Dudas sobre la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública

Jul. 30 , 2009

5 Comments

Esta semana fuimos invitados a la comisión de la Cámara de Diputados para emitir comentarios sobre la propuesta de ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La propuesta de Ley se vincula con una oferta específica de la Presidenta Bachelet así como al acuerdo entre la Alianza y la Concertación en temas de seguridad pública. Por ende las ventanas para discutir la pertinencia, los problemas y desafíos de la misma son limitados. A pesar de eso no podemos más que explicitar la complejidad de esperar que el Ministerio encargado de consolidar la agenda política del gobierno sea a su vez el encargado de la seguridad pública.  De hecho, en la experiencia comparada no hay muchos casos donde esto ocurra, al contrario en muchos países se ha optado por la creación de entes especializados en la materia.  

A pesar de los limitados espacios para el debate, es cada vez más oportuno plantear temas claves para lograr que la seguridad pública deje el ámbito de la política electoralista. Entre ellos consideramos que la institucionalidad propuesta no logra establecer grados de especificidad respecto a los temas de la seguridad pública. Cabe recordar que el Ministerio del Interior tiene entre sus funciones  todo lo relativo al gobierno político y local del territorio, la ejecución de las leyes electorales, la dirección de correos, promover las políticas de desarrollo regional, proponer las políticas de migración, revisar y sustanciar sumarios administrativos e investigaciones sumarias, entregar los resultados de los procesos electorales, entre otras múltiples tareas.  Por ende, no se soluciona la falta de una institucionalidad encargada de la seguridad pública sino que se suman un universo de tareas a un Ministerio desde ya complejo.  

De igual forma, la dependencia de temas especialmente delicados como los procesos electorales, los fondos de desarrollo regional, la Agencia Nacional de Inteligencia, ambas instituciones policiales, y los programas de prevención tiende a incluir la seguridad en un marco político cuando se debería consolidar una mirada sectorial profesional.

El texto expresa que la nueva institucionalidad se haría cargo de “todo lo relativo a la prevención, el control, la rehabilitación de los infractores y su reinserción” sin embargo no establece vinculación alguna entre dicha instancia y GENDARMERIA de Chile o SENAME que son instituciones claves en dicha tarea. Además la definición misma de las tareas realizadas por esta subsecretaria resuenan a lo desarrollado en la actualidad por la División de Seguridad Pública, la que salvo por el área de información y estadística, tiene bajos niveles de profesionalización y especialización. No queda claro en el esquema propuesto como se busca mejorar esta situación.

Llama la atención que al Ministerio le correspondan sólo la gestión de los asuntos administrativos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.  Es decir se establece una dependencia meramente administrativa no saludable para una democracia donde las decisiones sobre el accionar policial son del mando civil. Desde esta perspectiva se considera conveniente establecer espacios de coordinación, colaboración e incluso evaluación de las iniciativas de prevención y control del delito desarrolladas por ambas fuerzas policiales.  

Resulta especialmente complejo la falta de una coordinación explicita con el Ministerio Público (ente autónomo del gobierno). En este sentido la propuesta de Ley no hace mención alguna a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Muchas de las definiciones son declarativas y dejan dudas sobre la verdadera capacidad de gestión de la institucionalidad propuesta. Coordinar, velar y asegurar mecanismos de coordinación no implica un necesario trabajo conjunto ni mucho menos la generación de indicadores concretos de impacto en el accionar multi sectorial. No aparece con claridad la vinculación efectiva con los gobiernos municipales. En la últimas dos décadas se ha demostrado que la hipercentralización del diseño e implementación de programas de prevención no es efectivo y mucho menos eficiente.

Finalmente, El consumo de drogas es un problema de salud pública y por ende el CONACE debe convertirse en un servicio profundamente relacionado con el Ministerio de Salud.