Seguridad Pública. Debate serio y límite de ofertones

Jul. 01 , 2009

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Esta semana se desarrollará la presentación de los precandidatos presidenciales en el foro de la Fundación Paz Ciudadana. El esquema predefinido no permite debate sobre las políticas de seguridad pública, sino más bien cinco minutos de propuestas en tres temas específicos. Ciertamente el marco no es muy alentador para esperar innovaciones, debates profundos sobre uno de los temas que más nos preocupan y mucho menos soluciones. Sin embargo, es un primer espacio de relevancia donde se junta la elite económica y política del país, junto con algunos especialistas en el tema, para escuchar propuestas y calibrar el conocimiento por parte de cada uno de los presidenciables.

La principal preocupación, es que el escenario se preste para los ya conocidos "ofertones" de leyes con más castigos, mayores dotaciones policiales, más presupuesto para autos y helicópteros, manos amigas, duras e  inteligentes y no se ingrese al área de definiciones más finas, que luego de casi 20 años de democracia se pueden hacer. Los desafíos son múltiples, pero entre ellos se pueden priorizar al menos 5 que esperamos se encuentren en las agendas de debate presidencial y luego de acción pública. Los Presidentes definen caminos, proyectos colectivos, que luego son implementados por técnicos que deberán diseñar los mecanismos y metas más apropiadas para lograr estos objetivos. Por ende, a continuación se toman los pilares sustanciales de la política pública de un gobierno comprometido con la problemática.

Responsabilidad política e institución clara. La propuesta gubernamental de un Ministerio de Interior y Seguridad Pública no es la mejor. Se requieren de mayores niveles de especialización y profesionalización de aquellos encargados de llevar a cabo el diseño e implementación de políticas, y eso no se logrará desde un ministerio eminentemente político. Las instituciones policiales requieren contar con Subsecretarías con verdadera capacidad de colaboración y coordinación, así como responsabilidad política frente a hechos de extrema gravedad. En la actualidad cumplen funciones administrativas, lo que es a todas luces insuficiente.  Los programas de prevención del delito no tienen claros logros y sus diseños son deficientes e hipercentralizados, por lo que se debe avanzar en otorgar un rol clave a los municipios en las tareas preventivas.  Finalmente, la completa independencia del Ministerio Público debe ser analizada con cuidado, para asegurar los mecanismos que permitan definir una política criminal coherente y coordinada entre los diversos actores del sistema.

Fortalecimiento policial.  La delincuencia no es un problema policial, requiere principalmente de un Estado sólido para enfrentarla coherentemente. El aumento constante de dotación policial debe ser revisado para definir si se cumple con los objetivos propuestos. Una vez superado el déficit histórico que tenían ambas instituciones, se requiere de un plan estratégico para identificar los motivos de la continua ampliación de las plantas. Los programas más prometedores, como el Plan Cuadrante, requieren ser consolidados y no extendidos a cualquier costo.

Cárcel y rehabilitación. Ingresar más población a cárceles que no sirven para rehabilitar, es un error que nos traerá costos futuros incalculables. Se requiere por ende de un cambio urgente en la forma como se enfrenta el problema de los infractores. Algunos caminos posibles van por la creación de una institucionalidad a cargo del sistema de medidas alternativas, que tenga como prioridad asegurar la disminución de los riesgos y las posibilidades de reincidencia. Así también, limitar el ingreso de aquellos que son condenados por penas menores a  los 3 meses, mediante el uso de tecnología apropiada (brazaletes electrónicos por ejemplo), es una alternativa para disminuir el hacinamiento. La construcción de más recintos penitenciarios es una solución de corto plazo y con éxitos relativos, pero se necesita un análisis detallado del resultado de aquellas concesionadas para verificar si son verdaderamente una alternativa viable, justa, eficaz y eficiente. Finalmente, con una inversión pública de menos del 5% del presupuesto de Gendarmería en rehabilitación, no se puede esperar nada, menos el milagro de la reintegración social.

Drogas. Las criminalización del fenómeno del consumo de drogas es un error ya identificado en muchos países del mundo. Este es un problema de salud pública,  y por ende, los recursos y capacidades del CONACE deberían tener una vinculación más clara y permanente con el ministerio del sector. La adicción es un fenómeno que demuestra en su mayor crudeza la desigualdad de nuestra sociedad, ya que los tratamientos tienen costos prohibitivos para un grupo importante de la población.  Quedarse en el debate sobre la legalización del consumo es evitar un problema que nos aqueja cotidianamente y por ende, requiere de políticas activas.

Seguridad Privada. Se requiere de una urgente regulación del sector privado de la seguridad. No sólo por que se necesitan de espacios claros donde los ciudadanos-clientes podamos efectivamente reclamar por servicios que no son entregados con la calidad esperada, sino también por que su crecimiento sobrecarga la demanda policial y puede aumentar la inseguridad con la presencia de informalidad, e incluso ilegalidad en la industria. No hay que tenerle miedo a la colaboración público-privada en estos temas, pero no a costa de instituciones policiales ya sobrepasadas de trabajo cotidiano.

Estos son sólo algunos de los temas que deberían ser priorizados en el debate presidencial. Reconociendo los avances logrados en los últimos años, pero también las serias deficiencias en la gestión de las políticas de seguridad, se podrá avanzar con paso más firme hacia la definición de una política de Estado. Propuestas que enfrenten con políticas sociales los problemas profundos que  aumentan la inseguridad, así como con una política de seguridad pública profesional, seria e integral, que reconozca los pilares necesarios para diseñar e implementar iniciativas que logren disminuir los niveles de criminalidad en nuestro país.