Rodrigo Ahumada

Como hemos señalado en diversas columnas de opinión, los movimientos ciudadanos ocurridos en nuestro país el último tiempo se inscriben dentro de una crisis mayor de la política chilena, cuyas  raíces fundamentales se encuentran en la separación radical entre ética y política y la reducción de esta última a una cuestión de poder y  figuración pública. Esto explica por qué el sujeto de la política, la persona en su realidad histórica y cultural, ha sido sustituida o relegada a un segundo plano por otros “actores” e “intereses”, los cuales deambulan entre la obsesión ideológica por un Estado concebido como un fin en sí mismo, aunque esto implique hipotecar la libertad; o el mercado pensado como un Sujeto capaz de resolver todos los problemas de la sociedad sin regulación alguna, aunque esto conduzca a un Estado inoperante y a una “privatización” del bien común de la sociedad política.

Es en este contexto que se debe comprender el movimiento estudiantil chileno con sus luces y sombras y con el carácter casi “mesiánico” que ha ido adquiriendo para muchas personas. Nadie pone en duda que Chile requiere con urgencia cambios profundos en educación. Tampoco se cuestiona que el acceso de todos a una educación de calidad es la base social de una democracia estable y el pilar del desarrollo. La Concertación, no obstante sus esfuerzos, fracasó en su intento por alcanzar esa meta. No tengo claro si la obsesión “tecnócrata” del actual gobierno y su candidez e inoperancia política terminarán debilitando su proyecto.

Lo que si tengo claro, es que existen profundas contradicciones al interior del movimiento estudiantil. La última declaración pública de los estudiantes llamando a nuevas movilizaciones y al mismo tiempo “aceptando” dialogar con condiciones, son el signo más evidente de dichas contradicciones. Muchas de estas contradicciones tienen que ver con la visión sesgada y ambigua de muchos de sus dirigentes que parecieran apuntar a poner fin con el Estado subsidiario al cual identifican erróneamente con el gobierno militar. Con esto se olvida, por falta de información y de formación, que el principio de subsidiariedad nació de manera explícita en la teoría política moderna para proteger a los ciudadanos contra el poder omnímodo de las Monarquías Absolutas en Europa.

Seamos honestos, la propuesta del ministro Felipe Bulnes, contiene los elementos esenciales para iniciar un diálogo que conduzca a una profunda transformación de la educación chilena. ¿Por qué, entonces, los dirigentes estudiantiles no aceptan la propuesta del gobierno? Sencillamente porque no apunta a un cambio al sistema político. Este cambio pasa por la derogación de la Constitución y la sustitución del “Modelo”. Como ha señalado una dirigente emblemática: “tenemos claro que si se quiere cambiar de raíz este problema y que no pase que todos los años se forme un movimiento, tiene que cambiarse la Constitución. No queremos más reformas”. Aquí los dardos apuntan directamente al Estado subsidiario. De acuerdo a lo señalado, cuesta entender la “ceguera” intelectual de querer asociar la  subsidiariedad, que es un principio constitutivo del Estado, a una idea política autoritaria y economicista de raigambre “pinochetista”.

Por esto, no sorprende ver a Camila Vallejo descalificar un gobierno elegido democráticamente en las urnas –independiente de su popularidad- con una actitud intransigente que recuerda los discursos de Carlos Altamirano, en que la consigna era “avanzar sin transar” para acabar con la “democracia burguesa”, hoy llamada “neo-liberal”. Lo que algunos no lograron en las urnas quieren obtenerlo en las calles. Es legítimo que se expresen y marchen. Lo que no es legítimo ni democrático es que descalifiquen a cualquiera que no esté de acuerdo con sus ideas acusándolo de “fascista”, instalando un “apartheid” ideológico en nuestra sociedad. Esto me recuerda etapas oscuras de nuestra historia cuando llamaban “anti-patriota” a todo aquel que criticara o discrepara con el régimen. Es interesante constatar como los viejos hábitos “autoritarios” hoy día resucitan con fuerza inusitada en la violencia de las palabras de los que se autodenominan “demócratas”, pluralistas y tolerantes. No comparto en modo alguno las ideas y las acciones del alcalde de Providencia Cristián Labbé, pero tampoco comparto la actitud de “inquisidores” y en algunos casos de “energúmenos” que  no reconocen ni aceptan el derecho que tiene todo ciudadano a expresar sus ideas en un país libre.

Dialogar no significa “poner de rodillas” al otro. Tampoco significa exigir garantías o condiciones como si se estuviese pidiendo la “liberación de rehenes”. Dialogar implica escuchar al otro y buscar acuerdos pensando en lo que es mejor para el país dentro de sus posibilidades reales. Esto forma parte de la esencia de la democracia ¿Quién pondrá algo de cordura y prudencia en medio de tanto delirio e intolerancia?