Normas sin sanción

Para que efectivamente fomenten la probidad e induzcan a una adecuada rendición de cuentas, las reglas sobre la transparencia y acceso a la información sobre el patrimonio de los políticos deben estar adecuadamente diseñadas. En tanto estas normas carezcan de sanciones reales para los que omiten información relevante, se mantendrá la opacidad sobre potenciales conflictos de interés.

Varias autoridades declaran sociedades comerciales y de inversión, pero resulta difícil conocer el verdadero giro de dichas sociedades y su patrimonio económico. No se puede dilucidar dónde existirían potenciales conflictos de interés ni conocer el real patrimonio de una autoridad. Cuando declaran inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazo, muchos omiten especificar la cantidad. Entre las autoridades municipales, la opacidad sobre potenciales conflictos de interés es aún mayor.

Naturalmente, reformas legales pueden obligar a las autoridades a transparentar más información relevante.

Los parlamentarios de la  Alianza se opusieron en julio de 2008 a una indicación del gobierno que establecía la dedicación exclusiva para los parlamentarios.

Varios  no se abstienen de votar sobre temas que afectan directa o potencialmente a los clientes de sus despachos de abogados. Algunos alegan que al mantenerse inactivos, los conflictos de interés desaparecerían automáticamente. De la misma mañosa forma, un Presidente podría sostener que no existirían conflictos de interés en tanto él no ejerciera activamente como empresario.
 
La dedicación exclusiva de parlamentarios y alcaldes y la obligación de hacer públicas las declaraciones de impuestos personales y de las sociedades que forman parte sería un gran paso.

Pero, no basta con dictar leyes. Mientras siga imperando el criterio de "hecha la ley, hecha la trampa", la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades difícilmente podrá reflejar una realidad más auspiciosa que la tendencia a la opacidad que impera en nuestra sociedad.