Rogativa de 21 de Mayo
May. 19 , 2012
Quien ruega por la educación no se humilla. Por ello, rogamos que en el
discurso del 21 de Mayo el Presidente recuerde que un objetivo tan
importante como la calidad es la disminución de la segregación social
del sistema educativo, y que considere una afrenta nacional tener el
peor índice del mundo en esta materia. En nuestro de por sí inequitativo
país, los hijos de ricos estudian con hijos de ricos, los de clase
media alta con los de clase media alta, y así sucesivamente, desde el
jardín a la universidad. Las consecuencias para el tejido social de la
nación son tenebrosas...
Terminando de matar la educación pública
May. 06 , 2012
El gobierno chileno, encabezado primero por Pinochet, luego por la Concertación, y luego la Alianza, ha estado matando sistemáticamente la educación pública. Una suerte de genocidio institucional que va a terminar haciendo un grave daño a la república.
Hora de decir las cosas como son. “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” (Juan 8: 32)
La conflictividad gremial y estudiantil, consecuencia de este fenómeno, paradojalmente ha contribuido a dañar lo que quieren defender. No me extenderé aquí en las explicaciones del daño, pueden consultarlas en el sitio web de nuestra campaña por la Educación Pública, www.educacionpublicaahora.cl . Si esta columna lo convence, tal vez sea hora de que el lector haga algo y se adhiera. La presión ciudadana ayuda, y lo sabemos.
Relatemos. “Por sus hechos los conoceréis.” (Mateo 7:20) Este proceso lo comenzó Pinochet con su “municipalización a la brutanteque”. Entiéndase bien. Muchos países exitosos con educación pública predominante (la mayoría de la OCDE funciona así) administran la educación en forma de corporaciones locales de alguna naturaleza: a veces los propios municipios, a veces corporaciones o distritos escolares locales. Eso es bueno pues la comunidad se involucra, no así un organismo burocrático, central y lejano. Lo “brutanteque” fue hacerlo endilgándole la educación a los municipios sin ninguna preparación ni recursos, y de pasada generándole un daño salarial y previsional a los profesores, lo que provocó una conflictividad que perdura hasta hoy. Tampoco se estableció mecanismo alguno para intervenir sostenedores públicos (ni privados) que realizaran una mala labor o desviaran recursos, como sí se hace en países de la OCDE.
De pasada, Pinochet desreguló completamente al sector privado así como la formación pedagógica. Hasta hoy se pueden “vender cartones de pedagogía” a analfabetos funcionales, por cierto pagando $3 ó $4 milloncitos. Le quitó el Pedagógico a la U. de Chile. En fin, para qué sigo.
La Concertación, a su turno, observó la caída de matrícula de la educación pública municipalizada con pasividad y parsimonia durante 20 años, sin explicarle a su electorado lo que estaba pasando. Por sus hechos los conoceréis: esta matrícula cayó del 70% al 40%. Ese es el resultado neto, y esas cosas no ocurren por casualidad. Un gestito para la galería por aquí, otro por allá, unas platitas complementarias por acá, y una cantidad de restricciones burocráticas impuestas desde el MINEDUC que harían palidecer al más templado. Ningún intento serio por resolver lo central: reconstruir su dañada institucionalidad y añejas fórmulas de financiamiento, y regular la proliferación de micropymes “reguleques” de educación privada, de peor calidad que muchas municipales, pero pintadas de rosadito por fuera. Ni que decir que virtualmente se suspendió la construcción de nuevas escuelas públicas en zonas de expansión urbana como Maipú, Alto Hospicio o La Florida, dejándole así el terreno libre a la iniciativa privada. El 90% de la inversión en nuevas escuelas en el período fue privada. Lo mismo ocurrió en educación superior.
Para complicar más las cosas, en este ambiente de conflictividad gremial, como señal de apaciguamiento, la Concertación aprobó en 1990 un Estatuto Docente con grados tan extremos de rigidez laboral, que terminó de atarle las manos a municipios que ya estaban en suficiente situación de desmedro en su capacidad de gestión. La guinda de la torta: el invento del financiamiento compartido. Los padres que pueden pagar, mandan a sus hijos a escuelas que cobran, los que no, no. Se garantizó así la segregación social del sistema escolar. Y si un alumno se porta mal o se atrasa en los estudios, vamos echándolo de las escuelas particulares a las públicas. Total, hay que “descremar el mercado” para que sea buen negocio ¿no? Si Ud. quiere leer más sobre segregación escolar, puede hacerlo en “Apartheid en Chile”.
Démosle algún crédito a la Concertación, eso sí. Logró, después de 15 años de intentos legislativos bloqueados por la Alianza, cambiar la maléfica fórmula que amarró Pinochet a última hora, dentro de sus numerosas leyes de amarre: Directivos Escolares vi-ta-li-cios. Si, pocos todavía lo creen y lo entienden. Durante 15 años los municipios tuvieron que administrar escuelas cuyos directivos no le respondían a nadie, porque eran vi-ta-li-cios. Trate Ud. de administrar un holding de 5000 filiales, en que los gerentes de esas filiales se le ríen en su cara porque son vi-ta-li-cios. Vi con mis propios ojos en el 2009 a la entonces Senadora Matthei denunciando en el Congreso la aberración que su propia coalición había cometido al bloquear la concursabilidad de Directores Escolares por quince años. La Alianza cometió con eso uno de los peores actos de travestismo político en décadas. Pero claro, luego se aprobó la concursabilidad… y el criterio central de la selección de Directivos que se inventó fue…. el número de cursillos de capacitación tomados por los postulantes. Dime cuantos certificados (truchos) presentas y te diré quién es el Director, permitiendo además mecanismos de concurso que le facilitaron a muchos alcaldes politicastros de todos los colores (que los hay) contratar a sus compadres políticos, y no precisamente por sus habilidades de liderazgo pedagógico. Aunque también es verdad que la Concertación mejoró un Fondo de Gestión Municipal que ayudó a paliar los daños.
El otro gran logro de la Concertación – muy positivo por cierto - fue la subvención preferencial para niños vulnerables. Obvia medida pro-equidad, aplicable por cierto a escuelas particulares y municipales, con el pequeño detalle de que transcurrieron 16 años desde la segregadora medida del financiamiento compartido hasta el inicio de la SEP. El daño de segregación ya estaba hecho.
Llega entonces el gobierno de la Alianza. Muchos de sus integrantes son los mismos que inventaron este sistema de “pseudo mercado educativo” – desregulado, con asimetría entre la oferta y la demanda, y poco transparente - hace 30 años. No es que sean malignos, esa tesis no me la compro. Simplemente tienen fe cuasi religiosa en que es el mercado, tal vez con mejores regulaciones, el que va a resolver los problemas de calidad y equidad de la educación. La segregación escolar simplemente no figura en su léxico, y si figura, no importa. Tampoco les importa ni les interesa ver la evidencia internacional: no existe NINGUN país exitoso en educación en el planeta con presencia mayoritaria de escuelas particulares subvencionadas por el estado, con copago de los padres, con fines de lucro, compitiendo y no colaborando con las escuelas públicas, y en un sistema socialmente segregado. No existe. Así son la fe religiosa y la fe ideológica. La evidencia importa poco.
Veamos qué ha hecho la Alianza respecto a la educación pública. Durante su primer año de gobierno, fueron dos gambitos comunicacionales. El primero fueron los “Liceos de Excelencia”. Magistral jugada que le permitió durante un tiempo navegar con bandera de protector de la educación pública mientras sigue creciendo la privada. Entiéndase bien. No tengo mucho en contra de estos Liceos (salvo que segregan y descreman a los mejores alumnos de Media). El punto es que cubrirán con suerte al 0.5% de la matrícula… pero eso curiosamente no se suele mencionar en la prensa.
El segundo gambito, casi maligno y evidentemente deliberado, fueron los “Semáforos del SIMCE”. Rojo para los puntajes bajos, amarillo para los medios, verde para los altos. Rojo es escuela mala, verde es buena. Como el puntaje SIMCE depende en un 85% del nivel socioeconómico de los alumnos (comprobado estadísticamente), en este segregado sistema – predeciblemente – las “mejores escuelas” resultaron ser privadas. Si se hubiera proporcionado el dato del SIMCE ajustado por nivel socioeconómico de la escuela, muchos de los “rojos” habrían resultado “verdes” y viceversa. Pero la embestida comunicacional funcionó. Hasta hoy y por años diversos medios de prensa publican los “ranking de las mejores escuelas”, que en realidad no lo son necesariamente en lo académico, sino en su capacidad para concentrar niños de familias más ricas.
Luego, vino la embestida legislativa. El primer round fue el proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación que se tramitó a fines del 2010. Excelente proyecto, mejoró la concursabilidad y salario de Directivos, proporcionó recursos (en forma de préstamo) para el retiro de profesores, flexibilizó el estatuto docente. Top… hasta que comenzamos a rascar en los números. El proyecto traía un “caballo de Troya”. Cuando modelamos la situación financiera en que quedaban los municipios por la aplicación de la ley, un porcentaje significativo de ellos, los de menor tamaño sobre todo, quedaba virtualmente en quiebra. Fue tal la pelea que armamos en el Congreso que finalmente el gobierno tuvo que ceder y aportar US$ 150 millones adicionales para financiar la ley, como lo reconoció el propio Ministro Lavín. ¿Error de cálculo o ataque deliberado a la educación pública? Nunca lo sabremos.
A continuación, vino el así llamado proyecto de “desmunicipalización” o Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública a fines del 2011. Este fue otro gambito comunicacional, pues su redacción era tan defectuosa (como la del proyecto que en su momento presentó la Concertación) que en realidad era simplemente un proyecto que iba al matadero, pero que dejaba al gobierno luciendo como “preocupado por la educación pública”. Hoy está en el refrigerador.
Prosigamos. Recientemente, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley de Carrera Docente. En forma casi incomprensible, el proyecto, que suena excelente en muchos sentidos, dando remuneraciones sustancialmente mejores a los mejores profesores, le da un trato totalmente diferenciado a escuelas municipales y particulares. Las municipales deben gastar los recursos en este propósito, las particulares pueden, si así lo desean, usar los recursos para construir nuevas escuelas o meterse la plata al bolsillo. El feble argumento es que el estándar de mercado laboral lo van a poner las escuelas públicas… la pregunta es: ¿porqué unos tienen las manos atadas y otros las manos desatadas respecto al uso de esos recursos? Por cierto, en Holanda y Bélgica, UNICOS países con educación particular subvencionada mayoritaria, las reglas laborales de los profesores son idénticas para todas las escuelas, y las remuneraciones las paga directamente el Estado, aun en escuelas particulares, que por cierto no tienen copago de los padres ni fines de lucro. ¿Error técnico o intento de demolición? Nunca lo sabremos.
Por último, y ya para terminar de completar el acoso a la educación pública, la más reciente reforma tributaria le ofrece deducciones de $100.000 anuales “a la clase media” que tiene ingresos suficientes para pagar impuesto a la renta, lo cual le facilitará (si no logramos pararlo) a los apoderados profundizar la segregación social, trasladándolos de una escuela pública a una privada, por razones mas bien aspiracionales y de segregación social que de calidad educativa. Los más ricos en escuelas particulares subvencionadas con copago y descuento al impuesto a la renta, los más pobres en escuelas sin copago o municipales.
La matrícula pública, con la alegre colaboración de los paros y tomas, ya va en 34%, y de aprobarse estas medidas, terminará inevitablemente muriendo en muchas comunas o reducida a su mínima expresión, con algunos Liceos de Excelencia para salvar las apariencias. Los estudiantes y profesores marcharon por la educación pública y se tomaron las escuelas públicas, mientras los proyectos de ley la matan calladitos. Por sus hechos los conoceréis.
No tenemos nada contra la educación particular subvencionada bien regulada. Pero vea por qué hay que defender la educación pública y adhiérase entonces en www.educacionpublicaahora.cl
Profundizando el "apartheid" educativo
Apr. 26 , 2012
Los anuncios presidenciales de reforma tributaria no trajeron mayores novedades respecto a lo preanunciado en la semana. Vamos primero al monto total: entre US$ 700 y US$ 1000 millones anuales adicionales de recaudación. Suena harto…
[Read More]El negociado de la educación superior.
Apr. 22 , 2012
La explosión estudiantil del 2011 tuvo como origen esencial la
frustración de cientos de miles de alumnos de educación superior y sus
familias. De 1 millón de estudiantes, aproximadamente 400 mil terminan
desertando y endeudados, 300 mil terminan con un título tan subvalorado
que no podrán pagar su deuda ni en 20 años, y sólo 300 mil llegarán al
“santo grial del título rentable”...
Tortuosa Reforma Educativa
Apr. 16 , 2012
El festival anual del SIMCE está comenzando a amainar. Hubo nuevamente algunos bienvenidos aumentos graduales de puntaje, pero a este ritmo nos tomará algunas décadas resolver las cosas para llegar a los niveles deseables y necesarios....
[Read More]El Estado debiera emitir un 20% de acciones de CODELCO
Mar. 09 , 2012
Creo – y es una opinión personal y no institucional - que el país requiere urgentemente una reforma política, y asimismo una reforma tributaria que lleve el total de impuestos recaudados desde el actual 19 - 20% del PIB a 24-25% del PIB.
No creo que esto signifique “convertirse en despilfarradores europeos”, como muchos en la derecha neoliberal suelen afirmar. En los países que están entrando en default económico, especialmente en el sur de Europa, las cargas tributarias bordean el 40-50%, y peor aún, han gastado más que eso, generando fuerte déficit de finanzas públicas, por severa irresponsabilidad fiscal y de los banqueros que las financiaron.
Creo que estos impuestos deben provenir principalmente de las empresas. Me da igual si es por la vía de aumento al impuesto a la renta, o por la eliminación de la enorme variedad de franquicias tributarias disponibles.
No creo, como dicen algunos, que esto vaya a constituir un impedimento al desarrollo económico de Chile. De hecho, las empresas chilenas han invertido en el exterior cerca de US$ 40.000 millones de dólares en países donde la carga tributaria para las empresas es significativamente mayor.
Estos recursos son imprescindibles para, en primer lugar, realizar una reforma educativa profunda, así como para mejorar la salud pública, la vivienda, y para enfrentar la creciente bomba de tiempo previsional con que se verán enfrentados los 4 quintiles menos ricos de la sociedad.
Dicho lo anterior, no soy optimista respecto a que una reforma tributaria de esta envergadura vaya a ocurrir en los próximos años. No tenemos en vista una reforma política verdaderamente profunda, y no veo mucha esperanza de que ella ocurra en un futuro cercano. Con un Congreso pareado como el que tenemos, no veo posibilidades de que esta reforma tributaria se materialice, pues será evidentemente bloqueada por los sectores más neoliberales del Congreso.
Sin embargo, lamentablemente, cada año que pasa, más de cien mil escolares egresan de Media sin entender lo que leen, la educación pública se está desmoronando a pasos acelerados, la educación superior y las restantes necesidades sociales NO se van a resolver sin recursos adicionales significativos. La ciudadanía los necesita a la brevedad.
Por lo anterior, y sin dejar de luchar por los principios arriba expuestos, creo que es necesario y además conveniente para todos que el Estado licite, en condiciones rigurosas y transparentes, una emisión del equivalente a un 20% de acciones de CODELCO, empresa pública de todos los chilenos, y que debe continuar siendo una empresa pública de todos los chilenos.
Las utilidades anuales de CODELCO bordean los $4 mil millones, con lo cual su valor de mercado (sin considerar sus reservas no explotadas) debe rondar los US$ 70 mil millones Esta licitación podría generar, por lo bajo, US$ 14.000 millones, y probablemente arriba de US $20 mil millones (y si no los generara, al poner un precio mínimo a esta licitación, simplemente no se materializaría la operación).
Estos recursos podrían dedicarse, en primer lugar, a financiar algunos de los gastos e inversiones sociales arriba mencionadas, y en segundo lugar, tan importante como lo primero, a capitalizar CODELCO, empresa constantemente estrangulada en sus planes de expansión porque el fisco le retira todos los años excesivos recursos, permitiéndole invertir mucho menos de lo necesario en este mundo de creciente competencia entre mega empresas mineras.
Al invertir adecuadamente en su expansión nacional e internacional cerca de US$ 10 mil millones de dólares adicionales a su presupuesto regular de inversión, es indudable que esto aumentaría significativamente el valor de la empresa, con lo cual es muy probable que el valor de la misma supere por lejos el valor actual.
Por otro lado, al incorporarse accionistas diferentes a los del Estado, es indudable que la transparencia de su administración aumentará, más allá de lo que ya se ha avanzado en esta materia, que es considerable. Esto no sólo mejoraría su gestión sino que aumentaría su valor de mercado.
Frente a los temores de que “esto abriría la puerta a su privatización total”, es necesario recordar que esta decisión requeriría un cambio de nivel constitucional, y que por tanto también puede quedar asegurado constitucionalmente que ese 20% sea un tope máximo. No estoy proponiendo “privatizar CODELCO”, como algunas mentes fundamentalistas podrían imaginar.
Adicionalmente, propongo que esta licitación de acciones se abra únicamente a los fondos de pensión y a sindicatos o cooperativas de trabajadores, con lo cual se aseguraría que los beneficios de su valorización sean recibidos por los trabajadores de Chile. A quienes dicen que esto significaría “entregarle CODELCO a las AFP”, yo les respondo que se lo estamos entregando a los Fondos de Pensión de cada uno, y no a sus administradores.
Más aun, se podría incluir en esta reforma constitucional la restricción de que en ningún caso este 20% podrá concentrarse en pocas manos, y que en todo momento debieran ser no menos de 10 entidades sin relación de propiedad entre ellas las dueñas de estos paquetes accionarios.
Cuando el Presidente Luis Ignacio (Lula) da Silva, previamente un obrero metalúrgico, realizó operaciones similares con las empresas públicas Vale do Rio Doce, y Petrobrás, fue fuertemente criticado por los sectores más ideologizados de la izquierda brasileña. Vale do Rio Doce aumento su valor de mercado en cerca de 20 veces.
En Septiembre de 2010 Petrobrás, empresa petrolera estatal, hizo una emisión de acciones en la Bolsa de Sao Paulo. El valor recaudado fue de US$ 72 mil millones, y la empresa se convirtió en la cuarta compañía más grande del mundo, con el estado brasileño controlando directa e indirectamente el 64% de su propiedad. Hoy, despacha gasolina en estaciones de servicio chilenas. ¿Es eso “privatización” o es gestión moderna y ambiciosa de una gran empresa pública?
Por último, no me considero para nada un experto en economía ni en finanzas públicas, ni tengo certeza plena sobre las cifras arriba mencionadas, pero creo que estos temas deben discutirse con altura de miras, sin pre-juicios ideológicos, y siempre con el propósito de que esta empresa le genere el máximo de recursos posible a todos los chilenos.
La regla del 40%
Dec. 11 , 2011
Esta es una columna corta producto de un fin de semana largo...
Proyecto de ley de casi desmunicipalización
Dec. 08 , 2011
Hace un año, el gobierno mandó al Congreso el proyecto de Calidad y Equidad en la Educación...
[Read More]Una nueva política de Educación Superior
Nov. 21 , 2011
Diagnóstico
En los últimos 25 años se crearon decenas de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, prácticamente sin ninguna regulación. Menos del 20% de las cerca de 5000 carreras ofrecidas en algún campus cuentan hoy con algún tipo de acreditación, y la mera lectura de los informes en muchas universidades o carreras acreditadas por 1, 2 o 3 años hace evidente la laxitud de los criterios.
Se supuso que el mercado y la inversión privada aumentarían la cobertura, y a través de la competencia, provocarían mejoras de calidad porque los estudiantes estarían bien informados para escoger la mejor calidad al menor precio. Dada la virtual inexistencia de un marco regulatorio, es evidente que ha habido abuso para cientos de miles de estudiantes que marchan por las calles: “clientes” desinformados que, en muchos casos no comprenden lo que leen ni lo que es una tasa de interés.
Según un informe del MINEDUC, tan sólo en la tasa de retención de alumnos de 1er año de la cohorte 2007, esta fue de 62,5% en CFT, 58,1% en IP y 75% en Universidades, con un promedio general de 67,9%. Hay diversas carreras e instituciones con tasas de retención al 1er año inferiores al 50%.
El resultado: de 100 “clientes” que aspiran a “comprar” un título, aproximadamente 40 desertará entre 1er y 3er año por razones académicas y/o económicas, y quedará endeudado (aunque con frecuencia postulan a otra carrera, pero la deuda ya la adquirieron). De los que logran el título, generalmente en un 30-50% de tiempo y costo adicionales a lo previsto, aproximadamente la mitad va a un empleo de mala o pésima remuneración, ya sea por la mala formación que adquirieron, por la segregación social del sistema laboral, por la sobreoferta de carreras innecesarias o absurdas, con lo cual terminarán pagando su elevada deuda en 20 ó 30 años, si es que lo logran.
Para dar una idea de la heterogeneidad de la oferta de educación superior desregulada, según futurolaboral.cl, el 10% superior de los egresados de Arquitectura, al 4º año de vida laboral, gana en promedio $1.5 millones, y el 10% inferior $0.3 millones. Estos últimos no podrán pagar sus deudas universitarias ni en 30 años. Esto ocurre en todas las carreras.
Por su parte, el Estado “abdicó de sus responsabilidades” respecto a sus propios establecimientos. Decidió no invertir en establecimientos emblemáticos a nivel técnico profesional, y le dio un apoyo financiero más bien marginal a sus propias instituciones, cometiéndose adicionalmente el error de diferenciar un grupo de universidades “CRUCH” sin que exista un criterio nítido respecto a la integración de este grupo, sea este por tipo de propiedad, de calidad o labor académica. No son ni las universidades del estado ni son las de excelencia.
Aranceles intolerablemente elevados
En promedio, los
aranceles universitarios, comparados con el ingreso per cápita, son
posiblemente los más altos del mundo y con mucho menos financiamiento
público.
El altísimo costo de los aranceles se debe a que los estudiantes no sólo han estado pagando el costo de su educación, sino que financiando la expansión inmobiliaria de entes privados y la investigación y desarrollo de universidades tradicionales. Esto debe terminar.
Las fuentes de recursos para la expansión inmobiliaria deben provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de sus dueños, y/o préstamos del Estado en condiciones rigurosas y de largo plazo; y los bienes públicos no ligados a la docencia – como investigación, extensión, generación de bienes públicos y construcción de masa académica estable - deben provenir del Estado por otras rutas.
La educación técnica y de oficios
Por primera vez este año el número de matriculados en IP y CFT superó ligeramente a la de Universidades, lo cual es una buena señal. Pero en cualquier escenario, en los países avanzados la población de personas con oficios y grados técnicos sólidos y certificados triplica a la de profesionales universitarios y en Chile es a la inversa.
Por dar una idea del valor social de este tipo de formación en países avanzados, se puede constatar que en Canadá un ingeniero civil especializado en construcción gana anualmente 60 mil dólares, y un pintor certificado de la construcción 40 mil. La verdadera equidad salarial de Chile se logrará cuando contemos con oficios y grados técnicos sólidos, certificados, y valorados como tal por las empresas por su productividad.
Un reciente y extenso informe norteamericano, Pathways to Prosperity, de Harvard, puede considerarse como refundacional, y presenta fuertes similitudes con la realidad chilena. Algunos párrafos seleccionados:
" Sólo 56% de los que se enrolan en un “college” de 4 años obtienen el título de “bachelor” después de 6 años, y menos del 30% de los que se enrolan en un “community college” logran obtener su grado técnico dentro de los 3 años.
Las ocupaciones “intermedias” como electricista o jefe de obras… pagan más que muchos trabajos asociados a títulos universitarios. 27% de personas con licencias o certificados post-secundarios ganan más que el promedio de los que tienen el título de “bachelor”.
La educación vocacional que integra trabajo y aprendizaje es una forma superior de aprender. No sorprende que los jóvenes que han estado en programas que les enseñan acerca de la vida laboral y les dan habilidades blandas, así como entrenamiento y experiencia en una carrera, tienen mejores expectativas de encontrar empleo.
Nuestro sistema coloca demasiado énfasis en un camino único al éxito: graduarse de un “college” de 4 años después de completar enseñanza media. Hace mucho tiempo que debiéramos haber expandido el rango de trayectorias de alta calidad para nuestros jóvenes.
Las lecciones de otros países sugieren fuertemente que esta podría ser la estrategia más promisoria para aumentar significativamente el porcentaje de jóvenes que obtienen un título post-secundario o un certificado que les dé una carrera significativa.
Todo graduado de Media debiera poder encontrar rutas viables para perseguir simultáneamente una carrera y un grado o credencial post-secundaria. Para muchos de nuestros jóvenes, hemos generado opciones mutuamente excluyentes de prepararse para “college” vs. una carrera laboral.
El sistema americano para preparar a los jóvenes para llegar a vidas productivas y prósperas como adultos está gravemente descompuesto (badly broken). Las lecciones de Europa sugieren enfáticamente que buenos programas vocacionales proveen excelentes rutas para que muchos jóvenes ingresen a la fuerza de trabajo.
Pero aquí hay una hipótesis pedagógica más amplia: desde la adolescencia tardía en adelante, la mayor parte de los jóvenes aprenden mejor en programas que combinan estudio y trabajo, en que el aprendizaje es contextualizado y aplicado.
Irónicamente, este enfoque pedagógico ha sido ampliamente aplicado en profesionales de elevado estatus en Estados Unidos, donde la práctica clínica es una componente esencial de la preparación de doctores, arquitectos y (crecientemente) profesores"
La temática mencionada en el informe arriba citado prácticamente no ha sido abordada en reivindicaciones estudiantiles ni en los planteamientos del gobierno. Este es un momento definitorio para el sistema educativo chileno, y si se van a desarrollar soluciones que van a reproducir los errores arriba mencionados, habremos perdido una oportunidad histórica.
Por ende, los esquemas de financiamiento deben orientarse a soluciones mucho más flexibles, con propedéuticos orientadores intermedios, certificación laboral, una mayor prioridad a la formación técnica y en oficios, en que la educación dual adquiere una importancia fundamental. Inducir a estudiantes mal formados por el sistema escolar a la falsa promesa de un título universitario ciertamente no va a resolver problemas estructurales ni para esos estudiantes ni para el país.
El “contrato” entre el Estado y los proveedores de educación
Es necesario dar un giro en 180 grados a la forma en que el Estado se relaciona con los proveedores de la educación superior con algún tipo de subsidio estatal. Si un CFT, Instituto o Universidad, con o sin fines de lucro, público o privado, recibe recursos del estado como avales, créditos, subsidios o descuentos tributarios, debiera firmar el equivalente a un “contrato de concesión” en el cual demuestre el valor de su oferta, la calidad de la misma, adquiera compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, defina aranceles razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otros elementos, y transparente la totalidad de sus remuneraciones, fuentes de ingresos, egresos, y transacciones con entes relacionados, sea este un ente público o privado.
Nos parece bienvenido el anuncio de un reciente proyecto de ley en esta materia, aunque está por verse el contenido de las regulaciones, las exigencias detalladas de transparencia, la implementación de la Superintendencia, y los recursos adecuados para su operación. Son muchas las leyes en el sistema educativo que han adolecido de graves deficiencias en su implementación.
La desacreditada acreditación
Adicionalmente, debe realizarse a la brevedad posible una transformación radical del sistema de acreditación, no sólo en sus criterios, sino también en su institucionalidad y obligatoriedad. El sistema de que sea el propio acreditado el que le pague a un acreditador privado debe terminar. No sería tampoco comprensible que el Estado otorgue recursos para becas de una carrera de tres años, si es que esta, entre otras cosas, no está acreditada seriamente y por al menos tres años.
Por cierto, hay quienes llaman a que el sistema continúe siendo voluntario y auto-regulado. Nos parecería un grave error. Si no tuviéramos la historia de abusos ya conocida, la autorregulación voluntaria podría tal vez ser viable, pero en la situación actual sólo se prestará para la prolongación de abusos.
Un año transicional
Cerca del 40% de los que hoy ingresan a la educación superior no entienden a cabalidad lo que leen ni pueden realizar operaciones aritméticas simples. Generalmente provienen de los estratos de menores ingresos. Esto es atribuible al sistema escolar, y tomará tiempo resolverlo.
Por ello, es necesario que el Estado licite, entre instituciones sólidamente acreditadas, la provisión de un año transicional, nivelador y orientador, que aumente - en forma gratuita para esos alumnos - la posibilidad de ingresar a algún tipo de educación universitaria, técnica u oficio sólido, deseablemente con formación dual. Su ingreso directo al sistema de educación superior seguirá siendo en muchos casos una fuente de desperdicio de recursos públicos, y lo que es peor, de frustraciones, pérdida de valioso tiempo y endeudamiento personal.
Criterios de admisión
En el contexto actual, la importancia de la PSU se relativiza significativamente. Es una prueba útil, que las instituciones universitarias pueden mejorar y deben complementar con otras variables como la posición relativa del alumno dentro de su propio establecimiento (lo cual ha demostrado ser un buen predictor). Pero si Chile tendrá un sistema serio de financiamiento a la educación en IP y CFT, así como mecanismos de formación dual, y si se desarrolla el año transicional nivelador y orientador arriba referido, debe existir otro tipo de mecanismos de selección más adecuados para este tipo de educación.
En el caso de pedagogía, la PSU no debe ser el único ni mejor criterio de admisión, ni debe ser el criterio único para la asignación de becas Vocación de Profesor. Todo gasto que se haga en la adecuada preselección de esos alumnos en términos vocacionales y de habilidades interpersonales es de una altísima rentabilidad para el futuro del sistema escolar.
A manera de ejemplo, el sistema finlandés combina resultados académicos convencionales con ensayos, entrevistas, pruebas en aula y otras situaciones grupales. El resultado es que la deserción de las escuelas de pedagogía es mínima, y la calidad de todo el proceso educativo y de la carrera docente se asegura a partir de ese punto. Mientras esto no se resuelva, la habilitación docente es indispensable.
El gobierno y gestión de las universidades públicas
Hasta la fecha hay un dilema de política pública claramente no resuelto: ¿debe el Estado actuar como “dueño diligente de sus establecimientos” o los va a dejar a la mano libre del mercado, decidiendo a la vez no invertir en ellos? Hay razones fundadas para que el Estado tenga una presencia sólida a nivel técnico profesional y universitario en cada región, invirtiendo en ello los recursos necesarios.
Junto con nuestro llamado a que el Estado asuma a cabalidad la paternidad de sus propias instituciones de educación superior, el gobierno corporativo de sus universidades debe reformularse. Este debe – como dueño - hacerse cargo seriamente de su fortalecimiento, y éste no es meramente un asunto de recursos. Por ejemplo, no es posible hacerlas “competir” con entes privados teniendo la maquinaria administrativa, lentitud y restricciones burocráticas propias de un Ministerio. Si obsequio un café a un colega de mi propia U. de Chile soy en principio sujeto a una sanción de la Contraloría. Si licité un hotel para un seminario de 30 personas y llegan 35, debo re-licitar los 5 almuerzos adicionales. Así… no se puede.
Por otro lado, las fórmulas de gobierno corporativo de las universidades e institutos públicos – permitiendo razonables grados de democracia interna - deben asimismo permitirle al “dueño”, es decir el Estado, la vigilancia rigurosa y capacidad de intervención (aunque sea a distancia) de lo que ocurre en su interior, de manera de evitar capturas institucionales por parte de profesores, autoridades, alumnos o funcionarios. La forma de hacerlo nos es por vía de la Contraloría General de la República, sino cambiando el status jurídico de estas universidades.
Debiera entonces diseñarse una fórmula institucional, equivalente al Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, o los “Board of Trustees” americanos, es decir un cuerpo de especialistas financieros, no dependientes del Rector ni de su Consejo Académico, que vigilen la sanidad financiera y contable de la institución, manejen la Contraloría Interna, y aprueben el volumen total de gastos permisibles en un año fiscal.
Epilogo
Por loables que sean algunas iniciativas legislativas o presupuestales que han ido surgiendo, debemos aspirar a hacer todo bien y de una vez, con una nueva legislación integrada de educación superior que aborde sistémicamente estos complejos problemas. En caso contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos pero que posiblemente serán contradictorios entre sí. No habrá ocasión en al menos otra década para hincarle bien el diente al asunto.
Chile NO Crece Contigo
Nov. 07 , 2011
La incomprensible tacañería gubernamental en materia de salas cuna, educación parvularia y preescolar.
Hacia una legislación integral de la educación superior
Sep. 27 , 2011
La expansión vertiginosa de la educación superior, que ha traído algunos beneficios, detonó a su vez la explosión de graves problemas. Es la ocasión para abordarlos de manera sistémica y no con parches. La mera ampliación de recursos para becas o préstamos en condiciones más atractivas, o las reprogramaciones, bienvenidas sean, sólo taparán el sol con un dedo por un tiempo y generarán un nuevo aumento en los aranceles de un sector que hasta ahora ha operado no con libertad sino con libertinaje de mercado.
Hemos tenido uno de los sistemas más desregulados del planeta. De 4.700 carreras impartidas en algún campus, sólo 700 cuentan con acreditación, en muchos casos dudosa. El “pseudo mercado” ha sido opaco, y asimétrico para “clientes” desinformados. De 100 jóvenes que ingresan, 40 desertan por razones académicas y/o económicas, y quedan endeudados (salieron trasquilados); 30 terminan con un título desprestigiado y van al desempleo o a un pobre empleo (salieron trasquilados); y sólo 30 logran un título que les permite pagar su deuda en un plazo razonable. El mercado funciona bien en las panaderías: si no me gusta el pan, o está caro, al día siguiente voy a otra. Si soy un joven que se demoró dos años en darse cuenta de la mala “calidad del producto”, no me es trivial cambiar de carrera. Perdí dos años de vida y tengo deuda.
Los aranceles son de los más altos del mundo. Los estudiantes no sólo han estado pagando el costo de su educación, sino que financiando la expansión inmobiliaria de entes privados y la investigación y desarrollo de universidades tradicionales. Esto debe terminar. Las fuentes de recursos para la expansión inmobiliaria deben provenir de ampliaciones de capital y/o deuda de sus dueños, y los bienes públicos no ligados a la docencia – como investigación y construcción de masa académica estable - deben provenir del Estado por otras rutas.
Es hora de cambiar radicalmente el modelo regulatorio de la educación. Si un CFT, Instituto o Universidad, con o sin fines de lucro, público o privado, recibe recursos del estado como avales, créditos, subsidios o descuentos tributarios, debe firmar el equivalente a un “contrato de concesión” en el cual demuestre el valor de su oferta, la calidad de la misma, adquiera compromisos respecto a las tasas reales de deserción y duración de la carrera, defina aranceles razonables para financiar la educación de sus alumnos y no otros elementos, y transparente la totalidad de sus fuentes de ingresos, sus egresos, y sus transacciones con entes relacionados o “sociedades espejo”.
Adicionalmente, debe realizarse a la brevedad posible una transformación radical del sistema de acreditación, no sólo en sus criterios, sino también en su institucionalidad y obligatoriedad. El sistema de que sea el propio acreditado el que le pague al acreditador debe terminar. No sería tampoco comprensible que el Estado otorgue recursos para becas de una carrera de tres años, si es que esta, entre otras cosas, no está acreditada seriamente y por al menos tres años.
Chile, a diferencia de países desarrollados, tiene un problema adicional. Cerca del 40% de los que ingresan a la educación superior no entienden a cabalidad lo que leen ni pueden realizar operaciones aritméticas simples. Generalmente provienen de los estratos de menores ingresos. Esto es culpa del sistema escolar, y tomará tiempo resolverlo. Por ello, es necesario que el Estado licite, entre instituciones sólidamente acreditadas, la provisión de un año transicional, nivelador y orientador, que aumente - en forma gratuita para esos alumnos - la posibilidad de ingresar a algún tipo de educación universitaria, técnica u oficio sólido. Su ingreso directo al sistema de educación superior seguirá siendo una fuente de desperdicio de recursos públicos, y lo que es peor, de frustraciones y endeudamientos personales.
Por cierto, obligar a los jóvenes a definir una ruta profesional a los 18 años en estas condiciones es absurdo, y las instituciones de educación superior deben flexibilizar masivamente sus años iniciales para facilitar traspasos entre carreras, entre universidades, y entre niveles técnicos y universitarios. Hay un grave riesgo para el país si se continúa expandiendo el mito de “universidad para todos”. La “educación superior” gratuita y de calidad debe focalizarse en los quintiles más pobres, y debe privilegiar el adecuado balance entre oficios de calidad, carreras técnicas de calidad, y profesiones de calidad, en las proporciones adecuadas, esto es, 1 profesional universitario por cada 3 técnicos u oficios especializados y certificados.
Por ello, es necesario reorientar radicalmente el sistema de educación superior hacia la provisión de un sistema de oficios y carreras técnicas sólidas, certificadas, y que cierren la brecha salarial entre éstas y los títulos universitarios. Por dar un ejemplo, en Canadá un ingeniero civil de la construcción con 5 años de experiencia gana US$ 60.000 anuales, y un pintor certificado de la construcción gana US$ 40.000. Sólo cuando los oficios y las carreras técnicas estén debidamente certificadas y dignificadas comenzaremos a tener equidad salarial en el país.
Por último, el gobierno corporativo de las universidades pertenecientes al propio Estado debe reformularse radicalmente. Este debe – como dueño - hacerse cargo en serio de su fortalecimiento, y éste no es meramente un asunto de recursos. Por ejemplo, no es posible hacerlas “competir” con entes privados teniendo la maquinaria, lentitud y restricciones burocráticas propias de un Ministerio.
Las fórmulas de gobierno corporativo de las universidades e institutos públicos – permitiendo razonables grados de democracia interna - deben asimismo permitirle al “dueño”, es decir el Estado, la vigilancia rigurosa y capacidad de intervención (aunque sea a distancia) de lo que ocurre en su interior, de manera de evitar capturas institucionales por parte de profesores, autoridades, alumnos o funcionarios. Debe entonces diseñarse una fórmula institucional, equivalente al Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, o los “Board of Trustees” americanos, es decir un cuerpo de especialistas financieros, no dependientes del Rector ni de su Consejo Académico, que vigilen la sanidad financiera y contable de la institución, manejen la Contraloría Interna, y aprueben el volumen total de gastos permisibles en un año fiscal.
Por todo lo dicho aquí, por loables que sean las diferentes iniciativas legislativas separadas que han ido surgiendo, debemos aspirar a hacer todo bien y de una vez, con una nueva legislación integrada de educación superior que aborde sistémicamente estos complejos problemas. En caso contrario, terminaremos con un conjunto de “parches” superpuestos que serán tal vez vistosos pero que posiblemente serán contradictorios entre sí. No habrá ocasión en al menos otra década para hincarle bien el diente al asunto.
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