1. Estos fraudes no deslegitiman ni a la Comisión Rettig ni a su Informe sobre violaciones a los derechos humanos en Chile.  La petición de perdón efectuada por el ex Presidente Aylwin sigue siendo ajustada a derecho.
Podrá discutirse la extensión del Informe o la exclusión de las víctimas del terrorismo, pero no su legitimidad por ocho o más excepciones. Las indemnizaciones percibidas por tales conceptos se entienden, pues, bien percibidas por quienes no han defraudado al Estado.

2. Este hallazgo desnaturaliza la figura penal del “secuestro permanente” que ha permitido sancionar por delitos de lesa humanidad a personas prescindiendo de la prescripción de tales acciones.
De la reaparición de personas presuntamente secuestradas se colige que tal figura es un mero artilugio legal. El presupuesto de la figura era la imposibilidad de acreditar la vida de los presuntos secuestrados, por lo que la existencia de estos ocho casos obliga a nuestros Tribunales de Justicia a reconsiderar sus sentencias en tales materias.

3. En pleno siglo XXI el Estado es sorprendido en forma burda por quienes pretenden aprovecharse de sus beneficios. El Registro Civil y las demás instituciones encargadas de la evaluación de identidad han sido evidentemente superadas. Otras instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos, hacen cruces de información casi perfectos,  por lo que llama la atención tal cúmulo de errores en materias tan sensibles. 

4. No es lícito aprovechar políticamente este hecho, ni sacar dividendos de casos excepcionales de estafadores desalmados.

5. Tampoco parece razonable proceder a la reapertura de las Comisiones Rettig y Valech. Tal idea, salida burocrática a un problema ético, jurídico y político transforma instancias de excepción en entes comisarios de quienes defraudan al Estado, deslegitimándolas.

6. Finalmente, lo que parece más grave es lo denunciado por Solange Bertoló: personas incluyeron a su padre en la lista de DDDD buscando provecho económico. Ella advirtió a las autoridades gubernamentales en 1994 sobre el hecho y “no le hicieron caso” ¿Quiénes son dichas autoridades? ¿Por qué desestimaron tales denuncias?
La comunidad exige respuestas de este hecho inaceptable, que sí constituye mala fe de quienes desde el Gobierno por motivos políticos omitieron investigar tal grave hecho.