¿Qué es lo que tanto temían Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Sergio Ojeda y Carlos Abel Jarpa respecto de la emisión del reportaje sobre falsos exonerados políticos emitido por Canal 13? ¿Qué causó tanto temor en el canal que hizo que la emisión del programa se demorara dos años? 

Todos temían porque sabían lo que se vendría.

Altas autoridades responsables, por acción u omisión, de haber permitido que gente inescrupulosa lucrara del Fisco a costa del drama y dolor provocado a exonerados políticos. Ellos, permitiendo que se beneficiaran como tales personas que en 1973 eran menores de edad y que supuestamente trabajaban con contrato en organismos como la CUT, el Partido Socialista y el Ministerio del Interior sin haber puesto un pie en dichas ocupaciones.

Y reaccionaron como niños sorprendidos en una maldad. Las reacciones – algunas derechamente histéricas- de próceres socialistas impresionan: Fulvio Rossi llegó a decir que el reportaje era “una treta de la derecha” y “una cortina de humo” del Ministerio del Interior…de hechos investigados desde 2009. Y el aludido Letelier, a quien se le imputan firmas ideológicamente falsas en la VI Región por la cual es senador, afirmó que la responsable del reportaje era la “derecha, con una actitud muy baja y que evidentemente va a traer consecuencias” O sea, amenazando al denunciante.  ¡Vaya actitud de quienes, en teoría, representan la defensa de los derechos humanos!

El caso del senador Letelier es paradigmático: el senador socialista ha cimentado su carrera en la defensa de la causa de una causa justa y correcta, la lucha por los derechos humanos de la cual su padre fue víctima. Letelier era la representación por excelencia del ethos concertacionista, de superioridad moral sobre cualquier otro sector político. 

Por eso es tan duro el impacto que provoca la denuncia: el reportaje que exhibió Canal 13 sobre exonerados políticos significaría un nuevo golpe a la línea de flotación de la ya alicaída moral opositora.

Independiente de la buena o mala fe de las cartas de fe suscritas por los congresistas, una cosa es clara: no hubo adecuada prolijidad de Letelier, de Allende, de Ojeda y de Jarpa en un tema tan delicado que ensucia injustamente la imagen de muchos quienes reciben justa y legalmente estos beneficios: perder el trabajo por solo pensar distinto es injusto, abusivo y denigrante. En Chile hay más de 160 mil personas consideradas exonerados políticos. De ellos 74.500 reciben una pensión de por vida de $142 mil y los demás obtienen otros beneficios que le significarían para el Estado un desembolso de $190 mil millones anuales. 

Abusar de algo tan justo como aquello con el fin de favorecer a los cercanos o generar prebendas políticas injustificadas es inaceptable. Corruptio optimi pessima, como decía Tomás de Aquino: la corrupción de lo mejor, es lo peor. Solo pensar que quienes fueron luchadores en la causa de los derechos humanos usaron este fraude para beneficiar a cercanos, sería simplemente inconcebible.

Y aquí habría, como consta del reportaje, responsabilidad de los congresistas aludidos. Eventualmente penal, en todo caso política. Tras estos lamentables hechos senadores y diputados certifican que personas fueron exoneradas y que, según se descubrió, no les constaba su calidad de tal ¿Qué se esconde tras esto? ¿Solamente falta de prolijidad o, como es posible colegir, un despreciable uso político, un lucro político, con el tema de los derechos humanos?

Tal vez eso explicaría el verdadero “círculo de silencio” que ha seguido tras la denuncia. Porque, curiosamente, un tema tan grave como este desapareció de la pauta noticiosa. 

Y es que aun no sabemos exactamente la extensión de este escándalo. Por hoy solamente sabemos que solo en 2009, en plena temporada electoral, la ex Presidenta Michelle Bachelet autorizó en tiempo récord 47 mil pensiones de exonerados. O sea, una cada 15 segundos. Celeridad al menos preocupante.

Es hora de, por una vez, investigar a fondo y sancionar a los responsables de este abuso y de este fraude.  Y que esta vez –a diferencia de tantas otras- caiga quien caiga. Y que, por una vez, no se cumpla la máxima del Senador Navarro, quien interpelado por este escándalo, sólo atinó a señalar casi tartamudeando “mira, la ley, la ley, la ley es relativa…”