Detenidos desaparecidos: ¿Cuál es el problema?

Dec. 29 , 2008

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Este fin de semana hemos podido seguir diversas notas sobre tres nuevos casos de errores en la calificación de detenidos desaparecidos. Se trataría, al igual que en el caso de Germán Cofre, de lamentables distorsiones en un proceso tan importante para la memoria histórica de Chile, como fundamental para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Gobierno del General Augusto Pinochet. ¿Qué pensar de todo esto? ¿Debiéramos tomar estos casos como ejemplos de la falla de las Comisiones Rettig y Valech o como razón para su eventual reapertura temporal?

¿Podríamos considerar estos hechos como manifestación de un ineficaz y eventualmente corrupto sistema de reparaciones a las violaciones de derechos humanos en Chile? En fin, por qué no creer que estas graves alegaciones dan cuenta de la imposibilidad de cerrar adecuadamente una etapa tan cruel como irracional de nuestra historia nacional? Pienso que el problema radica en otra parte.
Antes que nada, es necesario no perder la perspectiva. Frente a más de 3000 casos de violaciones a los derechos humanos, sería iluso creer que un sistema de reconocimiento y reparaciones, no exhibirá errores y episodios de uso indebido de sus beneficios. Todos los sistemas administrativos y judiciales están sujetos a errores y a un uso indebido. De no ser así, no existirían las faltas administrativas ni los delitos. Los cuatros casos que conocemos se presentan como el inicio de una posible serie de fallas en la política de derechos humanos impulsada por el Gobierno de la Concertación.

Pero esto no es así. Los errores en la determinación de los cuerpos en el Patio 29 y la dolosa entrega de información por efectivos de las Fuerzas Armadas en la Mesa de Dialogo, y que tanto dolor ha causado a los familiares de las victimas de detenidos desaparecidos, son ejemplos de que los casos de Rojas, Palacios, Villagra y Cofre no son los únicos, ni lo serán. En dichas circunstancias, la autoridad debe notificar oportunamente a los tribunales de justicia para que ellos determinen las responsabilidades que de esos hechos se deriven. Pero sugerir que 3, 8 o incluso más casos de indebida calificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es razón para echar abajo la credibilidad de dicho sistema resulta tendencioso y más aun, peligroso.

Nos ha costado mucho reconocer nuestro pasado histórico y construir, a pesar de los obstáculos legales y judiciales, verdad procesal. Con esto no se juega sin estar dispuesto a volver a quemarse las manos. Por ello resulta indispensable contar con un mecanismo de tipo permanente -no temporal- que facilite la revisión de datos, la impugnación de información y la inclusión de casos y circunstancias que por diversas razones no han podido ser reconocidas por parte del Estado. Pero lo anterior no se logra con la torpe sugerencia del Ministro Viera Gallo y del proyecto de ley del Instituto de Derechos Humanos enviado por la Presidenta Bachelet, y que plantea reabrir -por un periodo de seis meses- las Comisiones Rettig y Valech. La experiencia comparada de países como Alemania, Sudafrica, Uruguay, El Salvador, Espana, y Argentina, entre tantos otros, indica que la gran diferencia entre la superación de las violaciones masivas a los derechos humanos y su invisibilizacion radica en la creación y defensa de una política nacional de derechos humanos. Y acá las cosas empiezan a pintar mal para Chile.

Mas que los casos específicos que hemos conocido –y los próximos que ciertamente vendrán-, lo que no deja de llamar profundamente la atención es la pobre institucionalidad en derechos humanos que hemos heredado luego de tres gobiernos consecutivos de la Concertación. Ahí está el problema, por más que se intente tapar el sol con un dedo.

Si la Concertación hubiera demostrado, en los hechos, la convicción en emprender una revolución ética para Chile, fundada en el pleno respeto y defensa de los derechos de todas las personas, tanto la respuesta a estos casos que se denuncian, como la posición del Estado (si, del Estado y no del Gobierno) en materia de derechos humanos seria otra. Porque frente a la permanente necesidad de rectificar, ampliar o modificar los registros de victimas y las medidas de reparación, no estaríamos presenciando el pobre espectáculo de improvisaciones del Gobierno para cuadrar datos, responder a la prensa y proponer medidas de parche para resolver problemas de fondo. Porque frente a las condenas internacionales en contra del Estado de Chile por la aplicación de la Ley de Amnistía, la no ratificación del Tratado de Roma (que crea la Corte Penal Internacional) o la no adopción del Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas Sobre Tortura, Chile ya debiera haber sido capaz de transitar un camino decidido y claro. Porque frente a las diversas infracciones a los derechos de las chilenas y chilenos cada dia, Chile debiera haber sido capaz, hace rato, de contar con un defensor nacional de derechos humanos (ombudsperson), con el poder jurídico, la seriedad y los medios para impulsar procesos judiciales y administrativos que demanden el cumplimiento de la constitución y las leyes.

En fin, porque si pudiéramos discutir seriamente de una política nacional de derechos humanos, lo debiéramos hacer frente a una sub-secretaria de derechos humanos y no con los encargados de solucionar los problemas políticos del gobierno de turno, en la Secretaria General de la Presidencia o en el Ministerio del Interior.

Pero nada de ello ha ocurrido, ni ocurrirá en lo que queda del Gobierno de Michelle Bachelet. Culpar de ello sólo a la derecha es cobarde y poco preciso. Mal que mal, es a los gobiernos democráticamente electos a los que se les encomienda la capacidad de liderar los procesos nacionales y en ello la Concertación y este Gobierno en particular, han fallado rotundamente. Por respeto a quienes aun no logran cerrar su duelo y a quienes les debemos algo más que nuestro más sentido pesar, Chile debe avanzar hacia una política nacional de derechos humanos que este a la altura de nuestros compromisos morales.