Cencosud anunció que fruto de la recesión mundial, las obras del Costanera Center y de lo que sería la torre más alta de América del Sur se postergan hasta nuevo aviso. El aplazamiento de la construcción deja a dos mil trabajadores cesantes y una sensación de incertidumbre que no viene nada de bien en estos momentos de crisis. Deja, además, un montón de fierros y escombros en el centro financiero del país: linda postal Bicentenario.

Pero lo más grave es que el fracaso del Costanera Center abre una gran interrogante sobre cómo se hace ciudad en Chile. O dicho más directamente, si podemos seguir desarrollando nuestras ciudades en base a grandes proyectos privados y con una legislación urbana pusilánime, fragmentada y sin liderazgo. En otras palabras, si podemos seguir haciendo ciudad sin una visión compartida -y legislada- que responda a las tres preguntas fundamentales de la planificación urbana: qué queremos para nuestras ciudades, cómo pretendemos alcanzarlo y quiénes participarán en el proceso.

Muchos se apurarán en contestar que en Chile "las instituciones funcionan", y que el urbanismo no es la excepción. Pero el affaire Costanera Center muestra lo contrario, o al menos indica que aún falta mucho camino por recorrer.

El proyecto de Paulmann demostró la falta de una legislación urbana robusta en cada una de sus etapas. Primero, nunca fue un proyecto de buena facción. Su diseño es discreto, por decir lo menos. Su escala está totalmente desproporcionada con respecto a su entorno y la idea de poner un mall en el barrio más caro y globalizado de Santiago no brilla por su visión estratégica. ¿Con qué criterios arquitectónicos y urbanísticos se aprobó el proyecto? Mientras no tengamos reglas claras y sensatas sobre la calidad de las piezas que construimos en nuestra ciudad, adefesios como el Costanera Center seguirán poblando Santiago.

En segundo lugar, las obras del proyecto comenzaron sin permiso de edificación. Dada la magnitud de éste y de la complejidad urbana que acarrea, ese "descuido" es inaceptable y vergonzoso.

En tercer lugar, el proyecto fue mutando al ritmo de su cash-flow. Arrancó como caballo inglés para terminar recortando torres y aplazando la apertura del centro comercial y, finalmente, postergándose. Es inadmisible que megaproyectos que transformarán la cara de la ciudad se den el lujo de ir sacando o poniendo piezas a discreción y sin ningún tipo de consideración ulterior.

Y por último, el elemento más debatido, Costanera Center tiene evidentes y altísimos costos para la ciudad, y especialmente para Providencia. Con 25 mil nuevos estacionamientos en un sector ya saturado y con pocas vías de salida, el colapso vial es inevitable. Para paliar este descalabro, el MOP propuso pagar la mitad de las obras de mitigación asociadas al proyecto. Ahora incluso se propone que el MOP pague la totalidad de las mitigaciones para absorber el desempleo causado por el aplazamiento. En resumen: privados construyen un monstruo urbano, sin ningún tipo de visión estratégica ni, qué decir, de ciudad; sin permiso de edificación, cambiando su programa a discreción y, además, el gobierno los subsidia. Otra instantánea de oro para el Bicentenario.

¿Qué conclusiones sacar del Costanera Center? Nada que muchos no hayan estado reclamando hace ya  tiempo. Primero, la necesidad imperiosa de contar con un alcalde mayor para Santiago, con atribuciones legales y una visión integrada de la ciudad. Y segundo, una legislación urbana fuerte y que reconozca que una ciudad es más que la suma de las partes, que es un proyecto colectivo y que hacerla más inclusiva, bella y sustentable es posible si sobreponemos el sentido común al hambre desmedida de crecimiento.