Marco Enríquez-Ominami

Todo ser humano tiene derecho a vivir y morir con dignidad. El decidir la forma de morir pertenece a la persona y no al Estado: es un derecho humano individual y no colectivo. En el caso de Eluana Englaro, antes de sufrir el accidente automovilístico, dijo a sus padres que no le prolongaran la vida vegetativa artificialmente, lo que equivale a un testamento. Su padre, Guissepi Englano tuvo que padecer, durante diecisiete años, para lograr que Corte de Apelaciones de Milán permitiera desconectar a su hija de las sondas que la alimentaban y oxigenaban.

El de esta joven planteo diversos elementos éticos y políticos: el conflicto entre los Tribunales de Justicia y el primer Ministro, Silvio Berlusconi, entre éste y el presidente de la república Giorgio Napolitano, entre el poder del Estado y el deseo de la familia aludida, entre el Estado y la iglesia católica y entre la opinión dividida de los italianos.

La eutanasia tiene distintas acepciones: hay una eutanasia pasiva que se practica en todos los hospitales del mundo, cuando se deja morir a una persona – en coma o estado vegetal- sin aplicarle vida artificial, que es aceptada, incluso, por la iglesia católica. El paciente o la familia tienen derecho a negarse a la intervención terapéutica que prolongaría, artificialmente, la vida. También hay una eutanasia activa, en que un tercero ayuda a bien morir o se le retiran las sondas que prolongan artificialmente la vida. Este tipo de eutanasia es penado en la mayoría de las legislaciones, pero hay bastantes precedentes respecto a su práctica.

En problema de fondo, en el caso de la joven italiana, es si el Estado, una religión o una iglesia tienen el derecho de prolongar el coma o el estado vegetativo, en contra de la voluntad del paciente o de su familia. El dilema consiste en dilucidar quién tiene el derecho a decidir si el Estado o una iglesia, o la persona y su familia – aún en el caso de no pertenecer a un credo religioso-. ¿Puede un médico, éticamente, contradecir la voluntad del paciente? ¿Puede el Estado o cualquier autoridad obligar a padecer a un paciente y su familia la prolongación artificial de una vida vegetativa o de un estado de coma irreversible?

La derecha – en Chile y en algunos países- ha defendido la pena de muerte, que también pone fin a la vida de una persona por decisión del poder judicial y del Estado. En la historia de la humanidad, las religiones monoteístas ostentan el récord de guerras y muertes sin sentido. Es cierto que la iglesia católica ha hecho un mea culpa, un poco tardío, sin embargo, aún existen católicos que justifican la pena de muerte, comparándola con la crucifixión de Jesucristo.

Personalmente creo que, en el caso de la eutanasia, siempre debe predominar la voluntad de la persona y su familia por sobre el Estado, el poder judicial, los dogmas religiosos y las doctrinas sobre la  vida humana. Toda persona debe tener el derecho de elegir una muerte digna y ningún médico puede imponerle un tratamiento doloroso, que prolongue, artificialmente, una vida vegetativa, no deseada, ni aceptada por el paciente y su familia; su acción debe limitarse a solamente a paliar el dolor de la  agonía, por  medio de la sedación. La decisión del buen morir sólo pertenece a  la persona y no incumbe al Estado, ni a la iglesia.