Nicotina incombustible

Sep. 13 , 2010

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Entre los envíos prioritarios que recibirán (o ya recibieron) los mineros atrapados, están los parches de nicotina para los fumadores, según declaró el Ministro de Salud poco después de haber ratificado que prohibirá la importación de todo mecanismo que proporcione nicotina no combustible y, por lo tanto, no contaminante. Nadie negará que la situación de los mineros es excepcional, pero es igualmente obvio que hay una incoherencia entre proporcionar lo que se está a punto de prohibir. Igualmente insensible es negarle cigarrillos a los fumadores en la situación de excepción en que se encuentran.

Ya había corrido su poco de tinta en la polémica acaso cada persona es dueña de su propio cuerpo y puede someterlo a riesgos potenciales –deportes-, o reales –tabaco, alcohol, choripanes-, demostrados o solo inferidos. ¿Es potestad del individuo incurrir en conductas poco saludable,  siempre que no haya daño a terceros? Por supuesto, dicen unos, por cuanto incluso el suicidio ha sido despenalizado y solo mantiene un estigma de culpa moral para quienes albergan perspectivas tradicionales o pertenecen a doctrinas que sostienen que la vida es un don no rechazable. De ninguna manera, dicen otros, porque las conductas riesgosas terminan por producir accidentes o enfermedades cuyo cuidado y tratamiento cargaría los siempre escasos recursos médicos y desprotegería a los que inocentemente se enferman por azar.

Hay dos argumentos que parecen agujerear los argumentos de quienes creen legítimo prohibir lo que alegra la vida de unos sin dañar la de otros. Primeramente, aparece conculcado un derecho conquistado desde fines de la Edad Media que permite a todo individuo,  siendo competente y autónomo, ejercer el derecho de proyectar su vida según los criterios de beneficios y costos que desee, en la medida que no produzca daños a los demás. Mala cosa si su elección da pábulo para infringir derechos que de otro modo no habrían sido limitados. Desde luego, este llamado a la autoresponsabilidad proviene de una instancia que reconoce el derecho de protección médica, y propone deslindar sus obligaciones frente al afectado cuando incurre voluntariamente en situaciones de riesgo. Por lo tanto, quien recurre al cigarrillo electrónico o al parche de nicotina, se haría autoresponsable de fomentar un vicio que, si bien a nadie daña, lo predispone a adicción y enfermedad que dejarían de estar cubiertos por la instancia que debiera protegerlo.

El argumento complementario aduce que, en vez de o más allá de cercenar el derecho a cobertura, el Estado, aceptando que llegado el momento del enfisema pulmonar o el cáncer broncopulmonar no podrá negar el derecho o el compromiso de atención médica garantizada por ley, por lo que más vale precaver y prohibir el cigarrillo electrónico. Pero entonces, se abre paso a establecer restricciones al derecho de libre elección en materias personales, y a imponer regulaciones, difíciles de justificar a conductas y estilos de vida. El consumidor de nicotina no contaminante, como el obeso, el deportista aventurero, el oficinista que labora bajo stress, se verían enfrentados con obstáculos a su estilo de vida en aras de mantener su derecho a cobertura médica.

Derechos constitucional o legalmente establecidos quedan desvirtuados si se condiciona su reconocimiento con criterios arbitrarios, más aún si la  justificación de estas intromisiones es débil. Para prohibir o coartar libertades de conducta, hay que tener, por lo menos,  certeza de que esa conducta es efectivamente causante de daño. Asimismo debe haber una ponderación cuidadosa acaso la prohibición tendrá o no efectos negativos desproporcionados con los beneficios que se busca. Si prohibir el cigarrillo electrónico aumenta la clandestinidad por obtenerlo, reduce las posibilidades de dejar de fumar, fomenta reemplazar la adicción a la nicotina por otra dependencia, no se habrá logrado gran cosa.

El alcoholismo es un problema socialmente más grave que el tabaquismo. Pero si se recuerda las nefastas consecuencias –mercado negro, fabricación clandestina de alcohol tóxico-, que tuvo la Prohibición dictaminada en EE.UU, en la década de los años 1920,  habrá que ser prudente y consecuente en imponer vidas saludables a quien no lo desee.
Las políticas anti-tabaquismo requieren conocimientos acabados de causa y efecto. Pocos dudan que el cigarrillo es causante de enfermedades broncopulmonares graves y letales, y que tanto la salud pública como la medicina hacen bien en desincentivar el hábito. Los conocimientos científicos ya son menos sólidos en relacionar enfermedad con inhalación pasiva de humo ambiente, pero es razonable proteger a las personas allí donde no tendrían opción de evitar la exposición diaria y permanente. Más difícil es tomar medidas cuando la exposición es voluntaria –ir o no al restaurant- o solo ocasional. Y cuando el fumador renuncia al hábito y se acoge a las nicotinas no combustibles –cigarrillo, parche-, la interferencia parece arbitraria, débilmente soportada por evidencias y eventualmente poco eficaz –escasa reducción de fumadores- y poco eficiente –altos costos para beneficios insuficientes-. Mientras no se aclaren estas variables, la campaña antitabáquica tendrá más de ideológica que de justificada, y difícilmente logrará sus objetivos.