Rolando Jimenez

La ciudadanía es más que la participación en período electoral. Es un proceso que llama a las personas a ejercer un mayor control y poder sobre el tipo de sociedades que van construyéndose.

Desde el mundo de la sociedad civil, existen diversas organizaciones que desde sus experticias y particularidades desarrollan acciones para ser efectivamente ciudadanas, aún cuando este tipo de poder, como bien lo ha indicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es débil en Chile.

Ello puede tener múltiples explicaciones, donde por cierto la capacidad de propuestas, de estrategias y de “profesionalismo ciudadano” de las propias organizaciones sociales juega un rol fundamental. Si este no es efectivo y sistemático, como ocurre en algunos espacios, claramente no derivaremos en más ciudadanía.

Junto a ello existen limitantes estructurales de nuestras propias instituciones que inhabilitan legitimar a la ciudadanía como dispositivo de poder, fenómeno negativo y con expresión en todos los poderes del Estado y en la sociedad como conjunto.

En el transcurso del presente año, hemos vivido una paradoja ciudadana, pues ha sido precisamente desde el Congreso Nacional, integrado por quienes las personas eligen como sus representantes, donde se han boicoteado propuestas que apuntan precisamente a democratizar el poder y el control social.

Así, se está en presencia de sectores parlamentarios que gozan de un poder concedido por todos los chilenos y chilenas, pero que lo usan para impedir que otros y otras tengan la posibilidad de incidir en la construcción de modelos sociales destinados a  potenciar y fomentar una mayor participación, donde las personas sean protagonistas de sus propias realidades, sin temor a ser víctimas de vetos o abusos.

Proyectos de ley emblemáticos para subsanar estos problemas han sido resistidos en el Congreso, siendo ejemplos el de Defensoría de las Personas, rechazado el pasado 12 de noviembre en la Cámara de Diputados,  y el de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, negado en el Senado el anterior 28 de octubre.

Es cierto que el Congreso Nacional existen voces favorables y contrarias a ambas propuestas, pero no es menos verdad que con estos rechazos es el Poder Legislativo como institución el que sale muy mal parado, pues siendo el resultado de un régimen democrático, desde ahí mismo las señales son reacias y opositoras a un poder social plural. Un poder social que lejos de pretender reemplazar al Legislativo, quiere ser efectivamente ciudadano para contribuir democráticamente; se insiste, democráticamente, a construcciones más participativas.

¿Es que acaso la toma de un poder concedido democráticamente, como el  Legislativo, deriva una vez estando en el Senado o en la Cámara en el desprendimiento de principios fundamentales de nuestra Constitución? ¿Es que acaso el Poder Legislativo lleva a ciertos sectores a tener como principal norte la obstrucción de leyes, donde predomina el cálculo electoral sobre los derechos ciudadanos, dejándose de paso a la (auto)representación en la verborrea electoral o mediática?

Y es que aquí no estamos hablando del boicoteo a demandas maximalistas o trasnochadas, sino que de resguardos elementales básicos que ya son parte de nuestros principios como sociedad, pero que aún carecen de una traducción práctica en el día a día.

Se trata también de humanizar el ejercicio político, de hacer honor al servicio público y de igualar el poder ciudadano, sin brechas alarmantes que sólo provocan impotencia e injusticia. Se trata, en síntesis, de que el Congreso Nacional sea lo que dice ser y de que sus integrantes respeten los compromisos adquiridos en períodos electorales.

Por ahora, lo claro es que la ciudadanía no tiene el poder necesario para que el ideal de un Poder Legislativo representativo se haga realidad. Por el contrario, toda propuesta que apunte a ello, incluidas las más emblemáticas y relevantes para tal fin, están siendo boicoteadas de manera inmoral, pues tras ello se esconde el temor infundado y el rechazo a avanzar hacia un verdadero ejercicio ciudadano.