Marco Enríquez-Ominami

El mercado de armas es uno de los negocios más lucrativos del mundo y abastece -indistintamente- a Estados democráticos, dictaduras, grupos para-estatales, guerrillas, narcotráfico, entre otros. Así, sus maniobras, reglas y fórmulas de mercado están permanentemente rodeadas de misterio, corrupción e incluso crímenes. En Chile, este lucrativo negocio fue monopolio absoluto de las Fuerzas Armadas y se prestó para una feroz corrupción, de hecho, es una de las raíces del enriquecimiento de altos mandos militares, incluido el de Augusto Pinochet.

Y aunque en democracia se supone que existe supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil, en Chile el negocio de las armas ha sido y sigue siendo una fuente de enriquecimiento de militares que, además, administran el incomprensible  privilegio del 10% de las ventas del cobre; por eso no es extraño que haya explotado el escándalo de las presuntas coimas recibidas por el General Vega y sus familiares, amén de otros civiles y militares implicados.

El caso fue denunciado hace tiempo por el hoy senador Nelson Ávila, pero nadie le hizo caso. Chile es un país dominado por los poderes fácticos -militares y civiles- y el negocio de las armas es un verdadero hoyo negro donde, seguramente, se destaparán nuevos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

El no distinguir el delito de la responsabilidad política es propio de la mentalidad hipócrita criolla. No cabe duda de que los ministros y subsecretarios de Aviación -en este caso- son responsables políticamente al abstenerse de formular cargos, en su momento, contra oficiales, familiares, agiotistas y lobbistas implicados en una inmensa sustracción de recursos fiscales. Es hipócrita -y cínico- sostener que estos recursos fueron pagados por las empresas belgas, en el fondo, es una coima común y corriente para obtener un contrato.

El secreto o reserva no debe ser un "alibi" para mantener completamente desregulado el mercado de las armas. Pienso que el Senado y la Cámara de Diputados, aún cuando sea en sesiones secretas, no sólo deben conocer, sino también aprobar o denegar la compra y venta de armas. En un Estado democrático, el Parlamento debe revisar la probidad de la actuación de los Ministros de Estado y de las Fuerzas Armadas, en tanto instituciones supeditadas al poder político. Estados Unidos nos da un ejemplo de transparencia en la revisión que el Parlamento realiza de las propuestas de nombres para integrar el Gabinete.

Creo imprescindible que, cautelando la debida ejecutividad de las decisiones, las facultades presidenciales en materia de defensa nacional y política exterior se sometan al escrutinio del Congreso Nacional. Por su responsabilidad ante la ciudadanía, la Cámara de Diputados no puede enajenar sus facultades fiscalizadoras: el Presidente y sus Ministros no son una corte que pueda actuar por sí y ante sí, en ninguna materia del Estado, y siempre serán sujeto de investigación, por medio de la interpelación, las comisiones investigadoras y la acusación constitucional. Por eso, el hecho de que Patricio Rojas sea ex ministro no lo exime de rendir cuentas ante el Congreso.