¿Qué echo de menos de esta presidencial III? El rol del Ministerio Público

Dec. 07 , 2009

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Me ha llamado la atención el poco interés demostrado por los presidenciables y sus equipos en el funcionamiento del Ministerio Público. Parto por expresar mi opinión en el sentido que indudablemente el nuevo sistema es  mejor que el anterior, pero dada la magnitud y preocupación por el tema del delito, sería de sentido común esperar que los presidenciables se preocuparan por el órgano al cual la ley le reserva la persecución.

Lo que ocurre en la práctica es que todo el interés se concentra en tribunales y policías. Sin embargo, los tribunales hoy no investigan y las policías deben seguir las instrucciones de los fiscales.

El tema del delito es de alta importancia,   a lo cual se agrega una sensación de impunidad. No solo el vandalismo prácticamente no es perseguido, sino también el 92% de quienes son  imputados por un delito en Chile no reciben privación de libertad. Aún en los casos que son condenados por el delito, un 45% solo es sancionado con multa y  un 29% recibe un beneficio alternativo a la prisión, según datos del Centro de Estudios de Derecho Penal de Santiago.

Más aún, estoy firmemente convencido que la solución no es enviar a más gente a la cárcel, ya que estas están llenas (Chile tiene un alto promedio), y el problema no se soluciona así, ya que el país carece de políticas de prevención y de rehabilitación, con lo que el ciclo de quienes salen y entran solo se reproduce una y otra vez.

En la práctica, la remisión condicional de la pena o una medida alternativa de libertad vigilada (incluso con leyes que vienen del régimen militar) tampoco producen una solución, ya que nadie sabe realmente si se cumplen estas medidas alternativas y Gendarmería no tiene los recursos para vigilar que ello ocurra. Más aún, condenados reincidentes por delitos de baja penalidad, tienen la posibilidad de sustituir la condena si es menor a tres años, por la reclusión nocturna.

Hasta aquí no digo nada nuevo. Lo que realmente me llama la atención que se mencionen a todos quienes tienen algún grado de responsabilidad como el gobierno, congreso, tribunales o policías, pero no al ministerio público.

Ello no debiera ser así, ya que ha transcurrido el tiempo suficiente como para discutir su rol y como para saber si es necesaria una reforma de la reforma, toda vez que en demasiadas ocasiones, los jueces cuelgan con responsabilidades propias, pero también ajenas, muchas veces, de los fiscales.

¿Porqué debiera ser el Ministerio Público parte del debate?
En primer lugar, porque tienen el monopolio de la persecución penal.

En segundo lugar, porque las policías dependen de ellos.

En tercer lugar, porque están demostrando deficiencias en casos de cierta complejidad, como atentados  en la Araucanía,  y aunque sea muy diferente, el de las decenas de bombazos que han tenido lugar en los últimos años en el país.

En cuarto lugar, porqué al presentar un imputado ante un juez de garantías, este no tiene otra información que la que se le entrega en esos instantes, por lo que muchos que salen no son de responsabilidad de ese magistrado por dos razones: como su nombre lo indica es un juez “de garantía” al que la ley lo obliga a velar por los derechos de los acusados , y segundo, resuelve sobre la base de la evidencia que se le proporciona, y no puede ser duro cuando ésta es débil. Incluso, enfrenta el problema que la libertad es una garantía constitucional, y mientras los parlamentarios no modifiquen la ley, seguirá siendo una excepción  y no la regla el encarcelamiento preventivo, que es la demanda popular, pero no la responsabilidad del juez, que mas allá de los conocidos casos de descriterio, depende en definitiva del legislador. Aún más, en la mayoría de los casos que son llevados  ante las Cortes de Apelaciones, éstas revocan y envían a los imputados a la cárcel.

En quinto lugar, se ha desarrollado un espíritu corporativo de defensa al interior del Ministerio Público, que lleva a que no se sancione siempre en forma ejemplar a su interior.

En sexto lugar, su autoridad máxima no ha desarrollado un sentido de que la institución al igual que cualquiera otra debe estar abierta a la crítica y responder e informar a la opinión pública.

En séptimo lugar, el Ministerio Público todavía carece de una academia o centro de estudios de gran nivel, porque la verdad es que ninguna otra institución debiera saber tanto del fenómeno del delito.

En resumen, el problema del delito es serio y su impunidad es un problema para la democracia y uno grave.

Por ello, la institución encargada por ley de su persecución debiera ser objeto del debate y del escrutinio público, al menos para separar aquello en que puede contribuir a la solución, pero también para conocer aquello en que hoy es parte  del problema.