Hacia un cambio radical en la regulación de la educación

Sep. 19 , 2011

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Las movilizaciones estudiantiles cuestionaron lo que había sido intocable: un modelo educativo basado esencialmente en la competencia de mercado entre proveedores de educación, públicos o privados, con o sin fines de lucro. A mi juicio, el problema esencial es que no fue libertad de mercado, sino libertinaje de mercado, tanto en educación general como superio.

No fue un mercado en que hubiera transparencia de información para los “clientes”, muchos de los cuales eran apoderados o estudiantes de educación superior que no entendían lo que leían, y si usamos la jerga económica, completamente “asimétrico” en cuanto a poder de negociación y elección de opciones. Se violaron así los principios esenciales, no de  economistas de izquierda, sino de derecha. Mercados transparentes y bien regulados.

Si una familia va a la panadería de la esquina, y le venden pan caro y/o malo, al día siguiente va a otra panadería que está a tres cuadras de la primera. Por cierto, los panaderos no les miran el color del pelo ni les preguntan por las convicciones religiosas no sólo del hijo sino también si los padres están separados. El mercado opera impecablemente. Pero si esa misma familia no tiene demasiado claro el concepto de calidad del “producto educativo”, o bien a los dos años se da cuenta que tiene un hijo endeudado al cual le es casi imposible “cambiar de proveedor”, o bien tiene restricciones geográficas en su elección, o bien el modelo de mercado le “segrega” a su hijo en la admisión a educación básica o media ya sea por estatus socioeconómico o por capacidad académica, o lo expulsa por ser “alumno problema”, entonces el mercado ya no es tan perfecto.

El resultado de este modelo debe analizarse por separado en educación general y superior. Son momentos del tiempo muy diferentes. En lo escolar, es necesario reconocerlo, hubo expansión casi total de la cobertura, y el test de PISA de Chile es el mejor de América Latina. De igual manera, tenemos el menor porcentaje de jóvenes (31%) en el Nivel 1 (de 1 a 6) que es el peor. Esto no significa que no estemos muy lejos de lo deseable. Canadá tiene un 10% y Holanda un 14% en ese nivel. Puede afirmarse con bastante certeza la “regla del 40”: 40% de los egresados de básica no entiende cabalmente lo que lee ni puede resolver problemas aritméticos simples. Lo mismo ocurre con los egresados de media, los que ingresan a educación superior, y los que egresan de educación superior… profesores incluidos.

Donde el modelo chileno en educación general falló estrepitosamente es en segregación social. Tenemos el peor lugar de todos los países de la muestra PISA. El peor. Apartheid educativo. Las reglas de juego formales, y las frecuentes violaciones  informales a las reglas formales (en escuelas con y sin fines de lucro), generaron esta situación, de graves consecuencias no sólo escolares sino también sociales. Mantener segregados en una escuela a niños de bajo capital cultural con otros de bajo capital cultural, y para empeorarlo, segregando hacia la educación municipal los chicos con algún problema de conducta o de menor rendimiento, hace que estos tengan una virtual condena a no aprender, aunque tripliquemos la subvención preferencial.

Por otra parte, la segregación social es evidentemente una de las bases de la explosión social de los “indignados” que vemos hoy en las calles. Algunos se consuelan diciendo que en realidad la segregación social es puramente cultural, histórica, geográfica. No hay tal. Evidentemente esos poderosos factor existen, pero los datos indican con certeza que la segregación social es aun peor que la segregación territorial o barrial. La pregunta que debe hacerse la sociedad chilena es si acaso el sistema educativo escolar debe ser una locomotora de la integración o de la segregación social del país.

En educación superior, de 4700 carreras impartidas en algún campus, sólo 700 cuentan con acreditación (voluntaria), y en muchos casos ella es dudosa. Los aranceles son en promedio los más altos del mundo comparados con el ingreso per capita. La inyección de recursos públicos en forma de avales, en lugar de reducir los aranceles, los aumentó. No es precisamente la perfección del mercado. En los hechos, los estudiantes están financiando no sólo su educación, y el costo del edificio donde se educan, sino la expansión inmobiliaria de universidades e institutos privados, y/o buena parte de las actividades de investigación o de bien público que realizan las universidades con actividad académica integral.

El resultado: pasamos de 300 mil a 1 millón de estudiantes en educación superior en una década. De éstos, 400 mil van a desertar por razones académicas o económicas, pero endeudados. Otros 300 mil van a obtener un título tan espurio que irán derecho al desempleo o a un empleo que no les permitirá pagar la deuda. Son 700 mil “engañados”. Súmele 2 padres y un hermano, y tenemos cerca de 3 millones de enfurecidos que hoy marchan por las calles, y que seguirán marchando con mayor o menor intensidad, tal vez con espacios vacacionales, hasta que esto se arregle. Si alguien cree que por bajar la tasa de interés (bienvenido sea) esto se resuelve, está profundamente equivocado.

Sospecho que la consigna contra el lucro esconde intuitivamente un discurso más profundo. La gente está harta de los abusos de este mercado que no es capitalista, sino de capitalismo salvaje. Es la ley de la selva, pero con algunos caníbales. Honestamente, no sé si la pelea legislativa por el fin del lucro va a durar uno o seis años, y por cierto no va a solucionar abusos de proveedores sin fines de lucro, públicos o privados. Por ello, hay tres asuntos que el país debe resolver de inmediato.

El primero es la transparencia total de los proveedores del sistema educativo, público, privado, con o sin fines de lucro, en educación general o superior, si es que reciben recursos del Estado, sea como subvención, aval, subsidio o descuento tributario. Son entes depositarios de la fe pública, más aun  que las Sociedades Anónimas abiertas que entregan al público información acerca de todos sus ingresos, todos sus egresos, y sobre todo,  las transacciones con empresas relacionadas. Felizmente, ya fue aprobado en primera instancia el proyecto de ley sobre esta materia, y puedo garantizar que la mera aplicación del principio de transparencia va a provocar que muchos “pillines” con y sin fines de lucro ya estén pensando en hacer las maletas. Ojalá pase rápido por el Congreso, con suma urgencia, y que no quede por allí archivado como suele ocurrir. Los estudiantes harían bien en ponerlo entre sus exigencias.

Pero no es suficiente. Es necesario dar un giro en 180 grados a la forma en que el Estado se relaciona con los proveedores de la educación general y superior con algún tipo de subsidio, transformándolo en una suerte de “contrato de concesión de obra pública”. El Estado provee recursos, el proveedor público o privado se compromete a cumplir con diversos estándares, no sólo de SIMCE, sino de calidad en un sentido más amplio, así como prácticas y criterios de admisión y expulsión, integración social, acreditación de carreras de educación superior, monto máximo de aranceles, o cualquier otro elemento fundamental para asegurar los derechos de los estudiantes. Incluso, si se llegara a legislar el fin del lucro, es evidente que tendría que haber un importante período transitorio, durante el cual sería necesario establecer contractualmente topes de utilidades, como ocurre en la telefonía o el agua. Si no se terminara el lucro, con mayor razón. Sólo con una revolución en el marco regulatorio y el “contrato” entre el estado y los proveedores de la educación, este podrá cumplir con sus deberes constitucionales de resguardo de la calidad de la cual tanto se habla. Otra exigencia que invito a los dirigentes estudiantiles a considerar.

Un tercer elemento clave, para discutir otro día, es ponerse con los recursos adicionales necesarios para asegurar la obligación constitucional: más de 2% del PIB anualmente si sumamos educación general y superior. No se trata de aumentar recursos indiscriminadamente, de golpe, y sin las medidas adecuadas, pero si esto no se hace, la reforma educativa no pasará de ser mera cosmética.