"El reciente informe de la OEA reafirma lo que
se ha venido sosteniendo hace tiempo en Chile: los problemas del
sistema penitenciario no son aislados, sino que responden a patrones
sistemáticos y estructurales que el Estado parece negarse a reconocer".

Entre
el 21 y 24 de agosto, el relator especial para personas privadas de
libertad de la OEA visitó nuestro país para conocer en terreno las
condiciones de funcionamiento de nuestras cárceles.

Sin
perjuicio de reconocer algunos aspectos positivos en materia carcelaria
-como mejoras en el diseño de cárceles nuevas en relación con las
antiguas, algunos programas de inserción laboral y la visita de
jueces-, las conclusiones del informe son altamente preocupantes.

Tal
y como lo establece el informe de la OEA, en "todos" los centros
visitados (concesionados y no concesionados) se observa un "uso
excesivo e innecesario" de la fuerza y los castigos y una "práctica
sistemática" de malos tratos físicos por parte del personal de
Gendarmería, así como el uso de medidas de aislamiento en condiciones
infrahumanas. A lo anterior, el documento suma un nivel de hacinamiento
"pocas veces visto en la región", condiciones de "insalubridad extrema"
y ausencia de "verdaderos programas de readaptación social", entre
otros puntos negativos.

Finalmente, el informe del relator
consigna graves problemas en la implementación de la Ley Penal
Adolescente -como no contar con un sistema judicial e institucional
especializado- y graves problemas de hacinamiento, salud y educación en
el centro de internación de adolescentes en San Bernardo, entre otros.

Más
allá del debate específico que pueda surgir en torno a cifras y
diferencias de interpretación en esta materia, lo cierto es que el
informe elaborado por la OEA reafirma lo que se ha venido sosteniendo
hace ya tiempo en Chile. Los problemas del sistema penitenciario
chileno no son aislados, sino que responden a patrones sistemáticos y
estructurales que el Estado de Chile parece negarse a reconocer.

El
primer patrón corresponde al crecimiento explosivo de la población
penitenciaria: Chile ha duplicado su población entre el año 1995 y 2007
(de 22.027 a 45.843) y muestra un crecimiento anual que bordea el 6.5%
(1.250 personas aproximadamente "adicionales" cada año). Con este nivel
de crecimiento, los problemas de hacinamiento serán una constante, lo
que da cuenta de una preocupante falta de coordinación entre las
políticas criminales impulsadas por el Estado y su sistema
penitenciario. Lo anterior, sin duda alguna, incide en un precario
respeto por los derechos de los presos y de los funcionarios
penitenciarios.

El segundo patrón observado por el informe de
la OEA parece no referirse ya a la simple construcción de nuevas
cárceles, sino a la necesidad de reformar estructuralmente las
instituciones a cargo del sistema penitenciario: Gendarmería y el
Sename. La vigencia de prácticas sistemáticas de abusos y violencia por
parte de los funcionarios penitenciarios da cuenta de esta urgente
necesidad. A su vez, la falta de programas, recursos adecuados y
personal calificado para el logro de la resocialización de adolescentes
privados de libertad, parece ir en el mismo sentido.

El informe
del relator de la OEA -basado en información otorgada por el propio
Estado, Unicef y miembros de la sociedad civilno sólo debe ser visto
como una clara llamada de atención al Estado de Chile sobre las
deficiencias de nuestro sistema penitenciario.

Es,
principalmente, una clara oportunidad para enmendar el rumbo. La
decisión, sin embargo, no la tiene el relator, sino el propio Estado de
nuestro país.