Ayer inscribimos el pacto Nueva Mayoría para Chile, porque estamos convencidos de la necesidad de nuestro país de contar con una tercera opción que asuma el sentido de urgencia de las necesidades que los chilenos y chilenas tenemos hoy.

Como ex intendente de la Región Metropolitana y actual asesor estratégico del comando presidencial de Marco Enríquez-Ominami, lamento profundamente que el Parlamento haya aprobado ayer una ley que restringe el derecho a reunión.

Ayer en Antofagasta, con ocasión del Encuentro Nacional de Alcaldes, vimos un hecho increíble, pero que ilustra muy bien lo que está pasando en la clase política tradicional de nuestro país. Los candidatos oficiales a la Presidencia de la República, de la Alianza y la Concertación, se reunieron en lugares diferentes con los alcaldes militantes de sus partidos políticos y no tuvieron la capacidad de recibir a los candidatos en su asamblea plena para escuchar sus planteamientos.

Declaraciones de Vidal y Puccio son inaceptables

En torno al juicio por las malversaciones en ChileDeportes, las declaraciones del ministro Vidal -en ese entonces ministro del Interior-, y por el ex ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, son inaceptables.

Ambos, señalan que dieron instrucciones a la Intendenta de Santiago y a la Subsecretaria de Deportes para nombrar a Juan Michel en el cargo de Director Regional de dicha institución cediendo a las presiones de Adolfo Zaldívar, ex presidente de la Democracia Cristiana.

La ley de Procedimientos Administrativos es clara y al consultar con expertos en derecho administrativo, lo primero que a uno le señalan, cuando asume un cargo público, es que en el ejercicio de éste, la función pública es inexcusable. No se puede dejar de actuar y no se puede responsabilizar a otros por decisiones que son privativas del cargo.

Lo anterior, es justamente lo que hice en el año 2002 al asumir la Intendencia de Santiago. Llamé a concurso público para nombrar los directivos regionales, antes de que fuera ley.

Y lo hice de esa forma, porque estaba convencido de que parte importante del éxito de nuestra gestión estaba en contar con directivos idóneos y comprometidos con el proyecto de gobierno.

Quizás por ello, muchas autoridades partidarias actuales me consideran hoy demasiado independiente.

A partir de la aceptación de Farmacia Ahumada de haberse coludido, el tema de los delitos económicos está nuevamente en la agenda pública. Junto a ello, aparecen distintos actores políticos y empresariales rasgando vestiduras y pidiendo castigos ejemplares.

Poco se dice que fue el Parlamento, hace unos pocos años atrás, la instancia que  despenalizó, por amplia mayoría, el delito de colusión, es decir, que eximió de ir a la cárcel a los infractores.

Llama la atención además que el Fiscal Nacional Económico de la época, sea hoy el abogado de una de las cadenas de farmacias y muchos parlamentarios que han salido a denunciar estos hechos votaron a favor despenalizar este delito “de cuello y corbata”.

Soy un convencido de que es necesario dar penas de cárcel a aquellos que atentan contra la Ley de libre competencia, especialmente en este caso, porque la colusión de precios en medicamentos, afecta directamente la salud y la vida de las personas.

Terminemos con la hipocresía del Parlamento. Es hora de que en Chile los senadores y diputados hagan su trabajo y legislen pensando en las personas y no en los poderosos que controlan los mercados y abusan de su posición dominante.

Eduardo Frei RT se abrió a discutir sobre el aborto terapéutico. Inmediatamente, personeros de la derecha –e incluso algunos militantes de la DC- han manifestado su enérgico rechazo a debatir sobre este crucial tema.

Bastó una conversación del presidenciable en una radio de Linares para encender la furia de quienes creen que negándose a discutir sobre un determinado tema, éste deja de existir. Basta de integrismos que niegan el derecho a dialogar e intercambiar ideas e información.

En Chile, se prohibió el aborto terapéutico en el año 1989, después de 58 años en los que estuvo permitido y, hoy, en el 98% de los países es considerado parte del tratamiento para salvar la vida de una mujer.

Es hora de que terminemos con la hipocresía, el aborto terapéutico se practica en Chile, ¿y cómo? Cada vez que se interrumpe un embarazo tubario -porque está en peligro la vida de la madre- estamos en presencia de un aborto terapéutico. Si se aplicara la ley tal como está escrita, muchos médicos y madres estarían cumpliendo condenas de prisión.

En este tema, los integristas se escudan en la desinformación de la ciudadanía y en polarizar la discusión entre quienes están por la vida y quienes están por la muerte. El tema es mucho más complejo que irse por un extremo u otro y pienso que debemos abrirnos a una discusión que nos haga crecer como sociedad. No podemos seguir imponiendo una verdad oficial. La gente está cansada de que se intente conducirles como borregos por las autoridades que se niegan al diálogo. Los temas determinantes para Chile deben debatirse de cara a la ciudadanía y debemos luchar por recuperar, también, el derecho a plebiscito donde toda la ciudadanía pueda participar directamente.

Chile está cambiando y las elites aún no se han dado cuenta. Un botón de muestra es lo sucedido en el plebiscito de Vitacura. Un alcalde bien evaluado, que gana su elección con 58% de los votos hace cuatro meses atrás, pierde un plebiscito de manera aplastante.  La ciudadanía está deseosa de participar y de contribuir a la construcción de un país que represente a la gran mayoría y no sólo a unos pocos que concentran el poder.

Tenemos un desafío para el bicentenario: preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Para ello, necesitamos que todos los chilenos y chilenas participen de este proceso mediante un plebiscito que convoque a todos y a cada uno de nosotros.

La Región del Maule se merece salir del fondo de todas las listas de indicadores nacionales. Es increíble que ocupe el último lugar en eficiencia del gasto del FNDR, cuente además con el mayor número de discapacitados y pobreza y con una tasa de analfabetismo que es el doble de la del país.

A lo anterior, se suma el estudio que dio a conocer la Superintendencia de Pensiones, que muestra que la Región del Maule es la que presenta el menor sueldo (promedio) imponible de Chile -$322.358- muy lejos de la región minera de Antofagasta -$607.636- que ocupa el primer lugar de la lista.

Estos indicadores demuestran una vez más cómo la Región del Maule se ha ido quedando atrás por la falta de liderazgo, innovación y coordinación entre el Estado, las Universidades y los privados. Es urgente implementar incentivos al emprendimiento, que se traduzcan en mayor productividad y también, en un mayor valor agregado a la producción realizada por los distintos sectores.

La principal actividad económica de la región del Maule es la agricultura. Si bien ha mejorado en los últimos años, aún estamos lejos de generar empleos de calidad que signifiquen alta productividad y mejores sueldos. Hoy tenemos el desafío de pasar de la agricultura tradicional a ser una potencia agroalimentaria.

Sólo a manera de ejemplo, en su visita a Chile, el príncipe Carlos, promovió la producción de productos orgánicos, por cuanto el crecimiento de su consumo en los mercados desarrollados va en aumento. De esta manera vemos cómo la reconversión de la agricultura tradicional es una oportunidad cierta para dar más y mejores empleos en la región.

La solución es conocida, pero no puede ser asumida sólo por los agricultores. Tenemos que ser capaces de mejorar la colaboración entre todos los actores de la región incluyendo también a las universidades regionales que deben asumir su  liderazgo en estas materias.

La principal característica de la pobreza y del subdesarrollo son el trabajo poco colaborativo y la ausencia de confianzas entre actores relevantes. El progreso no llegará desde fuera de la región sino que dependerá de la capacidad del trabajo conjunto de los sectores productivos, políticos, académicos y laborales. Solo así seremos capaces de ampliar mercados, exportar productos con mayor valor agregado e ir saliendo de los últimos lugares de las estadísticas.

Soy un convencido que el Maule puede más. Necesitamos más decisión e innovación y por sobre todo, atrevernos a asumir el desafío de que el Maule sea el motor del proyecto “Chile Potencia Agroalimentaria” que planteara el ex rector de la Universidad de Talca, Alvaro Rojas. Solo así crearemos más oportunidades, generando nuevos puestos de trabajo que sean mejor pagados para todos los maulinos y permitan hacer crecer una región que tiene todo el potencial para ello.

A pesar de que Chile cuenta con un territorio diverso, hermoso, natural y cautivante, el Informe anual del Foro económico Mundial muestra un descenso de nuestro país en el ranking de Turismo. Se argumenta que principalmente no contamos con la infraestructura necesaria para entregar servicios de calidad.

Si queremos que Chile sea un destino turístico de clase mundial, es necesario que la actividad turística sea un prioridad política de desarrollo regional y nacional.

Esto significa cuidar nuestro patrimonio. Chile no puede cometer el error de hipotecar el presente y el futuro de los chilenos. Un claro ejemplo es que el que estamos viviendo en Aysén. Si se toma la decisión de construir las megacentrales hidroeléctricas, no solo estaremos destruyendo un territorio único en el mundo, sino que también la posibilidad de que Aysén Reserva de Vida, tenga un desarrollo turístico ambientalmente sustentable y por ende, se creen miles de empleos duraderos.

El Estado tiene un rol clave y tiene que ejercerlo. Debe cuidar nuestro patrimonio natural y cultural –no cediendo a los intereses de las grandes empresas- , incentivar –mediante subsidios- o construir las mejoras en infraestructura para contar con buenos servicios turísticos y después, tiene que promocionar a nuestro país como un destino único y de calidad en el mundo.

Chile puede y Chile debe hacer del turismo una prioridad política nacional. Así generaremos un modelo de desarrollo a escala regional, donde estaremos cuidando el medioambiente y las identidades locales, así como también, generando más oportunidades y más empleo.

El 10 de febrero se cumplieron 2 años desde la caótica puesta en marcha del Transantiago. Hemos sido testigo de cómo el sistema de transporte ha tenido una lenta pero continua mejoría. Esto, se ha logrado porque se rompieron algunos paradigmas sobre los cuales se diseñó erróneamente el sistema.

El primero y más determinante, fue terminar con la restricción de autofinanciamiento del sistema. La aceptación, de hecho, de inyectar recursos públicos permitió aumentar el número de buses con el consecuente aumento de troncales y mejor cobertura de los alimentadores. Un transporte público de calidad no puede quedar entregado únicamente a las fuerzas del mercado.

Segundo, aunque tarde, la autoridad se atrevió a caducar una concesión y dar una señal inequívoca: que los problemas del Transantiago no eran excusa para que los operadores no cumplieran con los contratos. A pesar de ello el regulador aparece capturado por el sector privado.

El tercero y aún pendiente, la creación de una Autoridad Metropolitana de Transporte que responda por el transporte público en la ciudad de Santiago. El desastre no hubiera sido tal, si las autoridades comunales y regionales hubieran tenido mayor injerencia en el proyecto y responsabilidades frente a la ciudadanía.

Estos tres elementos son claves para un transporte público de calidad cuando se entiende que esto es una política pública redistributiva y de inclusión social. Las familias que viven en situación de pobreza y marginalidad, solo por este hecho ya están siendo discriminadas al vivir lejos de sus trabajos y lejos de servicios públicos de calidad.

Lamentablemente, lo que no hemos aprendido de esta mala experiencia es que debemos mejorar el transporte público en todo Chile y no solo en Santiago. No podemos esperar a que las ciudades se hagan insoportables para intervenir.

Santiago no es Chile y, por ello, no basta equiparar el subsidio con inversión regional, sino que debemos ser capaces de entregar mayor cantidad de decisiones de política pública a las regiones para la construcción de ciudades más justas, más inclusivas y más integradas.

Si bien el transporte público de Santiago ha mejorado, no hemos aprendido las lecciones para no cometer los mismos errores en los grandes cambios que necesita urgentemente nuestra sociedad: El centralismo continua en gloria y majestad, el mercado sigue siendo el elemento ordenador de nuestras políticas públicas y el sector privado tiene capturado al regulador a través de las empresas de lobby y el financiamiento de campañas políticas.

A los que nos gusta la política, no podemos dejar pasar el  20 de enero del 2009, el día en que Barack Obama juró como el 44° presidente de Estados Unidos.

Obama asumió la presidencia después de una vida esfuerzo, dedicación y superación. Lo logró desafiando todas las probabilidades, convocando a la esperanza y la unidad de propósito.

Con el convencimiento de que los cambios son posibles cuando estos emergen desde la base de la sociedad, Obama construyó un movimiento ciudadano ayudado por las herramientas de la Web 2.0. Fue capaz de motivar a la acción a millones de personas que estaban enojados con la política tradicional y que nunca habían participado de una elección.

Barack Obama es capaz de inspirar al resto, de motivar a sus conciudadanos a  tomar el destino de sus vidas en sus propias manos. Los llama a levantarse de la desesperanza para ver el futuro con optimismo, porque para los que se esfuerzan y ponen todo si mismos todos los días, son capaces de lograr aquello que se proponen.

Lo que debemos rescatar es que Barack Obama es hoy presidente de una potencia mundial porque  en EE.UU. tuvo las oportunidades. Porque fue capaz de tomar esas oportunidades y se esforzó para seguir sus sueños.

De eso se trató esta elección. Una persona que con esfuerzo alcanzó su sueño, para trabajar fuertemente para que todas las demás personas tengan las oportunidades de alcanzar los suyos.

Durante las últimas semanas, se ha abierto el debate respecto  de las universidades privadas santiaguinas que están por sobre la cota mil y la segregación socio espacial que ello significa.

Esta observación abre la posibilidad de discutir el tipo de ciudad que estamos construyendo y cuál es la ciudad que queremos. Y se trata no solo de Santiago sino de todas las ciudades de Chile y su modelo de desarrollo.

Porque ¿acaso no son las universidades sobre la cota mil el reflejo de una ciudad segregadora?  Ciertamente sí.

Hoy, nuestras ciudades se desarrollan sobre las indicaciones del mercado; es decir el precio del suelo y el valor relativo del metro cuadrado en diferentes lugares de la ciudad. Hoy, la integración no es un valor que se tiene en cuenta como un bien social que debe ser resguardado y promovido por todos.

La segregación en las ciudades crea desconfianza entre sus habitantes, profundiza las diferencias, genera desigualdad en las oportunidades, deteriora la convivencia, en definitiva crea islas dentro de las ciudades en que cunde la violencia, la desesperanza y la frustración, mientras que en otros lugares cunde el aislamiento, los cercos eléctricos, los guardias privados, los clubes y colegios particulares. Así, se van creando diferentes grupos sociales que se alejan unos de otros y que no tienen posibilidad de reconocerse como conciudadanos de una misma patria.

No se trata solo del esfuerzo individual, sino del lugar de la ciudad en que se nace y se crece. Se parte con ventaja o con desventajas permanentes dependiendo del lugar en que se vive.

Tenemos que tener la valentía de enarbolar el valor de la integración como un bien social que abre las puertas al encuentro social.

La integración ha sido el remedio para terminar con la violencia y la droga en lugares tan diferentes y distantes como Boston, Los Ángeles, Nueva York,  París o Medellín.

La integración no es solo voluntad, es también inversión en infraestructura, servicios como educación y salud y transporte público. Es la generación y promoción de espacios públicos, que den énfasis a los encuentros de personas, la protección del medioambiente, el fortalecimiento de las comunidades y los barrios, el deporte y la participación ciudadana. Así tendremos una ciudad a escala humana que integra a sus habitantes.

Soy un convencido que se puede y se debe trabajar para construir ciudades que integren. Para ello, es vital que las políticas públicas estén pensadas para los 100 años que vienen y no en los 100 años que pasaron. Así construiremos ciudades que sean para todos y cada uno de los chilenos.

En los últimos días, ha surgido en la agenda pública la discusión respecto de un eventual pacto electoral entre la Concertación y el Partido Comunista. Comienzan a conocerse argumentos a favor y en contra, a realizarse cálculos electorales y  a evaluar las consecuencias para la Democracia Cristiana...

Está demostrado que la palabra del empresario RN no tiene valor. Esto porque el candidato derechista se retractó de sus intenciones de dejar Chilevisión –canal del cual es dueño- si resultaba electo.

Sebastián Piñera, -quien el 15 de diciembre en una entrevista de su propio canal- señaló que no dejaría su participación en Chilevisión, en contra de un compromiso que antes había asumido.

El sábado 13 de diciembre se desarrolló la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Fue ahí, donde se proclamó como candidato presidencial del partido a Eduardo Frei Ruiz-Tagle y se eligió un nueva mesa.

Debo decir que sentí impotencia y un poco de rabia, porque más allá del resultado, quería profundamente plantear al partido y al país, los desafíos, que a mi juicio, tenemos por delante como nación. Como dijo Juan Pablo II “se trata no sólo de aliviar las necesidades más graves mediante acciones individuales y esporádicas, sino de poner de relieve las raíces del mal”.

Es necesaria una nueva carta fundamental que sea concebida mediante una asamblea constituyente. No basta con seguir haciendo reformas a la Constitución, tenemos que hacernos cargo de las raíces del mal, que son los enclaves autoritarios y económicos que aún permanecen en nuestra carta fundamental. La legitimidad constitucional nace de un gran consenso democrático.

Debemos quitarle el rango constitucional al modelo económico, para hacerle las correcciones necesarias y ponerlo al servicio de la persona humana. Concebir un modelo de desarrollo sustentable, lograr una participación ciudadana real y efectiva, terminar con la exclusión en política y abordar de manera decisiva las inmorales desigualdades que existen en nuestra sociedad.

Estas son algunos de los planteamientos que tenía preparado -y que representaban el sentir de muchos chilenos con los que compartí a lo largo de este año y medio-. Me fue imposible hacerlo.

En política uno puede ganar o perder, en eso consiste la democracia, pero lo que no puede seguir sucediendo, es que no exista un la posibilidad de discutir ideas y conocer las reglas del juego con anticipación.

Cuando un partido político es incapaz darse reglas del juego estables que den garantías a todos, se fomenta la creación de múltiples grupos que pugnan por acceder el poder. Sin reglas del juego claras, la única posibilidad de las minorías es transformarse en “francotiradores” de quienes ostentan el poder. Es la historia de las luchas internas que han hecho que la DC pierda más de un millón de votos en la última década.

Al parecer tocamos fondo y fue Juan Carlos Latorre, actual prtesidente, quien me ofreció integrarme a una mesa amplia de la DC con el fin de colaborar en los aspectos que estimara relevante para un nuevo comienzo del partido. Acepté el desafío y, junto a muchos que sostienen la misma visión, asumimos el compromiso de proponer, en el más breve plazo un proceso para reinstitucionalizar el partido.  Estatutos democráticos que deben facilitar la conducción de las mayorías y la protección y expresión de las minorías. Solo así podremos concentrarnos en dar respuesta política a los desafíos que nos imponen nuestros valores y principios.

Había muchas opciones, pero la consecuencia me aconsejó asumir el desafío de una vicepresidencia de la DC; para hacer los cambios desde adentro.

5 de Diciembre de 2008

Esta semana recibimos una muy buena noticia. Me parece extraordinario que cinco organismos autónomos hayan unidos sus fuerzas para enfrentar la corrupción. Esto demuestra, que cuando existe convencimiento y voluntad política, se puede luchar contra este mal social que se está instalando en nuestro país.

Las instituciones firmantes –Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Defensa del Estado y La Contraloría General de la República- entienden que para derrotar la corrupción hay que partir por reconocer que está mas extendida que lo que se reconocía hasta ahora.

Como sociedad tenemos que ser capaces de asumir que la corrupción es un fenómeno que no tiene color político, que esta presente en lo público y lo privado y que por lo tanto, está en todos lados, solo así vamos a ser capaces de derrotarla. Si las autoridades se dedican solamente a criticar al de al lado y a catalogar como “incidentes aislados“ lo que sucede bajo sus propias narices,  no hay solución posible.

Por todo lo anterior la creación del Frente Anticorrupción es una buena noticia. Las autoridades tienen la responsabilidad de buscar y combatir las causas de esta lacra social. Porque no hacerlo, significa avalar la corrupción e incentivar que hechos como estos sigan ocurriendo.

Necesitamos coraje para lograr cambios profundos en el Estado. No bastan las buenas ideas e intenciones. Tenemos que apoyar esta iniciativa para que avance de manera decidida en esta lucha. Tenemos que atrevernos a enfrentar decididamente a los grupos de interés que, desde dentro del Estado, quieren mantener el statu quo.

A manera de ejemplo, cuando asumí la Intendencia el 2002, solicité la renuncia a todos los cargos de confianza técnico político y llamé a concurso público para llenarlos con jóvenes capaces, honestos y por sobre todo, con ganas de trabajar, fueron muchos los que, desde los partidos políticos, criticaron y descalificaron esta decisión que hoy es ley de la República.

Para derrotar la corrupción necesitamos retomar los valores de la transparencia, el esfuerzo y la honestidad, para asegurar una gestión eficiente que lleve a Chile por la senda del progreso con valores.