Proteger a la infancia mapuche en la solución del conflicto

Sep. 14 , 2010

0 Comments

 

Esta minuta fue preparada a petición del entonces Ministro Viera-Gallo, coordinador en el gobierno de la Presidenta Bachelet del tema indígena. La hago pública hoy por considerarla de total relevancia dados los graves hechos que afectan a la niñez mapuche, incluidos los dos adolescentes privados de libertad en virtud de la aplicación de la ley antiterrorista y que hoy se encuentran en huelga de hambre.

 La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el primer tratado de derechos humanos que hace referencia explícita a la niñez indígena.  El artículo 30 de la CDN  dispone que "en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará al niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma". Además, el artículo 29 de la Convención establece que "la educación del niño deberá estar encaminada a [...]  preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre…”.

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a lo largo de sus años de trabajo ha podido constatar que la infancia indígena está en una especial situación de vulneración de derechos. Los indicadores sociales muestran una clara desventaja para los niños, niñas y adolescentes indígenas en el mundo entero. En Chile, según la CASEN 2006, la pobreza e indigencia es mayor  en la población indígena (19%) que en la población no indígena (13.3%) aunque la brecha entre ambos se ha reducido considerablemente debido principalmente a los programas de salud y protección social para los más vulnerables. En cuanto a la educación, sólo el 26% de la población indígena, contra un 30% de la población no indígena, alcanza la educación secundaria, y un 11.3% accede a la universitaria lo que representa la mitad de lo que logra la población no indígena.

Debemos sin duda destacar la prioridad conferida por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet al programa Chile Crece Contigo –hoy convertido en ley- para asegurar un buen punto de partida a los niños y niñas más pobres y la red de protección social extendida para todas las personas desde su nacimiento hasta su vejez. Esta debe poner especial énfasis en la infancia indígena.

La Convención sobre los Derechos del Niño nos plantea la necesidad de valorar y convivir en interrelación entre culturas diversas como la que representan los más de 90 mil niños y niñas mapuche de la Región de la Araucanía y que equivalen a un tercio de todos los menores de 18 años de edad de este territorio. Avanzar hacia mejores perspectivas de convivencia en la diversidad, de encuentro y diálogo intercultural y superación de las divisiones traumáticas entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche puede ser un resultado que se construya entre los propios niños y niñas, facilitando interrelaciones positivas en contextos interculturales, valorizando la historia, la cultura y la riqueza de la diversidad desde la infancia.

Desafíos


1.Dado el momento que vive la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en Chile, muy concretamente el mapuche, la agenda de conversaciones para avanzar en las reivindicaciones y reparaciones de manera mutuamente satisfactoria, no puede prescindir de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas como un eje central y prioritario, puesto que:

• el Gobierno de la Presidenta Bachelet se ha caracterizado por la protección de la infancia. Ayer se firmó la Ley del Sistema de Protección Chile Crece Contigo
• las comunidades mapuche declaran que su lucha es por el bienestar de las futuras generaciones
• no se podría concebir una relación verdaderamente intercultural sin que el desarrollo de la infancia sea un objetivo común.

Propongo concretamente que se establezca una mesa de trabajo Gobierno  - Mundo Mapuche para acordar un Pacto por la Infancia, en el que se comprometan las partes a acciones concretas, como:

• Entregar por parte del Estado las mejores condiciones de salud física y mental para los niños y niñas que han estado expuestos al conflicto.
• Comprometer la asistencia a los jardines infantiles, escuelas y liceos de TODOS los niños, niñas y adolescentes. Los padres se comprometen a enviarlos y las autoridades a ofrecer protección, alimentación, y clases regulares a todos los asistentes.
• Los sectores más radicales y la policía y Carabineros deben establecer las escuelas y los hogares con niños como “zonas fuera del conflicto”.

Esta Propuesta no es costosa para el Gobierno, puede mostrar logros a corto plazo en la intervención del Ministro Viera Gallo y el bienestar de la infancia es una tarea de todos.

2. Segundo, en el impulso de implementación del Programa Presidencial RE-CONOCER se debiera tener  en cuenta muy centralmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  y el Convenio No. 169 de la OIT que entra en vigencia en Chile este 15 de septiembre, visibilizando taxativamente las acciones legales, políticas y administrativas para cumplir con los derechos de mujeres, niños y niñas indígenas

3. Por último, un desafío de más largo plazo es de orden legislativo e institucional general. En Chile no hay un marco legislativo global, una Ley de Protección Integral de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que regule la protección general y la protección especial y que establezca una institucionalidad acorde que garantice la coordinación eficaz y coherente a nivel nacional, regional y local. Y hay grandes debilidades en el financiamiento y administración de los diversos sistemas de atención a la niñez y la adolescencia, incluido el SENAME cuyo urgente rediseño institucional no puede realizarse divorciado de una visión estratégica integral de los derechos de los niños, que a la vez garantice y proteja de su vulneración. Los progresos en condiciones de vida que se han experimentado en los últimos 20 años no lograrán arremeter contra la pobreza dura ni contra los problemas emergentes de calidad de vida y convivencia que enfrenta la sociedad chilena si no se avanza en el ámbito legislativo e institucional.

Como lo anterior debe esperar un próximo gobierno para avanzar de manera integral, por el momento y más concretamente en relación a la niñez indígena podría desarrollarse un plan de trabajo identificando sectores priorizables en interculturalidad y los recursos necesarios para iniciar un proceso de consulta a las comunidades en torno a las políticas de infancia, mejorar sus diseño y gestión a nivel local y realizar una capacitación masiva y sistemática de los funcionarios públicos en la región. Debería cubrirse desde políticas de garantías universales de salud y educación hasta las de protección especial, incluido el sistema de justicia juvenil.


Marta Maurás
Miembro del Comité de Naciones Unidas
Sobre Derechos del Niño
Santiago, 2 de septiembre de 2009.