Muerte de Felipe: Trasplantando el tema trasplantes

Apr. 03 , 2009

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Como en muchas otras naciones, hay en Chile un déficit de órganos para trasplantar, lo que afecta severamente a personas crónicamente enfermas, a los dependientes de una máquina de diálisis o un respirador mecánico con los ingentes costos materiales y profundo desgaste en calidad de vida que estas dependencias implican. Otros están condenados a morir de su insuficiencia si no reciben prontamente un órgano.

La disponibilidad de órganos depende de 4 factores: una ley que determine acaso es donante toda persona que así lo haya declarado y documentado –consentimiento explícito según la ley actual-, o que considere donante a todo individuo que no haya declarado su negativa a donar –consentimiento presunto según el proyecto en discusión-.

Segundo, el diagnóstico de muerte, generalmente determinado por muerte cerebral que, siendo un criterio de aceptación general no deja de tener sus debilidades (basta recordar que existen sobre 30 criterios diferentes de muerte cerebral) y sus detractores.

Tercero, la opinión de los familiares, que de hecho pueden  sobreseer tanto las disposiciones del donantes como las normativas legales, negándose a autorizar la extracción de órganos aunque la ley no les reconozca ese derecho. Nadie osa presionar, discutir,  desacatar o siquiera interrumpir el duelo de la familia, lo cual significa que entre 30-40% de las donaciones no se llevan a cabo por negativa de los deudos.

Y, cuarto, la existencia de una infraestructura ágil, competente, suficientemente financiada y desempeñada por personas altamente motivadas para eficientemente pesquisar a los donantes, procurar y trasladar los órganos para realizar el trasplante en forma oportuna y técnicamente solvente en todas las etapas del procedimiento.

En España, país que lidera mundialmente la tasa de donaciones de órganos, se cuenta con 40 donantes por millón de habitantes, una cifra que cuadruplica el magro desempeño en nuestro país. Que las cosas no marchan bien lo demuestran las cifras, que delatan cómo año a año se trasplanta menos , en tanto aumenta el número de requirentes. O sea, hay escasez de órganos, de donde es fácil deducir que la modificación a la ley de trasplantes que propone el consentimiento presunto, aliviaría el déficit y mejoraría la disponibilidad de órganos. ¿Por qué, entonces, hay resistencias contra esa ley?

No es por temor al atropello de la autonomía individual, ya que ninguna persona será forzada a ser donante, ni familia alguna vería violada su negativa a aceptar la extracción de órganos de su deudo. Únicamente en ausencia de una negativa explícita, se consideraría que los órganos a utilizar pasan a ser un bien público: público, bien entendido, no estatal ni, ciertamente, particular.

En el terreno de las sospechas, cabe suponer que los opositores al consentimiento presunto temen verse obligados a asumir las insuficiencias, ya no  causadas por falta de donantes, sino que por las deficiencias de la infraestructura,  por cuanto, ya lo demostró España, la legislación del consentimiento presunto solo es efectiva si hay una implementación técnica de alta eficiencia. Hay otro detalle que no se suele contemplar: si la donación es moral y legalmente gratuita, pues nadie puede vender órganos, cabe preguntar por qué  el receptor no recibe un órgano gratuito sino un servicio muy oneroso, de modo que los beneficiarios del órgano donado son los intermediarios que terminan por ofrecer un producto de alto costo al receptor.

Mirar en todas sus aristas el problema de los trasplantes de órganos produce una desazón ética profunda, por cuanto se echa de menos los tres ingredientes fundamentales que deben sustentar un servicio médico-social de esta naturaleza: la solidaridad de compartir aquello que es de vital importancia para otros; la compasión de entender las dramáticas consecuencias de negar la donación y la participación; el compromiso de proveer competencias sociales y técnicas sin que prime el afán de lucro.

Quienes no simpatizan con la idea de trasplantar órganos mirarán con expectación los avances de la investigación de células embrionarias, que en poco tiempo más permitirá cultivar órganos de reemplazo. Si esta alternativa tampoco cuenta con la aprobación de algunos, solo queda desearles que nunca ocurra en su entorno una enfermedad que solo podrá ser subsanada con un órgano donado.