Reforma a la Justicia Civil: Primeros Pasos de un Largo Camino

Oct. 09 , 2009

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El día de ayer, jueves 8 de octubre, se constituyó en el Ministerio de Justicia  una mesa Interinstitucional de Diseño para la Implementación de la Reforma Procesal Civil en nuestro país. Esta mesa surge a propósito que unos meses antes, en mayo de este año, el Ejecutivo envío al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a reformar por completo nuestro actual Código de Procedimiento Civil y sustituirlo por un nuevo Código. De esta forma se da inicio a un proceso de transformación institucional que debiera tardar varios años, pero que si es llevado adelante con rigor técnico y cuidado político debiera cambiar de manera significativa la cara de la justicia en nuestro país.

El nuevo Código introduce varias novedades a nuestra legislación, probablemente la más llamativa sea la introducción de procedimientos orales en materia civil y comercial en donde hasta el momento todo se realizaba por escrito.

Para que los lectores no especializados tengan una idea de la magnitud del cambio, baste señalar que la justicia civil y comercial representó el año 2008 el 60% de todos los casos ingresados al Poder Judicial en el período. Es decir, se trata de la jurisdicción que tiene mayores competencias y recibe mayores demandas de la ciudadanía. Esto se reflejó en un ingreso de 1.700.644 causas durante 2008. Entre ellas miles de casos con problemas tan cotidianos para la gente como cobranzas por créditos impagos, problemas derivados por falta de pagos de arriendos, demandas por incumplimiento de contratos de diverso tipo, solicitud de indemnizaciones por daños causados por distintas acciones de los demandados (por ejemplo negligencia médica), entre muchas otras cuestiones. Como se puede apreciar, se trata de un área de mucha importancia para las personas, pero también clave para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema económico. En efecto, el área civil y comercial representa un foco de atención de quienes normalmente desean invertir en países como el nuestro para determinar la predictibilidad, rapidez y corrección de las decisiones judiciales en casos en que existan incumplimientos de contratos. Ello al final del día es un factor clave para considerar invertir en un país u otro.

No obstante lo anterior, el servicio que ofrece nuestra actual justicia civil y comercial está muy por debajo de estándares razonables. Tal vez si el ejemplo más claro se vincula con la duración de los procesos. Los procesos ordinarios de aplicación común tienen un promedio de duración de 2009 días, es decir, de casi 5 años y medio. Sorprendente también es que incluso los procesos diseñados para ser más rápidos y efectivos (juicio ejecutivo y sumario) tienen duraciones de tiempo altísimas (785 y 708 días respectivamente). A todo lo anterior debe agregarse un sistema  poco transparente, que presta un servicio de calidad deficitaria a los usuarios y que suele resultar muy gravoso económicamente para quienes tienen menos recursos.

En este contexto, las iniciativas descritas constituyen una buena noticia para todos ya que representan los primeros pasos del cambio. Con todo, tanto el proyecto de nuevo Código como la constitución de la mesa constituyen sólo una parte menor de las acciones que deben emprenderse para que esta reforma pueda transformarse en un cambio real que aumente la celeridad, transparencia, acceso y predictibilidad del funcionamiento de nuestra justicia civil y comercial. Por de pronto, aún faltan un conjunto de proyectos y decisiones claves tales como la estructura orgánica (qué y cuántos tribunales se necesitan), de financiamiento, de sistemas de desjudicialización de conflictos, entre muchas otras. Incluso en materia del modelo legal de la propuesta es posible pensar en muchos perfeccionamientos. Más allá de eso, también sabemos a esta altura que el éxito de una transformación de este tipo se juega al final del día en el proceso de implementación de la misma y esto requiere un diseño técnico muy fino para evitar errores como los que se cometieron en el proceso de instauración del nuevo sistema de justicia de familia. También supone involucrar a muchos más actores que los que han participado hasta el momento en el desarrollo del proyecto de Código.

En definitiva, hay motivos para alegrarnos, pero debemos tener presente que sólo se están dando los primeros pasos de una maratón. Para llegar a la meta se requiere todavía un esfuerzo técnico, político y social mucho mayor al realizado hasta el momento. Esto supone abordar este proceso de reforma como una iniciativa de Estado en la que seguro deberán involucrarse los próximos dos gobiernos. De otra forma corremos el riesgo de hacer una reforma cosmética que frustre todas las expectativas que un proyecto de esta naturaleza genera.