Hacienda anunció que este año tendremos un déficit fiscal estructural. Es la primera vez desde que se estableció la regla en 2001. Esto, pese a la complacencia oficial, no da igual. Veamos por qué.

El gasto crecerá 14,5%, el déficit fiscal efectivo alcanzará a 4,1% del PIB y el presupuesto estructural a -0,4%. Así, el gobierno de Bachelet promediará un crecimiento del gasto de 9,4% (el más alto de la Concertación) y del PIB de 2,8% (el más bajo de la Concertación). Y en los detalles está el demonio: la autoridad aumentó el valor de los parámetros que miden la sensibilidad de la recaudación tributaria al producto, permitiendo así un mayor gasto por cada punto esperado de PIB. Sin esta “actualización” de los supuestos, el resultado estructural para este año sería -0,8%, la misma cifra implícita en 1999, durante el último año del gobierno de Frei. El popular ciclo electoral: para perpetuarse en el poder, algunos gobiernos anteponen la cantidad a la calidad, el corto al largo plazo. Frei ofreció otro buen ejemplo, ahora en 2008, cuando preguntó a sus correligionarios: ¿Le vamos a dejar US$ 20 mil millones en caja a la derecha?

¿Cuáles son las consecuencias de esta política fiscal? Partamos por su efecto cambiario. Para reducir el aumento en las tasas de interés, se optó por financiar la mayor parte del gasto con recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, y no con deuda. El impacto era previsible: desde los anuncios fiscales el dólar ha caído $30 y el efecto total sólo se conocerá durante el año. La menor competitividad exportadora profundizará la recesión y exacerbará el desempleo.

También preocupa la señal por incumplir la regla. El costo será en reputación, encareciendo nuestro financiamiento externo. Porque, aunque de  Perogrullo, la regla está para cumplirla.

Más importante, sin embargo, es que estamos hipotecando nuestro futuro. Los recursos comprometidos este año (US$ 7 mil millones al sumar el déficit y capitalización de Codelco) ya representan casi 30% de lo que queda en los fondos (US$ 25 mil millones netos). De hecho, hoy se estima que durante el próximo gobierno el gasto promedio deberá crecer bajo 4%. Las razones para alarmarse abundan: el fin de la crisis es aún una quimera; el desempleo en Chile podría alcanzar su máximo valor recién durante 2010, y su recuperación, dada la experiencia post crisis asiática, será muy lenta.

Pero el principal problema del Estado chileno no es su tamaño, sino su calidad. Los enormes desembolsos fiscales han tapado las fallas de diseño y gestión de nuestros programas sociales. Y no se trata de reducir la protección actual. Por el contrario, esta debe ser profundizada y ampliada a la clase media. ¿Pero cómo hacerlo sin recursos? Es indispensable mejorar la eficacia y focalización del gasto y aumentar la capacidad productiva de nuestra economía, dos tareas básicamente omitidas por la Concertación.

La presidenta Bachelet merece reconocimiento por ampliar la red de protección social, pero la Concertación desde hace una década – incluido este gobierno – ha sido incapaz de construir un país que pueda profundizar y ampliar aún más esa protección, al mismo tiempo que ofrezca las oportunidades para que nadie deba depender permanentemente de ella. Una coalición cuyo crecimiento económico por gobierno pasó desde 7,7% a 2,8% en 20 años; con una expansión en 2009 que, pese al “encomiable manejo macro”, ocupará el lugar 110 entre 182 economías según el FMI; y que ha mantenido una tasa de desempleo promedio sobre 9% durante una década, tiene mucho que explicar.