Rolando Jimenez

Existen diversos mecanismos y estrategias para desperfilar o desacreditar la lucha por la igualdad de derechos liderada por sectores sociales vulnerables o discriminados, como son las minorías sexuales.

Uno de los más burdos es la argumentación sustentada sobre hechos descontextualizados o derechamente falsos.

Doblemente dramáticos por sus efectos nocivos son aquellos “argumentos” provenientes justamente de personas que apelan a la rigurosidad y pertenecen al mundo académico, toda vez que al mismo tiempo que se está ejerciendo una labor de alta responsabilidad social, como es la docencia, se promueve el prejuicio.

El abogado y profesor Marcelo Brunet se convirtió en un fiel representante de estas malas prácticas al escribir en este blog una columna donde desacredita el “Ranking de la Homofobia y Transfobia”, uno de las secciones del VII Informe Anual de los Derechos Humanos de las Minorías Sexuales lanzado este mes por el Movilh.

Y que en su artículo Brunet recurre a engaños para desperfilar las razones por las cuales algunas personas integran el mencionado ranking.

En primer lugar, le parece inadecuado que la Corte Suprema sea parte del ranking porque negó el derecho a la docencia a “una profesora de religión de un colegio católico”. Pues bien, la maestra a la cual hace referencia Brunet jamás ha hecho clases en un establecimiento católico, sino que en uno laico, siendo justamente ese elemento la columna vertebral de la discriminación. Así, o estamos en presencia de una mala comprensión de lectura o de un prejuicio que busca legitimar sin medios honestos un claro acto de de discriminación.

En segundo lugar, Brunet tampoco está de acuerdo con que figure en el ranking el Servicio Nacional de Menores (Sename) por haberse opuesto públicamente, según èl, a “que un menor de 14 años mantuviera una caber-relación con un actor de teleseries mayor de edad, quien viajó a nuestro país sólo para consumarla”.

En este caso Brunet no sólo miente, sino que además descontextualiza los hechos. Ello por cuanto el joven no tenía 14 años, sino que 17, faltándole semanas para cumplir los 18. Diferencia de edad más que importante para el tipo de argumentación de este columnista, quien además omite la relación de pareja entre ambas personas.

Además, el Sename no figura en el ranking por este hecho puntual, sino que por haber validado públicamente, en función de este caso, la desigualdad legal que rige para homosexuales y heterosexuales, pues mientras los primeros tienen autonomía a los 18, los segundos gozan de ella a los 14. Una injusticia brutal que llevó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU a demandar al Estado de Chile la corrección de esta discriminación antes del 2012.

¿Cuál será la razón de estos graves errores, imprecisiones y falsedades en los hechos planteados por Brunet?

¿Será que este licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor del Departamento de Derecho Público de esa casa estudios y titular de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Andrés Bello carece de todo rigor académico en sus columnas? ¿O será que existe una clara intencionalidad discriminatoria en sus escritos?

Sí la respuesta es afirmativa en el primer caso me imagino como deben estar revolcándose los académicos que tienen al rigor como uno de sus principales principios de intervención. Sí es afirmativa en el segundo caso, resultaría más que lamentable que los estudiantes y futuros profesionales de Derecho recibieran este tipo de orientación.

Generalmente cuando una organización de minorías sexuales acusa discriminación en las acciones u opiniones de terceros, quienes defienden las injusticias apelan a la libertad de expresión y critican una supuesta falta de tolerancia en quienes se enfrentan a los atropellos.

El punto es que nadie se opone a la libertad de expresión. Lo que se cuestiona, es que a través de ella se pretenda o se busque negar derechos a un grupo humano sólo por ser distinto.

Nadie dudaría en criticar un discurso que negara derechos a minorías étnicas, religiosas, mujeres, personas de raza negra o inmigrantes.

Nadie dudaría en afirmar que es racista sostener que hay terapias para convertir a negros en blancos, que el matrimonio sólo el legal entre blancos o que las personas negras van contra la moral y las buenas costumbres y que, por tanto, no están habilitadas para ejercer la docencia.

De la misma manera, y con misma fuerza, quienes creemos en sociedades más justas, no tenemos dudas en calificar de homofóbicos a discursos o acciones que pretendan convertir a la heterosexualidad una orientación sexual que no es una enfermedad (menos con el efectos de suicidios que terapias de este tipo desencadenan) o que impidan la igualdad legal de todas las parejas.

Igual de homofóbicos son quienes califican al hecho de amar a alguien del mismo sexo como un atentado contra la moral o la familia o que impiden a lesbianas, gays, bisexuales o transexuales ejercer determinadas profesiones sólo en razón de la orientación sexual o la identidad de género.

Sostener lo contrario es, a todas luces, una violación a los derechos humanos más básicos, o al menos una contradicción vital con el respeto a todas las diversidades. Y la razones de ello son muy simples: todas las personas, independiente de sus particularidades, somos seres humanos y la discriminación arbitraria que niegue cualquier derecho es un atropello.

Sí algunos piensan que “a veces sí” o “a veces no” o “depende de”, en la práctica se está diciendo que algunos atropellos son válidos y/o se está considerando que hay personas de primera y segunda categoría. Y frente a eso, por suerte en este país muchos y muchas no somos tolerantes. Ojalá nunca lleguemos a serlo, pues la pasividad frente a las injusticias sólo potencia su permanencia en el tiempo.