Rodrigo Ahumada

Resulta difícil imaginar que el país que posee, según las frías cifras, la mejor calidad de vida en América Latina, es el mismo donde el ciudadano común, la gente sencilla, el trabajador honesto… sin importar su condición social o económica, se ha ido confinando detrás de rejas para no ser afectado o absorbido por la violencia de la delincuencia y el narcotráfico que parecieran dominar sin contrapeso, ciertos sectores, calles, barrios y poblaciones enteras de la ciudad. ¿Cuánto tiempo más es capaz de esperar la ciudadanía por una solución real e integral antes que la delincuencia se transforme en un mal endémico de nuestra sociedad?

No pretendo desconocer que se trata de un tema complejo, lo que no facilita la búsqueda de soluciones claras y sostenibles en el tiempo, sabiendo de antemano que la mejor inversión siempre será la prevención por encima del combate a la delincuencia. Además, el problema actual de la seguridad ciudadana en nuestro país, entra en el ámbito de lo que se llamaría una “crisis integral” (Jorge Ahumada Corvalán), por lo tanto requiere de soluciones integrales y no parciales o unilaterales ¿Qué significa esto? Que hay que considerar no solamente los aspectos políticos, jurídicos o policiales, sino también los factores familiares, culturales, educacionales, y ciertamente los componentes económicos y sociales, para tener un diagnóstico de la realidad que sea lo más fidedigno posible, para poder no solamente atacar sus dolorosos y trágicos efectos en la población, sino sobre todo sus causas.

Se podrá decir –y es cierto- que la situación de Chile no es comparable con la del resto de los países de América Latina. Sin embargo, éste pareciera no ser un argumento sólido y satisfactorio por cuanto nuestro primer parámetro de comparación debe ser nuestra misma realidad de antaño. Como suelen decir con nostalgia los mayores: “antes la gente era buena, cumplía su palabra, y los jóvenes mostraban respeto hacia los adultos y hacia la autoridad”. Es a partir de esta última afirmación que quisiera compartir algunas reflexiones sobre el tema de la delincuencia y su relación con el debilitamiento cultural de la noción ética de autoridad. Me parece difícil, por no decir imposible, elaborar cualquier estrategia tendiente a realizar una lucha eficaz contra la delincuencia si no se restablece el principio de autoridad en su dimensión ética como una categoría central de la política.

Como sabemos, en nuestra tradición la palabra autoridad deriva del latín augere, que significa “aumentar”, “hacer crecer”, “desarrollar”. Lo central de la autoridad tiene que ver con la credibilidad o coherencia ética de la persona que la posee y que la ejerce, coherencia de la cual hemos hablado en otra columna. Por esto, cuando la credibilidad o coherencia falla la autoridad pierde su significado y su sentido, y necesariamente queda reducida a un problema de poder o de fuerza. La frontera entre autoridad y poder es muy fina, muchas veces imperceptible, lo que hace que habitualmente nos encontremos con personas que tienen mucho poder o que poseen cargos rimbombantes pero que no tienen ninguna autoridad porque carecen de integridad y de competencia. La autoridad es una facultad moral, siempre requiere de la integridad de quien la ejerce, por eso es tan difícil poseerla y más aún ejercerla.

Es legítimo entonces preguntarse, ¿quién se atreve a ejercer la autoridad hoy día sabiendo que lo más factible es que lo acusen en el mejor de los casos de “mala onda” y en el peor de “tirano”?, como señalan filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos, sicólogos, politólogos, juristas, y tantos otros especialistas de primer orden, hoy día asistimos en Occidente, a una severa crisis del principio de autoridad, lo que explica en gran medida cierto caos social, el recurso progresivo al empleo de la violencia para resolver  conflictos y los altos índices de delincuencia y criminalidad. ¿Dónde está la autoridad de los padres o de la familia? Se preguntan sicólogos y especialistas ante una juventud cada vez con menos comprensión de su lugar en el mundo y del rol que le corresponde en la sociedad. Como lo ha señalado recientemente uno de los más destacados especialistas internacionales en criminología de visita en Chile, Laurence Sherman, las tasas de crímenes violentos disminuyen cuando hay “familias consolidadas y con un fuerte sentido del honor y los valores”.

¿Qué ha pasado con la autoridad de los profesores? La noción de disciplina, además de haber sido pulverizada por el MINEDUC, hoy día es considerada como un viejo tabú o “arcaísmo” de épocas pasadas caracterizadas por el autoritarismo ¿Dónde ha quedado la autoridad de los jueces en nuestro sistema judicial? La noción de Derecho pareciera estar cada vez más distante de la idea de justicia ¿Qué pasa con la autoridad policial? Hoy día cualquier desadaptado social se siente con el derecho de insultar o agredir a un carabinero sabiendo que quedará impune ¿Y qué decir de la autoridad política si es que acaso queda algo de ella? La politiquería, la ideologización, los intereses partidistas, el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias en que han caído importantes funcionarios, han debilitado considerablemente la credibilidad hacia este segmento de la sociedad. Resulta insólito que muchos chilenos hayan tomando conciencia súbitamente de la crisis profunda de autoridad latente en nuestro país recién a partir de los hechos ocurridos en el fútbol. Incluso un “dirigente” tuvo el descaro de decir ¡Basta Ya, porque “nadie es insustituible”! Parece que se le olvidó que en este país no abundan los testimonios éticos ni tampoco los genios.

Esta crisis del principio de autoridad en el ámbito político me parece la más grave por cuanto ella afecta directamente a la realización efectiva del bien común y esto tiene repercusiones directas y casi inmediatas sobre los ciudadanos. Es a la autoridad pública a quien le corresponde diseñar e implementar las “políticas públicas” -palabrita a la moda que sirve para promocionar cientos de posgrados- para atacar tanto los efectos como las causas de la delincuencia. Seamos honestos, en el ámbito de la prevención de la delincuencia, nuestra “clase política” no ha sido capaz aún de crear las condiciones que hagan posible la existencia de una sociedad donde la igualdad de oportunidades –que es inseparable del acceso de todos a una educación de calidad-, sea una realidad tangible. Tampoco ha sido capaz en el plano del combate a los delincuentes de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un clima de tranquilidad y seguridad.

¿Cuántos delincuentes con un amplio prontuario se encuentran actualmente libres? ¿Cómo es posible que los parientes de criminales amenacen a las víctimas tanto en los tribunales como fuera de ellos? ¿Quién puede explicar que en un partido de fútbol se haya requisado todo tipo de armas, supuestamente prohibidas, y esto se considere como una conducta normal digna de un “clásico”? ¿Cómo es posible que los directores de Colegios o Liceos intenten bajarle el perfil al uso de armas en los mismos establecimientos educacionales? Sin hablar de la cantidad de “leguleyos”, de dudosa formación académica y ética, más dispuestos a defender a los victimarios que a las víctimas porque al fin de cuentas siempre es más rentable. La pregunta que surge espontáneamente desde el sentido común de los ciudadanos no se hace esperar: ¿Cuánto vale la vida de un inocente en nuestro país?  Muchas veces suelo pensar que nada. Con suerte cinco años y un día. Ahora si el criminal es un ebrio al volante es muy probable que quede libre con firma mensual.

Sabemos que la Concertación fracasó rotundamente en esta sensible y urgente tarea. Pero eso ya es cosa del pasado ¿Cuál será la suerte de la nueva Coalición de gobierno? Por el momento tiene el beneficio de la duda. Pero todos sabemos que si hay una cosa que no abunda en la Sociedad de la Información y del Conocimiento es el recurso tiempo, y menos aún la paciencia de la ciudadanía.