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Hace algunos años, 19 para ser exactos, se discutió sobre un proyecto de indulto en nuestro Congreso Pleno. Un senador de la entonces oposición señaló “votamos en contra (…) porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, cuando el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme, y sin equívocos, de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza. Señor Presidente, voto que no.” El senador se llamaba Jaime Guzmán. Tres días después, miembros de los movimientos cuyos beneficiados fueron indultados, lo asesinaron.

Muchos de los indultados por aquellas normas reinciden en sus alevosos crímenes. Qué mejor ejemplo que el recapturado y formalizado Juan Aliste Vega, quien estuvo entre los 24 indultados en 2004 en virtud de una ley aprobada en el Congreso con los votos de la Concertación.

Estimado lector: habrá Ud. notado que no soy partidario de los indultos. Ahora, habiendo dejado clara mi opinión, explicaré por qué creo que estos “perdonazos” son ni útiles ni legítimos.

El tema surge a raíz del legítimo derecho a petición que asiste a las Iglesias en general, al igual que todas las instituciones, y con la oportunidad del bicentenario, la Iglesia Católica propone al Gobierno y a la opinión pública un indulto masivo, tema distinto a aquellos escandalosos y lamentables que tanto la han afectado en los últimos años. El gobierno del Presidente Piñera hace bien en escuchar el planteamiento de las Iglesias en torno a la caridad y la misericordia. Pero asimismo, a mi juicio, haría mal si acoge el llamado a indultar en forma general a quienes las Iglesias proponen indultar.

En primer lugar, desde el punto de vista penal, todo indulto, general o especial, constituye una excepción al ius puniendi, el llamado "derecho de gracia" que ha sido fuertemente criticado, entre otras, por la esperanza de impunidad que conlleva y la expectativa de que la ley no sea aplicada. Ambas atentan a un principio valiosísimo de nuestro ordenamiento legal, la seguridad jurídica, y solo se explican en un mundo sin vigencia del principio de Legalidad. No es rol del Ejecutivo revertir lo sentenciado por Poder Judicial en sus sentencias, pues el sistema procesal provee de recursos suficientes a los condenados -la casación y la revisión, por citar algunos- para evitar injusticias.

En cuanto las facultades de indultar, pueden darse dos formas de ejercitarlo: el indulto individual y el general. En cuanto potestad exclusiva presidencial, el indulto presidencial es un resabio absolutista propia de las monarquías soberanas, una institución propensa a la arbitrariedad y los abusos de poder, que no se justifica en el siglo XXI. Borrar una decisión judicial puede tener un efecto institucional peligroso, del que ya advertía Montesquieu cuando afirmaba en El Espíritu de las Leyes que “cuando el poder judicial no está separado del ejecutivo (este), sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”.

Más que aprobar indultos de esa especie, los esfuerzos de un gobierno libertario de centro-derecha debieran enfocarse a eliminar de la Constitución tal atributo, tan indebidamente utilizado por mandatarios en el pasado, como se nos recordó en la reciente campaña presidencial.

El indulto general, aprobado por el congreso es el camino que propone la jerarquía católica al afirmar que “la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento” tampoco estaría exento de complejidades. Si bien desde 1991, ¿gracias? a las Leyes Cumplido no existe ninguna prohibición constitucional para dictar Amnistía e Indultos generales en todo tipo de delitos, aun los más terribles y abominables, tales como son el terrorismo; crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, homicidios, violaciones, etc.,  habría que revisar cuidadosamente quienes pueden o no gozar de un eventual perdón de la pena.

Sería contradictorio e incomprensible que el Gobierno patrocine dicha iniciativa, toda vez que en su Programa de Gobierno señalaba al combate a la delincuencia como “una de las prioridades que los ciudadanos le solicitan al Estado”, por lo que cualquier señal en tal sentido sería contradictoria con la esencia misma lo ofrecido en campaña, que “los chilenos merecen sentirse seguros y vivir sin temor para poder transitar libremente por las calles, para pasear por las plazas y parques, y para vivir en sus casas, sin la angustia que provoca el temor a ser asaltado.”

Es necesario señalar algo respecto de los 61 condenados por delitos de lesa humanidad, pues estos últimos  son los que más llaman la atención. ¿Podría el Estado Chileno indultarlos? La respuesta es, desde la legitimidad y la legalidad, que no. Desde diciembre de 1973, cuando ratificó la Resolución 3074 de la ONU que consagra principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, el Estado Chileno se obligó a no adoptar medidas legislativas que menoscaben los castigos a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, las amnistías a dichos condenados son contrarias al Ius Cogens y harían incurrir a Chile en responsabilidad internacional.

Por último, esta propuesta de indulto, lejos de unificar opiniones, ha reavivado fuegos y animosidades. ¡Vaya unidad bicentenaria que se consigue con iniciativas como estas!