DCconomics: reprobado

Mar. 07 , 2009

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Publicada en La Tercera, sábado 7 de marzo de 2009

La Democracia Cristiana (DC) propuso esta semana un plan para enfrentar la crisis económica. Son dos las medidas principales: la reducción del IVA y la creación de un fondo de capital público para auxiliar a empresas en problemas. A cambio, el Estado intervendría en la gestión de esas empresas. Lo primero es un error; lo segundo, podría acabar siendo un horror.

Partamos por el error. Una de las principales reformas pendientes en Chile es la tributaria. Los cambios recientes en esta materia han sido menores y esencialmente motivados por la coyuntura. Pero este desafío es estructural y global. La mirada de corto plazo y parcial a la estructura de impuestos preocupa, porque un conjunto incoherente de gravámenes reduce la eficiencia agregada y merma la recaudación, sacrificando los objetivos sociales.

Peor si lo propuesto es empírica y teóricamente equivocado. Lo correcto es enfocar los impuestos hacia el consumo (como el IVA), y no hacia el ingreso. Esto facilita la recaudación y elimina la distorsión en las decisiones de ahorro e inversión. La regresividad del IVA (comúnmente argumentada para reducirlo) no debe preocupar, pues al considerar el uso del gasto fiscal en Chile (cuya fuente principal es precisamente el IVA), el 20% más pobre reduce su diferencia con el 20% más rico desde 20 a 15 veces. Reducir el IVA, como ha propuesto la DC puede ser políticamente correcto, pero es una política incorrecta.

Sigamos con el potencial horror. Elegir empresas para que reciban financiamiento público directo y asumir su gestión es una tarea insana, porque la evidencia en su contra es avasalladora. La participación del Estado en la producción debe restringirse a los monopolios naturales. Pero su rol más importante es el regulatorio. Sin un rayado de cancha eficiente y moderno, una economía de mercado no avanza. En el contexto de la crisis actual los desafíos en este ámbito son enormes.

La excepción es el sector financiero, que por su riesgo sistémico, requiere también del Estado cuando falta liquidez. Hasta el momento, nuestro Banco Central y ministerio de Hacienda han asumido esta responsabilidad con excelencia impidiendo que el sistema de pagos se interrumpa.

Pero existe un problema adicional, y es de economía política. Una vez iniciado un proceso de intervenciones específicas en sectores productivos,  una lista de empresas (y sectores) harán fila exigiendo un trato igualmente preferencial. La historia es conocida: grupos de interés consiguiendo prebendas que alimenten sus rentas, a costa del resto de la sociedad. La ineficiencia productiva asociada explica parte sustancial de nuestra menor productividad. Y ésta, la brecha de ingresos que nos separa del desarrollo.

Las crisis son breves cuando el desplazamiento de producción e insumos entre empresas y sectores es rápido. En Chile, lamentablemente, la rigidez de nuestro mercado laboral y las deficiencias de nuestra ley de quiebras retardan este proceso. La crisis asiática lo demostró. Una propuesta como la planteada esta semana por la DC exacerba estas debilidades. Algunas empresas deben quebrar, algunos trabajadores deben perder sus empleos. La política pública debe atenuar este costo, pero no puede eliminarlo. Se requiere una buena ley de quiebras para lo primero y un seguro de cesantía más potente para lo segundo. No apoyos económicos específicos ni indemnizaciones por años de servicio como las actuales. Mucho menos interventores intentando gestionar lo que no puede ser gestionado.

Hace una década Chile enfrentó otra crisis económica global. Los costos de las medidas adoptadas en ese momento por el gobierno del ex presidente Frei  (expansión desmedida y mal focalizada del gasto público y encarecimiento de la mano de obra) aún persisten: dos puntos anuales de mayor desempleo y 4 puntos anuales de menor crecimiento. A fines de los 90 muchos se ilusionaron con esas medidas, pero el tiempo demostró su equivocación. Hoy, nuevamente es una propuesta desde la DC la que amenaza con estancarnos más tiempo que el necesario. Confío en que las autoridades económicas actuales sí aprendieron la lección.