Auditoría Externa al Ministerio Público

Apr. 20 , 2010

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Es cierto que auditorías de este tipo no están contempladas ni en la Constitución ni en las leyes, pero aceptando que estas se pueden modificar, el tema es uno solo: si las auditorías externas contribuyen a la calidad de nuestra democracia.

Para mí la respuesta es afirmativa y las razones son varias:

En primer lugar, en una democracia de mejor calidad todo órgano del Estado, autónomo o no, debiera estar sujeto a mecanismos de transparencia, por el simple hecho que son financiados por fondos públicos.

En segundo lugar, el argumento del Sr. Fiscal Nacional que las cifras son conocidas y están en la web es totalmente insuficiente, como también la visión de una especie de autonomía tal que nadie debiera meterse a su interior.

En tercer lugar, una auditoría sería totalmente congruente con los principios que motivaron la reforma procesal penal. De hecho, fortalecería no solo la rendición de cuentas, sino también su independencia, ya que le daría un apoyo público incuestionable frente a cualquier grupo de poder.

En cuarto lugar, la auditoría es necesaria ya que hasta el momento la información que se entrega es limitada y no existe un verdadero debate, desde el momento  que no se han hecho el tipo de  evaluaciones  que estaban contempladas con la participación de la comisión que coordinaba la reforma.

En quinto lugar, una auditoría es útil  no solo para revisar el funcionamiento del Ministerio Público, sino también desde el punto de vista de algo tan relevante como es el total respeto a las garantías fundamentales.

En sexto lugar, si periódicamente se escuchan opiniones tanto académicas como políticas acerca de la necesidad de una reforma de la reforma para mejorarla, lo lógico es tener antes información acerca del funcionamiento de la institución. Por cierto, que no es fácil abordar una auditoría que entra en conflicto con la autonomía constitucional del Ministerio Público, pero el principio general es que todo órgano del Estado debiera estar sujeto a indicadores de eficiencia y de transparencia, los que solo se aseguran a través de auditorías externas. Si existen excepciones razonables tales como defensa o seguridad nacional, éstas deben ser lo que su nombre indica, excepciones.

Hay un punto donde si tiene razón el Fiscal Nacional cuando dice que una auditoría a su institución sería tan impropia como si se le impusiera esa medida “a la Contraloría y al Banco Central”. La respuesta es a través de una pregunta simple: ¿por qué no? La verdad es que si se hicieran las reformas legales correspondientes, en la perspectiva de mejorar nuestra democracia, no se ve razón alguna para omitir a estas instituciones.

En efecto, en varios países (EE.UU. es el más conocido), desde el momento que los fiscales son electos, existe incluso un control ciudadano ya que a ellos es en definitiva a quienes se les rinde cuenta; y en el caso del Banco Central, existen naciones (Nueva Zelanda es un ejemplo), donde el Presidente de la institución firma un contrato donde se compromete a metas objetivas en inflación y otros indicadores objetivos, sin que nadie piense que ello perjudica su actividad.

Por el contrario, muy útil sería en Chile donde existe evidencia que errores en la fijación de la tasa de interés para enfrentar la crisis asiática le dieron al país un desempleo más alto del necesario, y donde se han equivocado varias veces en sus pronósticos de crecimiento.

Si se hicieran las reformas que posibilitaran una auditoría externa, en la búsqueda de una mejor forma de gobernar  también los ministerios debieran estar obligados a fijarse plazos e indicadores para que efectivamente pueda haber una evaluación pública del desempeño de lo(a)s ministro(a)s. Esto le concedería una transparencia que nunca ha tenido el aparato público chileno  y permitiría el logro de bienes  tales como una mejor gestión y un control técnico en torno a los objetivos y promesas que públicamente se han adquirido.

Regresando al tema del Ministerio Público, existiendo una sensación de impunidad que le hace daño a la democracia, el tema no es menor cuando el interés se concentra fundamentalmente  en tribunales y policías. Sin embargo, hoy  efectivamente los jueces no persiguen, más allá de su responsabilidad en conocidos casos de falta de criterio. Por su parte, las policías deben seguir las instrucciones de los fiscales.

Una auditoría es necesaria, ya que no solo tienen el monopolio de la persecución penal estatal, sino que también han demostrado deficiencias en casos de cierta complejidad como atentados y bombazos, además de la falta de condenas de autoridades en publicitados casos de corrupción.

En resumen, el Ministerio Público es indudablemente una institución autónoma, pero debieran hacerse las modificaciones necesarias para permitir una auditoría externa, que también debiera existir para otras instituciones tales como el Banco Central. La reforma también debiera considerar lo señalado para ministros y ministerios para mejorar la gestión pública y nuestra democracia.

En caso de ser satisfactoria, una auditoría debiera poder fundamentar la demanda varias veces expresada de una mayor cantidad de fiscales. Por ahora, se trasluce  la imagen que no se ha desarrollado la comprensión que la autonomía es para permitir un trabajo libre de presiones, y no para evitar la crítica fundada o la obligación de responder e informar a la opinión pública. Además,  se debiera evitar el fenómeno incipiente de un espíritu corporativo de autodefensa a su interior, que conduce a que no siempre se sancionen en la forma debida las ineficiencias.

Como conclusión, la institución encargada por ley de perseguir el delito debiera ser objeto del debate y del escrutinio público, con el objeto que se  conozcan tanto lo mucho que hace bien como también  aquello donde es parte más del problema que de la solución. Y si ello pasa, porque estas auditorías externas se hagan a otros órganos e incluso se obligue a los ministros a transformar sus promesas en compromisos a través de plazos e indicadores, en buena hora para mejorar la calidad de nuestra democracia.