
A una parte del movimiento social siempre le ha llamado la atención
las conexiones que las autoridades, de cualquier poder del Estado o
tendencia ideológica, hacen entre principios, política y medios.
Con profundo malestar se aprecia que muchas intervenciones políticas
se definen en función de lo mediático, obviando a los principios que
ellas mismas dicen defender en varios de sus discursos y promesas, las
que abundan en períodos electorales.
En más de una ocasión, al solicitar el apoyo de una autoridad
frente a un caso de vulneración de derechos, la respuesta es tibia si
está no es antecedida o acompañada por algún impacto mediático.
La fuerza y la convicción por un mundo mejor aflora, empero, si el
tema es de interés de la prensa, aún cuando el impacto en todo ser
humano por la vulneración de cualquiera de sus derechos no es ni más,
ni menos grave porque estén involucrados los medios. Todo lo contrario,
a mayor invisibilidad de un determinado hecho o tema en el debate
público, la vulnerabilidad de los afectados aumenta, pues lo que no se
comenta, no existe en los planes de corrección de las políticas
públicas.
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