Discutir Eutanasia: Conversando, conservando

Feb. 11 , 2009

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El morir humano se ha vuelto cosa pública, como lo ilustran los casos - Terry Schiavo, Hanna Jones y Eluana Englaro- que han ocupado a los medios de comunicación, y ello por dos razones. Primero, la muerte se ha medicalizado, ocurre con frecuencia en un escenario de hospital, en medio de una parafernalia de instrumentos médicos que van sustentando una función del cuerpo o paliando un síntoma, sin preocuparse de la integridad personal del paciente. Está vivo si respira aunque sea con soporte mecánico y carezca de conciencia, percepción o capacidad de relacionarse. Según esta medicalización, vale paliar dolores aun con dosis medicamentosas tan altas que sumergen al paciente en un profundo y permanente sopor. El segundo factor es el reconocimiento de la autonomía del paciente para aceptar o rehusar tratamientos médicos según el impacto que tengan sobre su existencia y los valores que la alientan. Salvo los Testigos de Jehová, suele negarse a los pacientes el ejercicio de su autonomía cuando sus decisiones pudiesen acelerar la muerte. La Ley Sobre Derechos y Deberes de las Personas en Salud, insólitamente en trámite legislativo desde hace más de 8 años, expresamente limita la libertad del paciente para rehusar tratamientos cuando con ello pone su vida en peligro.

El tema se recoge bajo el término de eutanasia, pero habría que hablar de eutanasia clínica y limitar el debate a situaciones médicas en que el paciente sufre más allá de lo tolerable sin que pueda acceder a una medicina paliativa eficaz, solicitando en lucidez y libertad ayuda para morir. Esta solicitud, que puede expresarse anticipadamente en un documento llamado testamento en vida o directriz anticipada, legalmente válido en países como España, suele encontrar rechazo por doctrinas religiosas y por pensamientos tradicionales. Sin embargo, naciones como Holanda,  Bélgica, Suiza, y el Estado norteamericano de Oregon, legalizan o despenalizan la eutanasia bajo determinadas condiciones, lo cual no es argumento pero tampoco es un dato a ignorar, sobre todo frente al pensamiento insular de desestimar el debate de otras latitudes y sin embargo caer en la incoherencia de opinar acá sobre los casos ocurridos en Inglaterra o Italia, más aún en desconocimiento de las realidades legales y sociales de esos países.

Antes de abocarse a  temas tan complejos, urge diagnosticar las posiciones básicas frente a la apertura de la deliberación, en forma análoga a lo que sucede con el aborto. La actitud conservadora destierra todo intento de abordar el tema, en tanto la bioética laica solicita que se discuta abiertamente por cuanto con toda probabilidad  aparecerán argumentos válidos para ir aceptando la autonomía de las personas con respecto a su esfera privada. La autonomía en decisiones del ámbito íntimo, que es el del propio cuerpo, debe primar no sólo durante el transcurso de la vida y en los episodios médicos, sino también en situaciones donde la calidad de vida está irreversiblemente desmedrada, sea por discapacidad o por enfermedades críticas que son incurables y provocan padecimientos  que no logran ser paliados.

Mientras existan actitudes intransables que no permiten la deliberación de problemas que atañen a toda la ciudadanía, mientras se emita opiniones apodícticas que impiden seguir avanzando en  el debate, se estará sustentando el autoritarismo público empecinado en intervenir en la vida privada de las personas. Imponer posturas conservadoras renuentes a la innovación y coartar la vida individual con respecto al propio cuerpo, no dejará de ser una política impositiva y obsoleta, de calidad ética discutible en cuanto daña el ejercicio legítimo de la autonomía personal.

El debate debe evitar la imposición de la propia postura como válida para los demás, ha de abstenerse de imputarle sin fundamento empírico pensamientos, emociones, experiencias o deseos a personas en coma, y no deberá suponer que la sabiduría de una religión, una creencia  religiosa, o la convicción de estar en lo cierto, asuman infundadamente un derecho de erijirse en verdades universalmente válidos.