Sobre la objeción de conciencia

Feb. 23 , 2010

23 Comments

A comienzos del siglo pasado, propuso el sociólogo y economista Max Weber  (1864-1920) que la tradicional ética de conciencia se había vuelto insuficiente en una sociedad tan compleja que las personas estaban en permanente interacción, influyéndose mutuamente en su quehacer y por lo tanto llamadas a responder ante los demás por sus decisiones y acciones. Inauguraba así la ética de responsabilidad, de carácter interpersonal. Ya no bastaría con someterse únicamente a la propia conciencia para juzgar acaso se cumple, o se trasgrede, alguna norma ética. Ya no se podía ser juez y parte del propio actuar, ni sería suficiente decidir cuándo se actúa “en buena conciencia” o se debe padecer los aguijones de una “mala conciencia”. La evaluación ética deja de ser asunto personal, ni obedece ya solo a alguna trascendencia frente a la cual se estima ser juzgado. Son ahora los demás, los afectados y las instancias sociales que regulan la convivencia comunitaria, quienes mensuran nuestros actos y nos llaman a responder por ellos.

El reclutamiento obligatorio, fuese para participar en la tan criticada guerra en Vietnam o para cumplir con el servicio de instrucción militar, dio origen a la objeción de conciencia. Quienes podían demostrar, por su biografía personal o mediante argumentación coherente y convincente, que sus convicciones morales les impedían participar en actividades bélicas, podían quedar eximidos a cambio de realizar un servicio civil equivalente. La objeción de conciencia se presentaba frente a una exigencia legalmente instituida y no iba contra las personas ni contra la actividad requerida; su intención era  eximir al objetante de participar.

En el mundo civil se fueron estableciendo leyes que cautelan el derecho de las personas a solicitar prestaciones médicas que muchas culturas, tradiciones y creencias religiosas habían considerado inaceptables. Fue autorizado el empleo de anticonceptivos, legalizado el derecho al aborto en la gran mayoría de las naciones occidentales, proclamado el derecho del paciente a rechazar tratamientos médicos, en algunos países fueron despenalizados el suicidio médicamente asistido y la eutanasia médica. Se levantaron las voces de protesta de quienes, siendo profesionales de la salud, rechazaban participar en actos que consideraban atentatorios contra la ética e inaceptables para sus creencias más íntimas, religiosas o personales. Estas personas, y muchas instituciones confesionales, presentaron su objeción de conciencia para no ser partícipes en actos que consideraban irredimiblemente inmorales.

La objeción de conciencia ante la prescripción de anticonceptivos, la procuración del aborto o la participación en actos que aceleran la muerte, es moralmente impecable, socialmente aceptada y legalmente cautelada. Su validez depende, no obstante, de que tenga por finalidad eximir al objetante de realizar actos que considera inaceptables. No se trata de ir contra la ley sino de ser autorizado a abstenerse de cumplirla. No es tampoco parte de la legítima objeción el imposibilitar el acceso  al servicio que las personas legalmente tienen el derecho de recibir. La objeción de conciencia es, ni más ni menos, el derecho a no realizar ciertos procedimientos, derecho a respetar pero que no incluye la obstrucción ni la retardación a requerimientos legítimos y legales.

Las leyes que autorizan o despenalizan ciertos actos médicos son siempre acotadas y condicionadas, de manera que el aborto permitido o la eutanasia médica autorizada son aceptados, allí donde lo son, bajo condiciones muy determinadas y dentro de períodos limitados de tiempo. Si la objeción de conciencia tiene por consecuencia que se pierda la oportunidad de proceder dentro de los límites legales, se habrá producido la conculcación de los derechos del solicitante. Una objeción de conciencia que obstruye el cumplimiento de lo autorizado por la ley pierde su legitimidad moral y legal, puesto que se hace culpable de haber incumplido los derechos del solicitante, con consecuencias irreversibles, muchas veces deletéreas y penosas. Y es principio ético fundamental que nadie tiene el derecho de causar daño injustificado.

Las propias creencias personales y religiosas son, quién lo duda, la brújula fundamental que orienta el actuar de cada uno. Tampoco cabe cuestionar la certeza  que cada uno tiene en la verdad de sus  convicciones. Pero ello no autoriza a imponer estas creencias a quienes piensan de otro modo, ni a conculcar derechos que la ley ampara. La ética no conoce otro principio absoluto que la prohibición de provocar daños injustificados a las personas, a los seres vivos o a la naturaleza inerte.

Que la sociedad, la ley y la ética den plena validez a la objeción de conciencia es un acto deseable y necesario de tolerancia. Quienes ejercen su legítimo derecho a eximirse de actos que van contra sus íntimas convicciones, deben también ser tolerantes, aceptar los derechos de otros y no obstruir su cumplimiento. Si la situación se diera, que el objetante es el único agente disponible, será un acto de legitimidad ética, de legalidad y de compasión sacrificar la propia convicción para oportunamente llevar a efecto lo que de otra manera quedaría incumplido. La doctrina del doble efecto podrá invocarse en estos casos para salvaguardar la buena fe de lo realizado.