza” de las cosas y  que desde el sillón adultocentrico de ciertos tecnócratas que están en el poder se arroja la clarividencia de lo que es posible e imposible en una economía tan liberalizada como la nuestra?

Son tantos los años que hemos pensado que si no tenemos dinero debemos conformarnos con lo que nos dan (“a caballo regalado no se les mira los dientes”), con versiones escuálidas de un Estado de bienestar, amenazados por el discurso de aquellos que creen que cualquier protección que se le den a los sectores más desfavorecidos es populismo y no es un derecho. Cuántos miles de ciudadanos crecimos creyendo que la educación de calidad era un privilegio y, más aun, que la educación superior solo era factible si te endeudabas para toda la vida, al mismo tiempo que con la casa propia, los imprevistos de la salud, etc., etc. Por cuánto tiempo nos han venido diciendo que la única forma de vivir en Chile es gastando, comprando y endeudándote.

La educación en Chile está fuertemente marcada por políticas fraguadas en la dictadura militar, y entre sus principales escollos están su política administrativa y la promoción de la libertad de enseñanza como valor prioritario. Recordemos, en este sentido, que se favoreció la disminución de los recursos estatales, se impulsó la municipalización, la privatización educacional y el deterioro de la función docente, generando un importante impacto en la calidad de la enseñanza, una profunda desigualdad y fragmentación entre los distintos establecimientos y modalidades educativas que, año a año, los resultados del SIMCE nos vuelven a recordar, y que nos hacen preguntarnos una vez más, ¿por qué?, ¿por qué  a los más pobres las va tan mal con algunas excepciones?, ¿por qué los jóvenes no entienden lo que leen?, ¿por qué somos “malos” para el inglés y las matemáticas? Etc., etc. y etc.

Han existido cambios, como los acaecidos el 2003 cuando se promulgó la reforma constitucional que determina un mínimo de 12 años de escolarización obligatoria. Mientras que a fines del 2009 se promulga la Ley General de Educación (LGE) que pretendía revertir todas aquellas falencias arrastradas desde la dictadura, aspecto exigido por la sociedad civil en su conjunto en dicha oportunidad, pero con gusto a poco. En dicha ocasión se incorporó al principio de libertad de enseñanza vigente un enfoque de derecho, según lo destacó la UNESCO en 2010: “La Ley de 2009 estipula que la educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.

Pero  las tareas en torno a la educación siguen pendientes. En la actualidad el papel del Estado es el mismo de hace décadas atrás: un rol conductor y subsidiario de la educación chilena. Por un lado, determina los contenidos a desarrollar, supervisa resultados con ciertas pruebas  y por otro, subsidia tanto la educación pública como a la  educación privada (cosa bastante cuestionable a la hora de decir que no hay recursos para una educación pública de calidad). Sin embargo,  no es responsable de la gestión de la educación en el país, por lo tanto prima la lógica liberal del “sobreviven los más poderosos”, aspecto que pretende revertir estas movilizaciones sociales que desde el descontento procuran recuperar esa  educación pública estatal de calidad.

El “conocimiento común” que explica la baja calidad de la educación en Chile por décadas han estado marcado por una concepción individualista de la educación y sus educandos, sin cuestionar un problema de fondo, como es el modelo macro estructural educativo. Así, por ejemplo, aun se sigue culpando del fracaso escolar a los propios alumnos, a las familias, a los profesores o al tipo de escuela, sin ver más allá.

Pero lo que hoy se pretende poner en diálogo, en el contexto de las presentes movilizaciones estudiantiles, son precisamente esos macro factores: “las variables de una realidad naturalizada”, como el modelo económico que tenemos, el tipo de política pública educacional, las segmentación educativa que se da en torno a las condiciones económicas, entre otros temas que cobran relevancia. A fin de cuentas, un fortalecimiento de las responsabilidades que competen al Estado y al mercado en la producción y reproducción de estos factores negativos.

Sería necesario asumir que la educación es un derecho, no es solo una utopía, y como derecho debe tener garantizado ciertos mínimos, entre ellos la calidad y la gratuidad por parte de la educación pública. ¿Por qué no? ¿Qué lo impide? ¿Se desmoronaría el modelo económico o  solo el negocio para ciertos grupos? Se llama a la prudencia, a la unidad nacional y la verdad es que son años de prudencia y claro que hay unidad nacional, es la que ve y se escucha en las calles.