Educación Pública: La Tormenta Perfecta

Apr. 18 , 2010

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El Subsecretario de Hacienda, Rodrigo Alvarez, por quien siento gran respeto, lanzó ayer en Twitter una idea - preliminar- que me erizó los escasos pelos. Esta consistiría en proveer una deducción tributaria a los gastos en educación y salud privada.

Me referiré sólo a la educación. Me cuesta imaginar una proposición que profundice más la de por si terrible inequidad de la sociedad chilena. Un dato: el indicador de segregación o variabilidad de resultados inter-escuelas del test de  PISA es de 53 puntos para Chile, 40 para Uruguay, 12 para España y 5 para Finlandia. La segregación en Chile es feroz: educativa, racial, geográfica, y de clases sociales. El país con mejor equidad educativa de América Latina es Uruguay, y aun así un 40% de sus estudiantes de 15 a 19 años está en o por debajo del nivel 1 - en la escala de 1 a 6 - del test de lectura de PISA. Este porcentaje es de 48% en Chile, 50% en Brasil, y en Perú llega a la escalofriante cifra de 80%.

Ahora, imaginemos que el Estado, que le ofrece una subvención per capita de, para redondear, 40 mil pesos mensuales a un alumno que asiste a una escuela particular subvencionada, le cofinanciara además, por la vía del descuento tributario, 20 mil de los 40 mil pesos del copago adicional que esa familia de clase media realiza en esa escuela. El Estado estaría entonces invirtiendo 40 mil pesos en un alumno de escasos recursos, y 60 mil mensuales en este alumno de clase media.

Si de igualdad de oportunidades se trata, esto es ir exactamente en la dirección contraria. Sería darle más recursos para la educación a los alumnos de clase media que a los de clase baja, que por cierto no tienen recursos para financiar un copago, y que ni siquiera pagan impuestos porque no tienen con qué. Eso, sin contar con que el efecto neto de reducción en la recaudación fiscal disminuiría la de por si menguada capacidad del Estado para asegurar calidad en la educación, la salud o la vivienda a las familias vulnerables.

Cosa muy distinta es otorgar una subvención estatal diferenciada a cada niño vulnerable, dando igual si el está asistiendo a una escuela municipal o particular subvencionada. Eso es correcto, es intentar “aplanar la cancha” a aquellos niños cuyo capital cultural y recursos financieros son menores que los de familias adineradas.

Cuando cuestioné esta idea en Twitter, un ciudadano me respondió: “Tengo 3 hijos, gasto 600 mil en educación + dividendos. Ganaba 3 palos, quede sin pega más de 1 año, hoy gano 1,5. ¿me considera rico?” En realidad no, no lo considero rico, pero debo comentarle que su ingreso familiar de 1,5 “palos”, si se divide entre las 5 personas que supongo integran su familia, le deja un ingreso per capita de 300 mil mensuales. Esto lo deja exactamente en el ingreso que define la frontera entre el 10% más rico y el 90% más pobre de Chile. Si definiéramos clase “media” como aquel que está en la frontera entre el 50% más rico y el 50% más pobre de Chile, este señor sumado a su señora debiera estar ganando...  0,5 “palos”, es decir, 100.000 per capita. La inequidad en Chile es terrorífica.

Por otro lado, de adoptarse esta medida, la educación pública de administración municipal, que ya viene cayendo en picada, terminaría por destruirse, al otorgársele privilegios económicos a aquellos alumnos que migren a la educación particular subvencionada con co- pago. Sería el golpe de gracia a la ya alicaída educación pública administrada por el Estado. La matrícula pública municipal era el 78% del total en 1981, hoy debe ser menor al 45%, y con el “efecto terremoto” es posible que llegue a 40%.

Aquí subyace un dilema central, que algunos se atreven a esbozar en pasillos, mas no públicamente. Si ya la Ley General de Educación (supuestamente) permitirá la adecuada supervisión de la calidad y uso de recursos públicos de los sostenedores privados, y si el Colegio de Profesores (previsiblemente) persistirá en la actitud de confrontación y los paros reiterados, ¿por qué no ahorrarse problemas y permitir discretamente la lenta agonía de la educación pública municipal, dejando que la tendencia a la disminución de matrícula deje esta modalidad educativa reducida a su mínima expresión, probablemente en zonas muy aisladas? Muchos alcaldes, después de años de luchar contra las dificultades burocráticas y financieras que el Estado les ha impuesto, estarán más que felices de deshacerse del “cacho” que les significa la educación.

Es obvio que en la zona terremoteada la oferta educativa privada resurgirá más rápido que la pública (si no se hace algo para reducir la burocracia reconstructiva).  Bastaría con proveer adecuados incentivos al retiro de los profesores públicos, aumentar los recursos de la subvención o voucher, y dar esos terroríficos incentivos a la desigualdad sugeridos por mi buen amigo Rodrigo, para terminar con un 80 o 90% de la educación siendo del tipo particular subvencionada. Esa idea no me gusta.

Es imprescindible no sólo preservar lo que hay, sino recuperar la calidad del sistema público, para que conviva con el privado en un estado de “competencia en equilibrio”, es decir, en que los ciudadanos que prefieran la educación pública puedan optar por recibir una de tan buena calidad como los que legítimamente prefieran la privada, sea por razones de proyecto educativo o religiosas.  La forma de hacerlo ha sido planteada en nuestra Hoja de Ruta, disponible en www.educacion2020.cl

Las razones para rescatar la educación pública - obviamente discutibles según el color del cristal con que se mire - son siete:

1)    No parece factible disminuir la dramática segregación social, racial y de clases de la sociedad chilena sin una educación pública y gratuita de suficiente calidad como para competir en su oferta con la de la educación privada y así contribuir a la regulación de la oferta privada por la vía del propio mercado. Algunos Alcaldes de la propia UDI han constatado con temor que en sus propias comunas hay escuelas particulares que son excelentes, y otras que son un verdadero fraude y abuso de recursos públicos, teniendo ellos las manos atadas para detener este abuso.

2)    Es necesario garantizar el derecho constitucional de todos (social y geográficamente) a la educación obligatoria y gratuita, y la posibilidad, en cada comuna y localidad de Chile, de que los padres SI puedan optar por una educación pública de calidad, sin tener que realizar un copago.

3)    Es necesario garantizar la existencia de proyectos educativos integradores, a diferencia de proyectos educativos que representen intereses particulares o de grupos específicos de la sociedad, sean estos religiosos o ideológicos. Por extremar el argumento, si una empresa transnacional de origen musulmán, mormón, anglicano o hare-krishna decidiera instalar 50 colegios en la comuna de Antofagasta (colegios buenos, con 300 puntos de SIMCE) y en esta comuna prácticamente no sobreviviera ninguna escuela municipal, ¿parecería razonable que los padres sólo puedan optar por ese tipo de educación... con subsidios privilegiados del estado respecto a la educación sin co-pago? Si bien la LGE hoy prohíbe la selección de alumnos en básica, excepto por razones de capacidad de co-pago, la realidad, denunciada recientemente en este mismo medio de prensa, es que un 70% de los colegios particulares subvencionados sigue seleccionando de acuerdo a sus propios criterios. Lo más importante que se logró con la LGE se ha diluido en la nada por incapacidad fiscalizadora.

4)    Es altamente dudoso que, al menos por un largo tiempo, y aunque se monte una razonable Superintendencia de Educación y una Agencia de la Calidad, el Estado esté en condiciones de asegurar y supervisar una oferta de educación privada de calidad para 3.5 millones de escolares repartidos en 10.000 establecimientos. Hoy, cuesta visualizar una solución equitativa por la vía de la educación puramente privada y financiada con vouchers, adecuadamente supervisada y con un mercado transparente de usuarios informados, por más ejercicios de des-ideologización mental que uno haga.

5)    Es imprescindible para el país desarrollar proyectos educativos de nivel nacional considerados de interés común para la sociedad, sea por su contenido cultural o de cualquier índole. Asimismo, es imprescindible contar con escuelas públicas en que puedan convivir, sin pagar, alumnos de diferente origen racial y de clase social, para que tan siquiera se conozcan.

6)    Esta razón es la más sensible y discutible. Es un escenario que hoy no se ha dado, pero que es posible: Chile es un país muy concentrado en el poder político, económico, comunicacional y religioso. Hoy, las escuelas privadas con voucher están atomizadas en un gran número de propietarios de las mismas. Hay muchas ONG sin fines de lucro, instituciones religiosas, y lo que pudiera llamarse pequeñas o medianas empresas educativas con fines de lucro, pero un lucro bastante poco promisorio. Salvo excepciones, no son un gran negocio. La duda, si acaso la educación pública escolar cae en un estado de irreversible deterioro: ¿qué frenaría la creación o adquisición de grandes conglomerados de escuelas por parte de los mismos conglomerados ideológicos y religiosos? En un “mercado perfecto”, los padres que no tengan la inclinación ideológica o religiosa de esos grandes grupos podrían escoger una escuela municipal, o una privada laica y plural en lo político, pero eso requiere que esa oferta exista, en cada territorio y localidad, con una calidad mínima indispensable. En caso contrario, los padres se verán simplemente obligados a enviar a sus hijos a las escuelas privadas de su localidad, cualquiera sea su orientación ideológica o religiosa. La concentración es un riesgo no descartable. De ocurrir este fenómeno, se generaría una irreversibilidad de impredecibles consecuencias para el país.

7)    Detrás de estas propuestas subyace un mito urbano: que la educación particular subvencionada es mejor que la municipal. Sabemos que la educación municipal está en muchos lados en situación de catástrofe. Pero seamos claros, la educación particular subvencionada en escuelas vulnerables, salvo honrosas excepciones, está en la misma catástrofe. En escuelas de índice de vulnerabilidad 0.5 a 1.0, es decir de alta  concentración de alumnos vulnerables social, el promedio SIMCE de las particulares subvencionadas es 240, y el de las municipales es 241. Por cada excelente establecimiento privado como las escuelas Matte, hay una contraparte que es un verdadero fraude. La pregunta que cabe hacerse, más bien, es ¿porqué, si las municipales acarrean las tremendas rigideces del Estatuto Docente que todos conocemos, si además han debido cargar por décadas con el lastre de los directores vitalicios, las privadas no lo están haciendo mejor? Son mitos instalados por la prensa, por razones no precisamente pulcras en lo ideológico. La única razón que explica los mejores SIMCE promedio de las particulares subvencionadas es que, en promedio, atienden a escolares de familias de mayores ingresos y capital cultural, que tienen recursos para el copago.

El rescate de la educación pública pasa, inevitablemente, por la viabilidad política de una negociación razonada entre el Estado y el gremio de los profesores, hoy muy fracturado. Eso dependerá de la fuerza, convicción y decisión política del gobierno de turno - que estará siempre tentado por postergar este espinoso problema otros cuatro años y dejarle el problema a su sucesor - y de la disposición a la negociación del combativo gremio de los docentes públicos.

El escenario opuesto, la tormenta perfecta para la educación pública, es la persistencia de la conflictividad, que llevará al gremio, supuestamente preocupado de la preservación de la educación pública, y de sus puestos de trabajo, a la progresiva autoaniquilación del mismo. La posibilidad política de que el gremio logre, por la ruta confrontacional, la eliminación de la educación particular subvencionada (el fin del lucro, su bandera más preciada) es virtualmente imposible en el escenario político y constitucional actual. Esta orientación combativa de su dirigencia, de persistir, alimentada a su vez por algunos parlamentarios que le darán apoyo por razones ideológicas y electorales, podría terminar con la educación pública y su gremio auto eliminados, no de un día al siguiente, sino por un fenómeno de atrición y desgaste progresivo. Ojala encontremos como país una salida que permita mejorar la calidad de la educación pública. La educación de calidad no es lo único que soluciona la segregación social, pero a la inversa, no hay solución a la segregación sin educación de calidad - privada y pública- para las familias vulnerables. No quiero sonar rimbombante, pero es el destino de la república el que está en juego.

(Agradezco a Cesia Arredondo, Valentina Quiroga y Soledad Diez la colaboración en partes de este texto. La responsabilidad es del autor)