Marco Enríquez-Ominami

Es fundamental avanzar en la agenda de calidad, transparencia y probidad de la política. Por eso junto a Álvaro Escobar y otros parlamentarios de oposición propusimos avanzar de modo robusto en esa agenda mediante una ley que abordara de modo amplio el conflicto de interés, el rol del dinero en la política. Lo hicimos inspirados en las medidas de transparencia activa y presentamos una moción para regular mediante el fideicomiso ciego el ingreso a la política de líderes con patrimonio e intereses que pudieran complicar su accionar tanto en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Lo hicimos de modo amplio, sin nombre y apellido, con mínimos de dineros que debieran someterse al fideicomiso ciego, montos, propiedades e intereses evaluados en 500 millones de pesos. Por tanto consideramos sumas razonables, convencidos de que Piñera no es el único que puede expresar o tener comportamientos reñidos con la debida transparencia. También los hay en adherentes a la Concertación.

 Por mi parte creo en la urgencia de ese debate y de alguna legislación aunque minimalista. Lamento la lentitud de la digestión de la propuesta porque creo que éste tipo de legislaciones deben ser resueltas con suficiente anticipación a una elección políticamente trascendente como lo es la elección presidencial. Pero debo confesar que si bien esa ley busca regular los conflictos de intereses tanto de líderes de gobierno como de oposición creo que ante la candidatura de Piñera se debe ser más riguroso ante lo que encarna.

Para ser franco me molestan más los negocios del líder de derecha que sus ideas. Por cierto no comparto gran parte de sus ideas conservadoras y por tanto estoy convencido que lo que plantea es más de lo mismo para los más pobres y menos de lo mismo para los discriminados. Si además hago el prontuario de los silencios del candidato más me preocupo, pues nada dice sobre como ampliar el espacio de las libertades para los chilenos, sobre los derechos civiles, acerca de la paranoia de sus partidos y sus comportamientos censuradores, nada expresó Piñera cuando comenzaron las denuncias irresponsables de la Diputada Rubilar acerca de la realidad o veracidad de los detenidos desaparecidos durante el régimen militar, ni una palabra oímos en los fatigados noticiarios televisivos criollos cuando se intento avanzar en una legislación más moderna en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile, y por último el silencio más grotesco lo constaté cuando la derecha parlamentaria voto en bloque hace tan solo unos días contra la creación de una comisión investigadora acerca del comportamiento de la superintendencia de AFPs ante las pornográficas pérdidas previsionales de las chilenas y chilenos. Una votación curiosa para una oposición que se autodefine como fiscalizadora por excelencia pero que aquí pareciera imponer una sospechosa excepción con un sistema implementado en una época en que no existía el derecho a réplica y en la que ellos mismos eran los dueños, gerentes y eran el gobierno ilegítimo.

Por ello me sorprende el que ni la derecha ni una parte de la Concertación quieran avanzar más decididamente hacia una legislación más robusta en materia de intereses privados, económicos y personales en la actividad pública. Schopennahuer escribió que tras cualquier planteamiento político siempre existía un interés material o personal y al parecer, lamentablemente, no se equivoco en lo más mínimo, aunque olvido la regla de la excepción, pues esa reflexión no nos cae a todos por igual.