Baltasar Garzón

Apr. 26 , 2010

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El hecho que Baltasar Garzón pueda ser sentado en el banquillo de los acusados ha causado impacto, y en España hace tiempo que ha dejado de ser un tema jurídico para ingresar al terreno estrictamente político, con manifestaciones públicas  y debates parlamentarios.

Garzón se hizo conocido para nosotros por el caso Pinochet, pero en España tenía una trayectoria muy pública. Alguna vez abandonó temporalmente la judicatura para ingresar nada menos que a las listas parlamentarias del Partido Socialista (PS), para después renunciar a su escaño y regresar a la judicatura en protesta por la corrupción que observó cuando Felipe González estaba en sus últimos años de gobierno. Ello no impidió que juzgara a parte de la cúpula del PS en el caso GAL, incluyendo a un conocido ministro por su responsabilidad en secuestros que tuvieron lugar al fragor de la lucha antiterrorista. Por su parte, las relaciones con el grupo ETA han estado caracterizadas por una exitosa estrategia de quitarle todo apoyo civil, procesando a quienes le dan respaldo económico e ilegalizando a los grupos que se transforman en fachada electoral para ese sector. Por último, sus relaciones con el Partido Popular (PP) han estado caracterizadas desde siempre por el conflicto, y Garzón ha estado a cargo de procesos que apuntan a dirigentes importantes en casos de corrupción, lo que ha llevado a ese partido a acusarlo frecuentemente de ser parcial.

Tampoco las relaciones con muchos de sus colegas han sido fáciles,  empezando por el Tribunal Supremo (y también la Fiscalía Nacional), quienes le critican por un protagonismo mediático que califican de excesivo, y lo acusan de pasar a llevar a otros jueces al tomar casos que no corresponden a su jurisdicción.

Este es el contexto donde hay que situar su actual y muy difícil situación, ya que eran muchos los que esperaban su caída, incluyendo a magistrados que provienen desde la época de Franco, lo que se contrapone con el argumento de sus detractores que Garzón se  habría olvidado que le ley obliga a todos, incluyendo a los jueces, y que su figuración internacional no le permite saltarse normas obligatorias.

En el día de hoy son tres los procesos que afectarían a Garzón, uno de ellos muy avanzado.

El primero es precisamente éste que está en una etapa que de seguir adelante, podría conducir a su inhabilidad como juez por veinte años, es decir, su salida en la práctica del poder judicial. Es el que más impacto público ha tenido. Parte con la decisión de Garzón de acoger a tramitación el pedido de investigación de personas desaparecidas durante el franquismo. El tema es de la mayor importancia en España, ya que por primera vez se cuestionaba en  estrados, el acuerdo político de no mirar a su  terrible pasado, y que posibilitó su transición. Garzón incluso ordenó abrir tumbas en las que podrían ubicarse fusilados sin juicio. De hecho, el año pasado Garzón decidió no continuar argumentando que todos los posibles responsables estaban fallecidos.

La querella se inició por parte de organizaciones franquistas, y se basaba en la acusación de “prevaricación”, es decir, torcida administración de justicia, y tenía una parte técnica y una de fondo. Lo primero tenía relación con el argumento que no era él, sino otros jueces, los competentes para investigar, y lo realmente divisorio era la argumentación que había violado la ley, ya que en España regía desde 1977 una Ley de Amnistía.

Este es el tema de fondo. Más allá  de cualquier argumento jurídico, el problema es que Garzón por primera vez decidió enfrentar a nivel judicial el tema de la Guerra Civil, aquella del millón de víctimas y exiliados, que los españoles han hecho el mayor esfuerzo por olvidar y ocultar. Es indudable que es poco presentable que el país que acepta  la jurisdicción universal para el resto del mundo no la acepte para su propio pasado, como también era innegable que iba a ser difícil cerrar la compuerta que se abrió con el caso Pinochet. Es tan difícil, que en estos días se presentó en Argentina por parte del abogado Carlos Slepoy  una querella en apoyo a Garzón contra el franquismo al que acusan de genocida, y por lo tanto, de imprescriptibles crímenes contra la humanidad.

Para hacer las cosas aún más complejas, el instructor del proceso contra Garzón es el conocido magistrado de izquierda Luciano Varela, cuya recusación acaba de ser solicitada por la defensa de Garzón.

Este es el proceso avanzado y si en algunos días o semanas el Tribunal Supremo decide seguir adelante, tan pronto como julio se podría iniciar un juicio oral a Garzón al estar caratulado como procedimiento abreviado, y ello podría conducir en la mismo decisión a la suspensión momentánea de sus funciones de Garzón.

Los que todavía están menos avanzados son dos investigaciones. La primera es una acusación que se inició  el año 2009 cuando dos abogados acusaron a Garzón de cohecho por haber recibido dineros del Banco Santander, mientras dictó cursos universitarios en Nueva York en los años 2005-2006. Según Garzón no habría nada irregular en lo anterior, ya que se limitó a solicitar recursos para invitar y remunerar a importantes conferencistas a esos cursos. Lo que complica el tema es que la totalidad de los ingresos no fue declarada a las autoridades tributarias, y que poco  después habría desestimado una querella en contra del Presidente del Banco, sin inhabilitarse por la relación que se había establecido con la institución, por lo que seguramente el conocido Emilio Botín va a ser citado a declarar.

La última situación está aún menos avanzada y es conocida como el llamado “Caso Gürtel “.Está relacionada con un proceso que involucra al Partido Popular en situaciones de corrupción. La querella contra Garzón se basa en que habría ordenado escuchas e intervenciones telefónicas que se califican de “indiscriminadas”, no solo a los imputados, sino también a sus abogados, lo que ha hecho en el pasado con defensores de etarras vascos.

Este es el resumen de las situaciones que podrían llevar a Baltasar Garzón al banquillo de los acusados, y que de ganar, podrían fortalecer su estatus como juez y que de perder podrían llevarlo a abandonar el poder judicial.

Sin embargo, no hay duda que el tema de fondo es uno que va mucho más de un debate jurídico, y que tiene que ver con lo que los españoles quieren hacer con su terrible y violento pasado, y si predomina su ley interna, es decir, la amnistía, o si se abren a la justicia internacional que se le han aplicado a muchos otros países.

Sea lo que sea, es uno de los primeros debates públicos desde la muerte de Franco, y de allí saldrá una definición muy importante: si se mantiene lo que acordaron en los inicios de la transición o si el país está preparado para ir más allá de lo que era posible en la década del setenta, lo que se vincula a una decisión pendiente del Tribunal Constitucional, en torno a un estatuto para Cataluña, la que quiere sobrepasar la autonomía que actualmente se permite en la península ibérica.

Sin embargo, como se le mire es una consecuencia de un país que ha pretendido darle lecciones al resto del mundo sin mirar todavía los esqueletos que tienen guardados en el closet.