Delincuencia: Cuando toca la puerta de nuestros hogares

Apr. 08 , 2009

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La delincuencia es uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía. Víctimas directas o conocedores de hechos que les ocurrieron a otros, la población expresa su temor de los delitos y en especial de la violencia que se puede ejercer cuando estos se realizan. La percepción general es que todos somos susceptibles a convertirnos en víctimas de un hecho delictual en cualquier momento. Percepción que aumenta cuando ocurren hechos como el reciente robo a la casa del Diputado Monckeberg, miembro de la comisión del tema en la Cámara. Según la última encuesta nacional de victimización, este tipo de delito afectó a 5.9 % de los hogares en el país en el 2007. Situación que evidencia un mantenimiento de los porcentajes encontrados previamente (8.9% en el 2003 y 7.8% por ciento en el 2005 y 2006). Si bien es un problema acotado, debe ser analizado en un contexto donde el 38,4% de los hogares tuvo algún miembro que fue víctima de algún delito en el año previo.

Sin duda, un problema complejo de enfrentar y las policías, así como la seguridad privada, poco pueden hacer. Las capacidades de patrullaje de Carabineros de Chile se han incrementado significativamente en los últimos años, pero es imposible pensar que se pueden mantener vigiladas todas las zonas residenciales del país. La seguridad privada, por su parte, muestra también sus limitaciones, ya que en muchos de estas situaciones existen mecanismos que parecen no funcionar. Reciente información de prensa mostró que algunos guardias privados estaban vinculados con actividad delictual. Este y otros hechos, muestran la urgencia de una pronta regulación de la industria de la seguridad privada que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Mejorar la calidad del servicio, asegurar que los clientes tengan capacidad de reclamo y limitar la informalidad, se convierte en una urgencia que esperamos se concrete cuando el gobierno cumpla con la promesa de aprobar la ley de seguridad privada.

Además, los gobiernos locales tienen un rol clave que jugar para enfrentar este tipo de delitos. En los últimos casos conocidos por la prensa, se torna evidente que los espacios abiertos y abandonados son un elemento clave para facilitarlos. Por ende, los municipios deben apoyar al cierre perimetral, o establecer un diálogo directo con los dueños de dichos terrenos para establecer políticas mínimas de cuidado y mantenimiento. Por otro lado, la vigilancia municipal podría tener un rol más activo en el catastro y vigilancia de estos espacios peligrosos. No sólo por que se convierten en pasadizos de la delincuencia, sino también por que se convierten en lugares de tráfico y consumo de drogas.

El miedo paraliza y generalmente trae de la mano pedidos de mayor castigo. Así muchas asociaciones de víctimas se organizan en torno a la necesidad de aumentar las condenas, hacer más efectivo el trabajo de las fiscalías, e incluso disminuir la imputabilidad penal. En algunos casos también cuando las víctimas pertenecen a grupos de poder político o económico, se evidencian presiones por contar con mejor y mayor seguridad, sin reconocer que el problema lo viven principalmente los más vulnerables. En este contexto, la respuesta del Diputado Monckeberg muestra su entendimiento de un problema que no se resuelve por mayor control sino con medidas de prevención y rehabilitación eficientes. Sus declaraciones muestran que la problemática nos afecta a todos, que cuando somos víctimas de un delito experimentamos las mismas sensaciones de indefensión, atropello e invasión de nuestra intimidad, pero que la respuesta requiere de reflexión y análisis. Los pedidos altisonantes, los reclamos injustificados y las responsabilidades mal entendidas, sólo colaboran en aumentar la sensación de inseguridad y desprotección.