Nueva institucionalidad de seguridad pública: ¿Solución o problema?

May. 12 , 2009

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La semana pasada, el Senado aprobó la creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, así como la Subsecretaría de Prevención y de Rehabilitación. Cumpliendo con uno de los temas pendientes de la oferta de la Concertación a inicios de los 90s, de trasladar a las instituciones policiales a un ente especializado en temas de seguridad pública, así como con la promesa de la Presidenta Bachelet de realizarlo durante su gobierno, los senadores han avanzado con un proyecto que se enfrentará a complejos mecanismos de gestión.

Antes que nada, es importante recalcar que la mejor opción era la creación de un ministerio especializado y alejado de la órbita política, como es el Ministerio del Interior, para de esta forma no vincular problemáticas como los procesos electorales, la ONEMI, los fondos Presidente de la República e incluso la Agencia Nacional de Inteligencia, con las instituciones policiales y los programas de prevención. Pero ambas coaliciones encontraron que el esquema aprobado es el mejor.

Los desafíos son enormes, especialmente para la nueva subsecretaria propuesta. El tema prevención ha sido clave en el discurso político de los últimos años, pero esto no se ha visto reflejado en una construcción de una institucionalidad efectiva y especializada en la temática. De hecho, la División de Seguridad Pública cuenta según la información de transparencia del Ministerio del Interior, con 345 personas contratadas a honorarios entre las que se cuentan todos los jefes de área, programa, proyecto e incluso la Directora. 

Las calificaciones e idoneidad del personal de la división deberán ser revisadas en el caso de un traspaso hacia la nueva Subsecretaria, pero también reconocer que se requiere de un sistema de incentivos correctos, cargos de planta y en especial el ingreso de los cargos técnicos de dirección a los concursos de alta dirección pública. La inestabilidad, el cambio de jefaturas y las reconocidas cuotas políticas, podrían poner en jaque un tema central para prevenir la delincuencia en el país.
 
Un segundo desafío, es la coordinación con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) que continúa bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. No queda claro cuáles son los mecanismos de coordinación, cooperación y definición de responsabilidades de los programas de trabajo con jóvenes infractores, especialmente vinculados con la capacidad de rehabilitación y reinserción social.  De igual manera, los programas de rehabilitación desarrollados o coordinados por Gendarmería de Chile, dependiente también del Ministerio de Justicia, escaparían a las atribuciones de la nueva subsecretaria, por lo que estaría lejana del tema rehabilitación.

Desde inicios de los 90s, se han desarrollado múltiples iniciativas de prevención del delito que aún carecen de sistemas de evaluación permanentes. En este sentido, la consolidación de un área de estudios en el Ministerio del Interior que avance en la identificación de los principales factores vinculados con el aumento de la delincuencia, así como evalúe la congruencia de estos hallazgos con las políticas implementadas, es clave para asegurar eficiencia en el gasto.

Finalmente, las políticas de prevención eficientes tienen en el mundo un claro elemento local. Es así como los municipios entran a jugar un rol fundamental en el diseño e implementación de estos proyectos, por ende tal vez se requiere de una subsecretaria con menos funcionarios que coordinen y alimenten a los municipios con información técnica y recursos financieros sustentables en el tiempo.

La aprobación de la nueva institucionalidad, parece dejar más interrogantes abiertas que certezas. Los desafíos son múltiples y el próximo gobierno debe llegar con una agenda rápida de implementación, para evitar el alargamiento innecesario de procesos administrativos que poco o nada ayudarán a enfrentar con mejor calidad la delincuencia en el país.