Subsidios condicionados

Hemos presenciado un creciente interés por el diseño del Ingreso Ético Familiar (IEF), presentado como un subsidio monetario condicionado, que busca mitigar las externalidades negativas propias de la vulnerabilidad en que viven muchos de los hogares chilenos.

Lo que más ha resaltado en la discusión, es la necesidad que estos ingresos aportados por el Estado, permitan el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios, más que crear dependencias asistencialistas. Esta discusión es positiva pues estos aspectos pueden ser la causa del éxito o fracaso de una iniciativa de este tipo.

Al respecto, conviene tener presente la experiencia comparada que existe en diversos países que, con instrumentos similares no exentos de polémica, buscan también asegurar un funcionamiento básico de las familias. Muchos gobiernos han decidido revisar sus políticas al respecto, precisamente para evitar lo que los ingleses denominan “chose them like a lifestyle”, esto es, que algunos beneficiarios eligen vivir de estos beneficios. En España, otorgar la denominada “renta mínima de inserción” es una decisión política de cada Comunidad Autónoma y es definida como una prestación económica periódica que se concede a aquellas personas que, tras agotar todas las vías de ayuda posibles (desempleo, subsidio por desempleo, etc.) se encuentran en una situación puntual de especial dificultad. Nótese que se trata de una medida puntual, no generalizada, que está al final del camino. Tanto en España como en Inglaterra y en general en los países de la UE, este tipo de rentas es el último eslabón de ayudas que se otorgan, habitualmente, de manera sectorial.

La discusión abierta debiera vincularse a otros dos tópicos que tienen íntima relación cuando se trata de mejorar o establecer condiciones básicas para el  funcionamiento de la comunidad. El primero de ellos dice relación con el siempre necesario mejoramiento del gasto fiscal. En este sentido es indispensable que el IEF evite gastos cruzados. En esa línea, no resulta menor la vinculación de la nueva institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social y el IEF, particularmente con los subsidios por desempleo u otros que existan. La implantación del IEF, debiera suponer también la coordinación transversal de beneficios existentes, en un ente dotado de suficientes facultades para lograrlo.

El segundo elemento que debiera vincularse a la discusión, por tratarse de una mejoría en los ingresos de un sector importante de la población, es el anuncio de terminar la cotización de Salud de 7% para los jubilados. Detrás de la anunciada medida hay también un objetivo de justicia distributiva.

Estas medidas han desatado posturas muy diversas, no respetando las tradicionales fronteras entre partidarios de gobierno y oposición. Así, encontramos en ambos lados defensores y detractores de las mismas. Es de esperar que también las organizaciones de la amplia sociedad civil chilena se sumen sin temores a la discusión. Detrás de estas medidas se esconde una discusión de fondo: quién y de qué manera debe contribuir con los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Insisto en que el Ingreso Ético Familiar forma parte de lo que entendemos como funcionamientos básicos de la familia y la sociedad, asegurar alimento, transporte, y aspectos como esos. Pero medidas como el IEF deben necesariamente estar complementadas con otras, pues por sí solas no superan pobreza, lo que hacen es aliviar en parte y temporalmente, un ítem que provoca incertidumbre a las familias.

En lo personal, me quedo con las posturas que apoyan las medidas propuestas, las que sin duda pueden mejorarse, pero que buscan disminuir la tan vergonzosa desigualdad que tenemos como país.