¿Estado productor?

Mal finalizó el año para la petrolera estatal Enap. Sin tener culpa alguna, sufrió múltiples ataques a mediados del año que acaba de terminar, a consecuencia de las alzas en el precio internacional del petróleo y sus derivados, mientras que en Chile los precios de los combustibles se elevaron a niveles históricamente altos. Asimismo, durante los últimos días de 2008 la compañía estuvo en medio de una gran polémica, después de que se publicaran las fuertes pérdidas que habría alcanzado durante el ejercicio. A eso se sumó la renuncia de su gerente general.

La polémica no sólo se ha acercado peligrosamente a una discusión política, sino que, además, ha hecho resurgir un antiguo debate acerca de la justificación de la existencia de empresas públicas o la necesidad de privatizarlas. Sin embargo, cualquier intercambio de opiniones en torno de este tema debería comenzar por tener claros los antecedentes que llevaron a Enap a la situación en que se encuentra hoy.

En septiembre del 2005, dos inesperadamente potentes huracanes asolaron la costa del Golfo de México, arrasando con plataformas petroleras y con refinerías. Ante las alzas en los precios del crudo que esto generó, el gobierno de Estados Unidos reaccionó prestando sus reservas estratégicas de petróleo, lo que permitió que el precio de este producto dejara de subir. No obstante, no contaba con reservas de combustibles, por lo que los precios de los refinados del petróleo se siguieron elevando muy por sobre los valores del petróleo.
 
Ante dicha situación, y dado que esto hubiera significado un alza de $ 150 de una semana a otra en los precios de las gasolinas, el gobierno chileno decidió crear un nuevo fondo de estabilización de los precios de los combustibles, el Fepco. Se trataba de un fondo transitorio, originado en un préstamo de US$ 10 millones provenientes del fondo del cobre y que sólo se utilizaría para pagar subsidios o créditos a los combustibles importados que se elevaran por sobre una banda definida por ley. En el caso de los combustibles refinados por Enap, sería esta empresa la que financiaría los subsidios o créditos, los cuales serían -descontados los impuestos o abonos que se pudieran cobrar- anotados en una cuenta por cobrar al Fisco.

Sin embargo, la fuerte demanda mundial por combustibles, derivada de un mundo que estaba creciendo a una tasa acelerada, mantuvo el precio del petróleo y sus derivados con una tendencia al alza, lo que hizo que el gobierno optara por renovar sucesivamente el Fepco, agregándole US$ 1.260 millones adicionales para financiar los subsidios que él mismo seguía entregando al consumo de combustibles. Hasta junio pasado, la compañía siguió sacando de su bolsillo para financiar los subsidios de los combustibles que refinaba.

Recordemos que -sin considerar los incrementos en la demanda de diésel para generación eléctrica, producto de la crisis del gas con Argentina- más del 90% de los combustibles consumidos en Chile eran refinados por Enap, lo que quiere decir que la petrolera estatal asumió más del 90% de la carga de subsidios del Fepco. Entonces existían razones para que, junto con cambiar la ley, no sólo se decidiera inyectar US$ 1.000 millones al Fepco, sino que, además, se decidiera capitalizar Enap por US$ 350 millones.
}
Cierto es que las pérdidas anunciadas no se justifican sólo por este efecto. Sin embargo, es clarísimo que Enap financió subsidios que como empresa productiva no tenía responsabilidad de entregar y, por lo tanto, definitivamente parte de la situación que hoy vive la empresa se debe al desangramiento que sufrió desde el año 2005.

Más allá de las pérdidas que presentó en 2008, el gran problema que se trasluce en todo esto es que el gobierno decidió utilizar a Enap como caja chica para entregar subsidios que no pasaron por aprobación del Congreso, ni menos por el gasto fiscal o por el 0,5% de superávit estructural. De haber sido Enap una empresa privada, es obvio que lo anterior no hubiera podido suceder.

Por lo tanto, más allá de las razones de eficiencia que pudieran esgrimirse (que en el caso de Enap no habían justificado su discusión), el Estado no puede ser un productor más del mercado, porque tiene incentivos perversos: incentivos a intervenir la gestión de la empresa cuando la situación se le vuelve compleja.

Una vez más ha quedado expuesto que la labor del gobierno es facilitar la acción de las empresas y no ser una de ellas. Cuentas y reglas claras hubieran permitido conservar la amistad.