Una nueva política de Educación Superior

Nov. 21 , 2011

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Diagnóstico

En los últimos 25 años se crearon decenas de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, prácticamente sin ninguna regulación. Menos del 20% de las cerca de 5000 carreras ofrecidas en algún campus cuentan hoy con algún tipo de acreditación, y la mera lectura de los informes en muchas universidades o carreras acreditadas por 1, 2 o 3 años hace evidente la laxitud de los criterios.

Se supuso que el mercado y la inversión privada aumentarían la cobertura, y a través de la competencia, provocarían mejoras de calidad porque los estudiantes estarían bien informados para escoger la mejor calidad al menor precio. Dada la virtual inexistencia de un marco regulatorio, es evidente que ha habido  abuso para cientos de miles de estudiantes que marchan por las calles: “clientes” desinformados que, en muchos casos no comprenden lo que leen ni lo que es una tasa de interés.

Según un informe del MINEDUC, tan sólo en la tasa de retención de alumnos de 1er año de la cohorte 2007, esta fue de 62,5% en CFT, 58,1% en IP y 75% en Universidades, con un promedio general de 67,9%. Hay diversas carreras e instituciones con tasas de retención al 1er año inferiores al 50%.

El resultado: de 100 “clientes” que aspiran a “comprar” un título, aproximadamente 40 desertará entre 1er y 3er año por razones académicas y/o económicas, y quedará endeudado (aunque con frecuencia postulan a otra carrera, pero la deuda ya la adquirieron). De los que logran el  título, generalmente en un 30-50% de tiempo y costo adicionales a lo previsto, aproximadamente la mitad va a un empleo de mala o pésima remuneración, ya sea por la mala formación que adquirieron, por la segregación social del sistema laboral, por la sobreoferta de carreras innecesarias o absurdas, con lo cual terminarán pagando su elevada deuda en 20 ó 30 años, si es que lo logran.

Para dar una idea de la heterogeneidad de la oferta de educación superior desregulada, según futurolaboral.cl, el 10%  superior de los egresados de Arquitectura, al 4º año de vida laboral, gana en promedio $1.5 millones, y el 10% inferior $0.3 millones. Estos últimos no podrán pagar sus deudas universitarias ni en 30 años. Esto ocurre en todas las carreras.

Por su parte, el Estado “abdicó de sus responsabilidades” respecto a sus propios establecimientos. Decidió no invertir en establecimientos emblemáticos a nivel técnico profesional, y le dio un apoyo financiero más bien marginal a sus propias instituciones, cometiéndose adicionalmente el error de diferenciar un grupo de universidades “CRUCH” sin que  exista un criterio nítido respecto a la integración de este grupo, sea este por tipo de propiedad, de calidad o labor académica. No son ni las universidades del estado ni son las de excelencia.

Aranceles intolerablemente elevados.

En promedio, los
aranceles universitarios, comparados con el ingreso per cápita, son
posiblemente los más altos del mundo y con mucho menos financiamiento
público.

El altísimo costo de los aranceles se debe a que los estudiantes no sólo han estado pagando el costo de su educación, sino que financiando la expansión inmobiliaria de entes privados y la investigación y desarrollo de universidades tradicionales. Esto debe terminar.

Las fuentes de recursos para la expansión inmobiliaria deben provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de sus dueños, y/o préstamos del Estado en condiciones rigurosas y de largo plazo; y los bienes públicos no ligados a la docencia – como investigación, extensión, generación de bienes públicos y construcción de masa académica estable - deben provenir del Estado por otras rutas.

La educación técnica y de oficios.

Por primera vez este año el número de matriculados en IP y CFT superó ligeramente a la de Universidades, lo cual es una buena señal. Pero en cualquier escenario, en los países avanzados la población de personas con oficios y grados técnicos sólidos y certificados triplica a la de profesionales universitarios y en Chile es a la inversa.

Por dar una idea del valor social de este tipo de formación en países avanzados, se puede constatar que en Canadá un ingeniero civil especializado en construcción gana anualmente 60 mil dólares, y un pintor certificado de la construcción 40 mil. La verdadera equidad salarial de Chile se logrará cuando contemos con oficios y grados técnicos sólidos, certificados, y valorados como tal por las empresas por su productividad.

Un reciente y extenso informe norteamericano, Pathways to Prosperity, de Harvard, puede considerarse como refundacional, y presenta fuertes similitudes con la realidad chilena. Algunos párrafos seleccionados:

" Sólo 56% de los que se enrolan en un “college” de 4 años obtienen el título de “bachelor” después de 6 años, y menos del 30% de los que se enrolan en un “community college” logran obtener su grado técnico dentro de los 3 años.

Las ocupaciones “intermedias” como electricista o jefe de obras… pagan más que muchos trabajos asociados a títulos universitarios. 27% de personas con licencias o certificados post-secundarios ganan más que el promedio de los que tienen el título de “bachelor”.

La educación vocacional que integra trabajo y aprendizaje es una forma superior de aprender. No sorprende que los jóvenes que han estado en programas que les enseñan acerca de la vida laboral y les dan habilidades blandas, así como entrenamiento y experiencia en una carrera, tienen mejores expectativas de encontrar empleo.

Nuestro sistema coloca demasiado énfasis en un camino único al éxito: graduarse de un “college” de 4 años después de completar enseñanza media. Hace mucho tiempo que debiéramos haber expandido el rango de trayectorias de alta calidad para nuestros jóvenes.

Las lecciones de otros países sugieren fuertemente que esta podría ser la estrategia más promisoria para aumentar significativamente el porcentaje de jóvenes que obtienen un título post-secundario o un certificado que les dé una carrera significativa.

Todo graduado de Media debiera poder encontrar rutas viables para perseguir simultáneamente una carrera y un grado o credencial post-secundaria. Para muchos de nuestros jóvenes, hemos generado opciones mutuamente excluyentes de prepararse para “college” vs. una carrera laboral.

El sistema americano para preparar a los jóvenes para llegar a vidas productivas y prósperas como adultos está gravemente descompuesto (badly broken). Las lecciones de Europa sugieren enfáticamente que buenos programas vocacionales proveen excelentes rutas para que muchos jóvenes ingresen a la fuerza de trabajo.

Pero aquí hay una hipótesis pedagógica más amplia: desde la adolescencia tardía en adelante, la mayor parte de los jóvenes aprenden mejor en programas que combinan estudio y trabajo, en que el aprendizaje es contextualizado y aplicado.

Irónicamente, este enfoque pedagógico ha sido ampliamente aplicado en profesionales de elevado estatus en Estados Unidos, donde la práctica clínica es una componente esencial de la preparación de doctores, arquitectos y (crecientemente) profesores"

La temática mencionada en el informe arriba citado prácticamente no ha sido abordada en reivindicaciones estudiantiles ni en los planteamientos del gobierno. Este es un momento definitorio para el sistema educativo chileno, y si se van a desarrollar soluciones que van a reproducir los errores arriba mencionados, habremos perdido una oportunidad histórica.

Por ende, los esquemas de financiamiento deben orientarse a soluciones mucho más flexibles, con propedéuticos orientadores intermedios, certificación laboral, una mayor prioridad a la formación técnica y en oficios, en que la educación dual adquiere una importancia fundamental. Inducir a estudiantes mal formados por el sistema escolar a la falsa promesa de un título universitario  ciertamente no va a resolver problemas estructurales ni para esos estudiantes ni para el país.

El “contrato” entre el Estado y los proveedores de educación.

Es necesario dar un giro en 180 grados a la forma en que el Estado se relaciona con los proveedores de la educación superior con algún tipo de subsidio estatal. Si un CFT, Instituto o Universidad, con o sin fines de lucro, público o privado, recibe recursos del estado como avales, créditos, subsidios o descuentos tributarios, debiera firmar el equivalente a un “contrato de concesión” en el cual demuestre el  valor de su oferta, la calidad de la misma, adquiera compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, defina aranceles razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otros elementos, y transparente la totalidad de sus remuneraciones, fuentes de ingresos, egresos, y transacciones con entes relacionados, sea este un ente público o privado.

Nos parece bienvenido el anuncio de un reciente proyecto de ley en esta materia, aunque está por verse el contenido de las regulaciones, las exigencias detalladas de transparencia, la implementación de la Superintendencia, y los recursos adecuados para su operación. Son muchas las leyes en el sistema educativo que han adolecido de graves deficiencias en su implementación.

La desacreditada acreditación

Adicionalmente, debe realizarse a la brevedad posible una transformación radical del sistema de acreditación, no sólo en sus criterios, sino también en su institucionalidad y obligatoriedad. El sistema de que sea el propio acreditado el que le pague a un acreditador privado debe terminar. No sería tampoco comprensible que el Estado otorgue recursos para becas de una carrera de tres años, si es que esta, entre otras cosas, no está acreditada seriamente y por al menos tres años.

Por cierto, hay quienes llaman a que el sistema continúe siendo voluntario y auto-regulado. Nos parecería un grave error. Si no tuviéramos la historia de abusos ya conocida, la autorregulación voluntaria podría tal vez ser viable, pero en la situación actual sólo se prestará para la prolongación de abusos.

Un año transicional

Cerca del 40% de los que hoy ingresan a la educación superior no entienden a cabalidad lo que leen ni pueden realizar operaciones aritméticas simples. Generalmente provienen de los estratos de menores ingresos. Esto es atribuible al sistema escolar, y tomará tiempo resolverlo.

Por ello, es necesario que el Estado licite, entre instituciones sólidamente acreditadas, la provisión de un año transicional, nivelador y orientador, que aumente - en forma gratuita para esos alumnos - la posibilidad de ingresar a algún tipo de educación universitaria, técnica u oficio sólido, deseablemente con formación dual. Su ingreso directo al sistema de educación superior seguirá siendo en muchos casos una fuente de desperdicio de recursos públicos, y lo que es peor, de frustraciones, pérdida de valioso tiempo y endeudamiento personal.

Criterios de admisión.

En el contexto actual, la importancia de la PSU se relativiza significativamente. Es una prueba útil, que las instituciones universitarias pueden mejorar y deben complementar con otras variables como la posición relativa del alumno dentro de su propio establecimiento (lo cual ha demostrado ser un buen predictor). Pero  si Chile tendrá un sistema serio de financiamiento a la educación en IP y CFT, así como mecanismos de formación dual, y si se desarrolla el año transicional nivelador y orientador arriba referido, debe existir otro tipo de mecanismos de selección más adecuados para este tipo de educación.

En el caso de pedagogía, la PSU no  debe ser el único ni  mejor criterio de admisión, ni debe ser el criterio único para la asignación de becas Vocación de Profesor. Todo gasto que se haga en la adecuada preselección de esos alumnos en términos vocacionales y de habilidades interpersonales es de una altísima rentabilidad para el futuro del sistema escolar.

A manera de ejemplo, el sistema finlandés combina resultados académicos convencionales con ensayos, entrevistas, pruebas en aula y otras situaciones grupales. El resultado es que la deserción de las escuelas de pedagogía es mínima, y la calidad de todo el proceso educativo y de la carrera docente se asegura a partir de ese punto. Mientras esto no se resuelva, la habilitación docente es indispensable.

El gobierno y gestión de las universidades públicas.

Hasta la fecha hay un dilema de política pública claramente no resuelto: ¿debe el Estado actuar como “dueño diligente de sus establecimientos” o los va a dejar a la mano libre del mercado, decidiendo a la vez no invertir en ellos? Hay razones fundadas para que el Estado tenga una presencia sólida a nivel técnico profesional y universitario en cada región, invirtiendo en ello los recursos necesarios.

Junto con nuestro llamado a que el Estado asuma a cabalidad la paternidad de sus propias instituciones de educación superior,  el gobierno corporativo de sus universidades debe reformularse. Este debe – como dueño - hacerse cargo seriamente de su fortalecimiento, y éste no es meramente un asunto de recursos. Por ejemplo, no es posible hacerlas “competir” con entes privados teniendo la maquinaria administrativa, lentitud y restricciones burocráticas propias de un Ministerio. Si obsequio un café a un colega de mi propia U. de Chile soy en principio sujeto a una sanción de la Contraloría. Si licité un hotel para un seminario de 30 personas y llegan 35, debo re-licitar los 5 almuerzos adicionales. Así… no  se puede.
 
Por otro lado, las fórmulas de gobierno corporativo de las universidades e institutos públicos – permitiendo razonables grados de democracia interna - deben asimismo permitirle al “dueño”, es decir el Estado, la vigilancia rigurosa y capacidad de intervención (aunque sea a distancia) de lo que ocurre en su interior, de manera de evitar capturas institucionales por parte de profesores, autoridades, alumnos o funcionarios. La forma de hacerlo nos es por vía de la Contraloría General de la República, sino cambiando el status jurídico de estas universidades.

Debiera entonces diseñarse una fórmula institucional, equivalente al Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, o los “Board of Trustees” americanos, es decir un cuerpo de especialistas financieros, no dependientes del Rector ni de su Consejo Académico, que vigilen la sanidad financiera y contable de la institución, manejen la Contraloría Interna, y aprueben el volumen total de gastos permisibles en un año fiscal.

Epilogo
 
Por loables que sean algunas iniciativas legislativas o presupuestales que han ido surgiendo, debemos aspirar a hacer todo bien y de una vez, con una nueva legislación integrada de educación superior que aborde sistémicamente estos complejos problemas. En caso contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos pero que posiblemente serán contradictorios entre sí. No habrá ocasión en al menos otra década para hincarle bien el diente al asunto.