La fiscal Maldonado, La Colonia y el Bicentenario

Jun. 10 , 2009

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Como ha documentado agudamente el Historiador del Derecho Javier Barrientos Grandón, durante la segunda mitad del siglo XVIII se recurrió en Chile, de modo frecuente, a la pena de trabajo en las obras públicas. Por esta razón, distintos condenados eran destinados a servir en obras como las que se ejercían en el puente de Cal y Canto, iniciado el 22 de septiembre de 1772 y concluido definitivamente en 1783 y en las labores del Canal de San Carlos en el Río Maipo. Fue precisamente con ocasión de la ejecución de estas obras, que el Defensor General de Pobres de la Audiencia don Manuel Álvarez de Toledo compareció ante la Real Audiencia en los primeros días de marzo de 1780 e hizo presente ante ella:

"Los implacables gemidos de aquellos Miserables sugetos a la Cadena y trabajo del Puente hacen al Defensor General de Pobres, poner en la superior inteligencia de V.A. la multitud de pricioneros que sin haberseles formado causa, y los mas sin ella; por no poder mas sufrir los rigores del ambre, denudes, malos tratamientos, garrotazos, por los sobre estantes; porque desmayados ya del servicio; le hacen poder, a más no poder, piden que quanto antes sean destinados y que se les de el castigo de sus delitos, porque no podra ser mas acerbo que el que padezen...”

Esta declaración buscaba no sólo dar cuenta de estos padecimientos sino, también, solicitar a la Real Audiencia que destinara a uno de sus ministros o a un subalterno como “Juez de Rematados” (lo que hoy vendría a ser un juez de ejecución de sanciones), tal y como ocurría para esa fecha en Lima. Esta cuestión, que fue objeto de un conato entre la Real Audiencia y el Gobernador don Ambrosio de Benavides, quien sostenía que los reos eran tratados correctamente, fue definitivamente zanjada por Real Acuerdo celebrado el 9 de diciembre de 1785, al que no asistió Benavides, y en que se dictó un auto acordado en virtud del cual se aprobaba la Instrucción del Juzgado de Rematados.

Los caracteres y atribuciones esenciales del Juzgado eran los siguientes: “i) Este Juzgado debía ser servido por uno de los ministros de la audiencia, designado por el presidente del tribunal; ii) Su competencia se extendía a conocer privativamente de todos los asuntos tocantes a los rematados a presidio o destinados a obras públicas, competencia que le era concedida por la audiencia en todo los asuntos civiles, criminales, políticos y económicos, y por ello contaba con las más amplias facultades para proveer, por sí mismo o con consulta del Acuerdo, todo lo que pareciere conveniente a evitar que los rematados a presidios o destinados a obras públicas experimentaren perjuicio alguno; iii) De acuerdo con la competencia que se le confería, todos los reos condenados a presidio o a obras públicas por tiempo superior a los dos meses quedaban a disposición del Juez de Rematados desde el mismo día de sus sentencias; iv) El Juez de Rematados tenía la obligación de practicar una visita ordinaria mensual de todos los condenados en la Cadena de la obra del Puente de Cal y Canto y de cualquier otra obra pública, sin perjuicio de practicar visita extraordinaria cuando lo estimare conveniente; v) Finalmente, para el mejor régimen y gobierno de este Juzgado se comisionaba al ministro que fuere designado por el presidente en este oficio para que formara una "Instrucción", que debía presentar al Real Acuerdo para su aprobación.

Desde su entrada en vigencia y hasta su extinción  en 1805, el Juez de Rematados dio cuenta de diversas brutalidades y excesos de autoridad que requerían ser remediados a la brevedad. El Juez de Rematados dispuso, además, de exámenes médicos, provisión de alimentos y ropas, junto con la supervisión de la debida implementación de las penas de destierro a lugares como la Isla de Juan Fernández o Valdivia, entre otras.

Habiendo transcurrido 229 años desde que el Defensor General de Pobres diera su parecer en torno al estado de los privados de libertad en el Puente Cal y Canto, la Fiscal de la Corte Suprema, Sra. Mónica Maldonado ha identificado, entre los principales problemas de nuestras cárceles los siguientes: a) intensos problemas de hacinamiento que se agudizan conforme los índices de aumento de privaciones de libertad se intensifican (de 38.266 internos en octubre de 2003 a 53.482 internos a la fecha); b) Horarios de encierro de los internos de 15 horas diarias; c) Alimentación indebida; d) Falta de política y planes de rehabilitación de los internos, y falta de actividades laborales, de capacitación, educación, deportivas, espirituales y recreativas; e) deficientes condiciones sanitarias e higiénicas; f) Aplicación del castigo de internación en celda solitaria, y condiciones materiales en que se cumple esta sanción; g) Aislamiento de internos por razones de seguridad y; h) Muertes de internos en los penales.

Muchos, incluido yo mismo en otras oportunidades, hemos llamado la atención sobre la crisis del sistema penitenciario Chileno y la condición en que se encuentran los privados de libertad. Pero lo que no deja de llamar mi atención son dos cosas. Primero, que a pesar de haber transcurrido más de 200 años entre las primeras supervisiones a los privados de libertad y el Informe de la Fiscal Maldonado, lleguemos, en tantos aspectos, a conclusiones similares. Segundo, no deja de ser sugerente el hecho de que hayan sido las instituciones coloniales, y no necesariamente las republicanas, las que parecieran haber tenido una mayor y profunda consideración institucional por el destino y condiciones materiales de los privados de libertad en nuestra tierra.

A lo menos desde una perspectiva normativa, existen ciertos instrumentos para avanzar en esta materia. Las facultades de los jueces de garantía para realizar visitas periódicas a las cárceles, la creación de las Comisiones Interinstitucionales de Supervigilancia para los Centros de Privación de Libertad de Adolescentes y los fundamentales informes de una comprometida Fiscal de la Corte Suprema, son parte de estos instrumentos. Sin embargo, tales herramientas resultan insuficientes a la luz de las estructurales condiciones de violencia, dolor, indignidad y la casi inexistente voluntad política transversal por rehabilitar y apoyar seria y decididamente una mejora en la oferta rehabilitadora de nuestro sistema penitenciario. El Gobierno parece haberlo reconocido al buscar impulsar una reforma estructural al sistema penitenciario. En buena hora. Esperemos que la discusión “iniciada” (o retomada) en torno a la supervisión de las condiciones de los privados de libertad, en todo caso, no parta de la negación o subestimación al innegable aporte de trabajos comos los de la Fiscal de la Corte Suprema. Ella, con encomiable dedicación, sólo honra la función que la Real Audiencia encomendara a sus miembros, incluso antes del nacimiento de la República.