Desigualdad, prostitución y los fenicios

Dec. 14 , 2011

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En este fin de año, al parecer, hemos encontrado consensos en nuestro país, al menos en el plano retórico, respecto a la urgencia e importancia de avanzar en mayores grados de igualdad y equidad social, lo que no es poca cosa. Baste recordar que en el año 1996, el periódico El Mercurio, con ocasión de la entrega del Informe del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, señaló que el documento entregado por dicho Consejo al Presidente de la República, se equivocaba al plantear que para avanzar en la superación de la pobreza se requería también de mayores grados de igualdad e integración social. Hace menos tiempo el ex Ministro Viera Gallo respondía en el Programa Tolerancia Cero que la promesa de la Concertación fue disminuir la pobreza, pero no disminuir nuestros grados de desigualdad. Creo que declaraciones como las señaladas ya no tienen lugar en nuestro país.

Por el contrario, las declaraciones transversales sobre la necesidad imperiosa de abordar un tema tan espinoso, son tan importantes y esperanzadoras precisamente porque las evidencias inobjetables de los daños producidos nos siguen golpeando día a día, por ejemplo: más enfermedades para algunos que para otros o embarazos adolescentes concentrados en la población más pobre. Ya  la UNESCO nos señaló la semana pasada que nuestra educación no sólo era de mala calidad sino que fomentaba la desintegración social, y la OCDE nos vuelve a decir lo que ya sabemos: desiguales como ninguno.

Cada pueblo avanza a los ritmos que es capaz. Es bueno reconocer que en esta materia nuestro paso ha sido irresponsablemente cansino. Pensemos en el tranco que llevan otros países buscando mayor igualdad. Veamos lo que hoy sucede en Francia: la Asamblea Nacional pretende “abolir” la prostitución, fijando penas y multas para aquellos que, movidos por sus pulsiones sexuales, caen en métodos arcaicos y estrechamente vinculados al trato de personas y a la esclavitud. ¿Cuestión de moral sexual? No, en lo absoluto. Se trata, al igual que se hace en Suecia, Noruega e Islandia, de entender que, más allá de posturas un tanto ingenuas y de salón acerca de la libertad sobre el cuerpo, son mujeres jóvenes y pobres venidas desde Rumania, China, Bulgaria y Nigeria las que conforman el 90% de este “mercado” en Francia. Lo que se pretende entonces,  es convertir en  normas legales que los cuerpos, y particularmente, las mujeres, no pueden ser mercancías.

¿Y en nuestro país? ¿la educación, la salud, la vivienda, son mercancías? Pues no debieran serlo. Independientemente de quien provea los servicios, estas áreas del bienestar, su acceso y calidad, debieran estar aseguradas. Y aquí apunto al chiste de los fenicios, pues majaderamente venimos señalando lo mismo desde 1996. ¿Estamos capacitados como país para asumir que estamos hablando de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico? A partir de las declaraciones desde el gobierno, la oposición, los empresarios y los obsesivos de siempre, pensamos que vamos por buen camino. Y,, aunque no nos guste decirlo, a la base de todos los derechos, están los tributos. No puede ser de otra manera.

Esta perspectiva responde a algunas y algunos intelectuales que se preguntan para qué implantar/llevar adelante una reforma tributaria, cuando esta sólo produciría una disminución del crecimiento. Al considerar nuestras necesidades más acuciantes como sociedad y entender que una reforma tributaria debe necesariamente tener un norte claro, consensuado a través de pactos sociales y fiscales, se lograría la tan anhelada integración social pendiente. También se ha escrito mucho en estos días sobre cómo debe abordarse el tema. Creo que todos entendemos que debe hacerse a un ritmo acorde/responsable con el entorno externo, pero sin pausa. Así se lograron las exitosas reformas del 90, la modificación que permitió llevar adelante el AUGE y los actuales recursos adicionales para enfrentar las consecuencias del terremoto del 2010.

Y volvemos a lo mismo, como el viejo chiste de los fenicios: debemos lograr, con urgencia, umbrales de ciudadanía, mínimos inclusivos, que de ser cumplidos aseguran a las personas no verse afectadas por situaciones de pobreza, exclusión y desigualdad extrema.