Marco Enríquez-Ominami

Los recursos de todos los chilenos deben ser cautelados por el Estado: es una regla mínima de probidad que, en el caso del Transantiago, no se cumple. Este medio de transporte se ha convertido en un monstruo de mil cabezas que, hasta ahora, nadie ha podido arreglar. A pesar de pequeñas mejoras, era tal el caos, que el Transantiago ni siquiera cumple con estándares mínimos de eficiencia y sigue amargando la vida diaria de los pacientes santiaguinos, no muy lejanamente de los borregos en su abulia musulmana. El AFT – Administración Financiera del Transantiago- demuestra un déficit creciente.

En teoría neoliberal esta Empresa en quiebra debiera desaparecer; sólo sobrevive gracias al aporte de todos los chilenos que, como buenos masoquistas, la subvencionan, perdonando a los Bancos y empresas su pésima gestión. No puede haber peor negocio para los ciudadanos, y mejor para el capitalismo financiero.

Ya suman millones de dólares lo que el Estado ha aportado a la AFT; se agrega al fracasado préstamo del BID el uso del 2% para catástrofes y, ahora, los 220 millones de dólares solicitados al Congreso. Este dinero equivaldría a financiar casi tres planes Auge y todo el plan de construcción de escuelas públicas. ¿Es una buena política fiscal gastar tantos millones de dólares en un plan fracasado, cuya posibilidad de mejorar se divisa a muy largo plazo? ¿No será que lo que se gasta va a un tonel sin fondo que, por lo demás, atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos?

El Transantiago es, además, la expresión más cínica y brutal del Chile centralista: mientras en Santiago la locomoción cuesta $400, en provincia suma más de $500; toda esta inequidad, producto de una subvención fiscal que favorece a Santiago y perjudica al transporte de provincia. La única justificación del ministro René Cortázar es que el aporte fiscal evita el alza de las tarifas, pero a qué precio: el de favorecer la ineficiencia de las empresas vinculadas y de la AFT.

En el mundo se subvenciona el transporte público, pero en su mayoría es estatal; por ejemplo, en Francia, en el París metropolitano se puede llegar a cualquier dirección, usando las líneas del metro; para los alrededores de París se emplea el ferrocarril o el RER y, casi nadie, utiliza los vehículos particulares para desplazarse dentro de la ciudad. En Colombia, el sistema de transporte mixto ha dado muy buen resultado con el Transmilenio – una ciudad tan grande como Chile entero- que es eficaz y diseñado, desde el comienzo, para su éxito, en base a áreas exclusivas e implementado por etapas, todo lo contrario de los des criterios de algunos tecnócratas chilenos en su momento.

La ETC – Empresa de Transportes Colectivos del Estado- demostró, en su época, mucha más eficiencia y protección del medio ambiente, que las empresas privadas, de Micros Amarillas y el Transantiago. Es completamente falso el mito de que los funcionarios públicos son menos eficientes que los privados, además de ser un grosero insulto para los  primeros. Cómo se atreven a pretender dirigir las políticas públicas en base a semejante mentalidad.

Desafío al senador Eduardo Frei a que mantenga su propuesta de crear una empresa de transporte pública, en todo Chile, tal cual lo planteó en el Congreso de la Democracia Cristiana. Cada preguntarse por qué no logra aún imponer su propuesta; si lo hace, contará con el pleno respaldo mío en esta materia.

Por mi parte, propongo que desde el mes de marzo de 2010 se cree, en todo Chile, una empresa de transporte estatal que, desde ya, estaría financiada con los millones de dólares que el Estado aporta en la mantención de este moribundo Transantiago; además, habría que promover la construcción de metros, tanto en Santiago, como en provincia, que cubran las zonas y poblaciones más alejadas. Es evidente que un plan audaz de Obras Públicas, en materia de transportes fundamentalmente, podrían reducir, en un importante porcentaje, la cesantía, además de dotar al país de medios de transporte eficientes, de excelente calidad, acortando el tiempo que los trabajadores pierden en el transporte, así como la preservación del medio ambiente. No veo por qué Chile no puede prohibir o cobrar por el uso de las vías en las calles del centro de las ciudades, tal cual lo hacen, con éxito, algunos países de Asia.