El Gobierno, al menos la asesoría jurídica de éste, ha demostrado saber menos que un alumno de cualquier facultad de derecho de segundo año. Un estudiante de derecho constitucional sabría que aquello de exigir una tarjeta para ingresar a Isla de Pascua terminaría mal. Si no lo supiera, lo habrían reprobado sin segunda chance.

Han reaparecido un indeterminado número de los 1183 “detenidos desaparecidos”, quienes, defraudando al Fisco y a la sociedad, fingieron su muerte y percibieron injustamente beneficios del Estado. El reproche moral que representa dicho fraude queda en manos de la comunidad, y la responsabilidad civil y penal de los mismos debe ser perseguida por  el Consejo de Defensa del Estado. Pero hay ciertas consideraciones que deben hacerse respecto de este episodio...

A una semana del “Girardi Gate” lo verdaderamente sorprendente es que la sociedad se hubiera podido asombrar con su último incidente...