PDI después del LUCASGATE

Apr. 22 , 2009

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La semana pasada, la PDI enfrentó una serie de situaciones que deben llevarnos a reflexionar. Las declaraciones realizadas por un ex policía, imputado por vínculos con el narcotráfico, sobre la asistencia del jefe operativo de la PDI en auto fiscal al Lucas Bar, destapó una serie de falencias y debilidades institucionales, así como evidenció la  intolerancia de importantes sectores del país.

Pero vamos por partes. La imputación sobre el uso del auto fiscal es verdaderamente menor, carece de importancia política, policial e incluso ética. No vale la pena gastar más tiempo en debatir la pertinencia de dicha visita, las horas o minutos que estuvo en el lugar o los motivos del mismo. Lo grave es el proceso que se generó en torno a esta declaración.

En primer lugar, la actitud del ex policía es preocupante y muestra la presencia de un comportamiento de tipo mafioso, en algunos estamentos dentro de la institución. Las policías profesionales deben estar dedicadas a su trabajo cotidiano, abocadas a prevenir y controlar la delincuencia y no a realizar estrategias de seguimiento de mandos. Existen los canales institucionales para realizar todo tipo de denuncias, incluso anónimas, sobre el posible mal comportamiento de un detective. Y en los últimos meses, los resultados de las investigaciones de Asuntos Internos de la PDI han sido claves para los procesos de corrupción conocidos por la opinión pública. Ciertamente, esta situación demuestra la necesidad de afianzar el papel del control interno, así como la tolerancia cero frente a aquellas acciones que podrían servir para la extorsión de los mandos.

En segundo lugar, la respuesta entregada por la PDI fue confusa, espontánea y contradictoria. Esta situación aumentó la importancia de la situación analizada y la convirtió en tema central de los medios de comunicación social. La descoordinación evidente entre el mando central de la institución y el área comunicacional debe ser enfrentada con rapidez. Sin duda, los asesores comunicacionales de la PDI deberían renunciar por su limitada capacidad de enfrentar un problema menor y más bien colaborar en agrandarlo. De igual forma, se espera la generación de marcos claros públicos de utilización de los recursos fiscales que involucren no sólo a los autos fiscales, sino también los gastos de representación, los viáticos utilizados en viajes, entre otros temas. En este punto no ayuda que las fuerzas armadas y de orden se hayan restado de incorporar información salarial en las informaciones publicadas esta semana. De hecho, estos datos servirían para mostrar que los niveles más altos en la toma de decisiones policiales, cuentan con salarios bastante menores que asesores de otras instituciones gubernamentales.

La repercusión mediática de la acusación es el tercer tema a analizar. Luego de la venta de frambuesas en un auto fiscal por parte de una subsecretaria, la ciudadanía ha quedado sensible ante la utilización indebida de los recursos públicos. Pero en este caso, se generó una sensación de corrupción o malversación generalizada que poco ayuda a informar a la población. Es así como los medios de comunicación y los generadores de opinión, tienen la responsabilidad de informar del problema y su contexto.

El "lucasgate" incomoda a la política. En el marco de la Ley de Transparencia y el debate electoral sobre posibles casos de corrupción, lo que menos necesita el gobierno son “escandalos” de este estilo. Queda en duda si que el gobierno tenga una mano tan dura y rápida para pedir castigos en este caso y una más bien blanda o amistosa, para casos como las consultorías del ex Ministro Rojas en Defensa. Pensar que el problema se resuelve con la renuncia del ex segundo mando de la PDI, es evitar un debate mayor sobre la calidad del servicio policial, los procesos de reforma necesarios y los desafíos que impone la criminalidad actual, a las instituciones de justicia criminal.

Todo lo anterior muestra la necesidad de reconocer los avances y desafíos aún pendientes en la administración de la institución policial en el país; así como identificar con claridad aquellas acciones de tipo delincuencial de otras basadas en errores administrativos o faltas de criterio individual. Cuando la delincuencia reconoce que la extorsión y el castigo público son herramientas efectivas, se abre una caja de Pandora con complejas consecuencias, donde los únicos afectados son los ciudadanos que viven día a día más inseguros.