Políticamente incorrecto

Dec. 26 , 2008

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Desde su tumba en el cementerio de Canongate, en Edimburgo, Adam Smith probablemente contempla desconcertado muchas de las políticas económicas adoptadas en la región durante los últimos años: Kirchner fija precios para controlar la inflación, Morales anuncia que eliminará el modelo económico neoliberal y Chávez paga la deuda externa de sus vecinos abusando del alto precio del petróleo (pronto deberá pedir que paguen su propia deuda). En Chile, recientemente, también hemos discutido cómo corregir el modelo, aunque sin cuestionar sus fundamentos principales. Es que aquí todo es más clásico, salvo por propuestas aisladas hechas por políticos que difícilmente aprobarían un curso básico de economía. Somos, al menos en el ámbito macroeconómico, bastante menos creativos que la mayoría de nuestros vecinos. Poco importa si el ministro de Hacienda se apellida Morandé, Larraín, Velasco o Eyzaguirre. Pero cuidado, aún no llega la hora de cerrar la carrera de economía. No olvidemos a los dos millones de pobres “oficiales” y los enormes desafíos sociales por superar. Estos, so pena de ser reiterativo, son microeconómicos.

Resolver los desafíos microeconómicos no es una tarea fácil: son técnicamente complejos y típicamente impopulares, pues exigen asumir altos costos presentes y muchas veces requieren acabar con distorsiones que generan rentas significativas para los sectores que protegen. Es decir, para aplicar las políticas correctas hay que ser políticamente incorrecto. Veamos cinco ejemplos.

1. Que más mujeres trabajen más años. Sólo 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral chileno. En otros países con igual nivel de desarrollo esta cifra es casi el doble. Una mayor flexibilidad laboral generaría mayor participación. Los beneficios son evidentes: sólo uno de cada 12 hogares ubicados en el 20% más pobre tiene ingresos provenientes de ambos cónyuges. En cambio, en el 60% de los hogares que se encuentran en el 20% más rico, ambos cónyuges trabajan. Además, esta mayor participación aumentaría sus pensiones. Sin embargo, la propuesta de aumentar la edad de jubilación de las mujeres hecha por la Comisión Marcel fue ampliamente criticada. Cuando en 1889 von Bismark implementó en Alemania el primer sistema de seguro social conocido, estableció la edad de jubilación a los 70 años, 10 años más que la esperanza de vida de la población. Hoy, las mujeres deben jubilar a los 60 años y su esperanza de vida supera los 80.

2. No a la estabilidad laboral. En reiteradas ocasiones las autoridades han dicho que necesitamos empleos más estables (Andrés Velasco, que ha  hablado de estabilidad del ingreso laboral, no del empleo, ha sido la excepción). Por tres razones se equivocan las autoridades. Primero, la experiencia muestra que las rigideces laborales aumentan el desempleo; segundo, el flujo de empleo entre empresas y sectores es la principal fuente de ganancias de eficiencia, clave para crecer; por último, lo relevante es estabilizar el ingreso laboral, no el empleo. Por ejemplo, más importante que el nivel de desempleo es cuánto se tarda en encontrar un nuevo trabajo. Pero debemos proteger la estabilidad del consumo. Para ello, es necesario potenciar el seguro de cesantía y reducir las indemnizaciones por años de servicios. Esto ha sido propuesto por técnicos de izquierda, centro y derecha, pero rechazado transversalmente por el Congreso.

3. Que quiebren las pymes. Revisando las últimas dos elecciones, podemos constatar que todos los candidatos coinciden en la necesidad de socorrer a las pymes. Se equivocan los candidatos. Las pymes, como cualquier otra unidad económica, deben operar con criterios de rentabilidad. Las políticas pro pymes representan un gasto superfluo de recursos en desmedro de objetivos socialmente más deseables y coartan el necesario flujo de recursos hacia sus usos más productivos. Si queremos ayudar a algún tipo de empresa específica, asegurémonos que no existan políticas que les impidan ser competitivas o acceder a un mercado de capitales más profundo.

4. ¿Qué importa la desigualdad? Los estudios revelan que existe una asociación positiva entre una mayor igualdad de oportunidades y de ingresos, y una mayor estabilidad y bienestar social. Pese a esto, la discusión actual está mal enfocada pues desvía la atención desde un tema que es prioritario: reducir la pobreza. Basta con preguntar a alguno de los 3 millones de chilenos que viven bajo la línea de pobreza qué les preocupa más: ¿cuánto ganan los más ricos o tener un nivel de ingreso que les permita vivir mejor? Esta pregunta no es irrelevante ya que las políticas orientadas a disminuir la desigualdad de ingresos y las dirigidas a reducir la pobreza pueden ser no sólo distintas, sino que incluso antagónicas.

5. Copiar no es malo. Hay amplio consenso en la necesidad de aumentar nuestra inversión en investigación y desarrollo (I&D). De hecho, las cifras muestran que Chile invierte sólo el 0,6% del PIB en I&D, lejos de la meta de 1,2% del gobierno.Por ello, se aprobó el Royalty II que generará 150 millones de dólares anuales para I&D. La pregunta es, ¿cómo se usarán estos recursos? Hasta la fecha, simplemente no han podido ser usados porque la mayoría de los instrumentos de política pública se orientan al desarrollo de nuevas tecnologías y procesos. Sin embargo, la adopción de tecnologías y procesos ya existentes debería ser el paso inicial en nuestra política nacional de innovación. El tamaño de la brecha de ingresos entre los países desarrollados y Chile explicada por diferencias en eficiencia, prueba que las ganancias potenciales de copiar lo que ellos ya hacen son significativas.

Todo lo anterior es debatible. Mi propósito sólo ha sido mostrar que la implementación de políticas microeconómicas adecuadas exige un análisis técnico de las mismas y no puede basarse en la opinión de ciudadanos bien intencionados pero desinformados, ni en la opinión parcial de grupos de poder preocupados de su propio interés. Es imperativo profesionalizar el diagnóstico que identifica y prioriza los problemas, el diseño de las políticas para resolverlos, el seguimiento de su puesta en práctica y la evaluación de los resultados obtenidos. Este es el gran desafío de las próximas autoridades económicas.