Cárcel y seguridad pública: ¿Chile es diferente al resto de la región?

May. 20 , 2009

12 Comments

La mayoría de países en América Latina ha aumentado su población carcelaria en las últimas décadas. Esta explosión penitenciaria no ha ido de la mano de un serio incremento en la inversión pública en programas de rehabilitación, en sistemas de medidas alternativas al encarcelamiento, programas para adicciones, mejoramiento de la calidad al interior de los penales, profesionalización de los encargados de la vigilancia, entre otras muchas necesidades.

Así, las cárceles se han transformado en universidades del delito, espacios en muchos países donde el crimen organizado realiza la planificación de sus estrategias, lugares de “puerta giratoria” ya que los presos logran escapar cotidianamente, territorios de violencia e impunidad con altas tasas de lesiones, homicidios, violaciones y robos. Pero aún más, las cárceles son invisibles a la política pública, salvo cuando algún episodio crítico aparece en los medios de comunicación y al parecer debatir sobre la necesidad de invertir en los presos es considerado negativo para conseguir la adhesión popular en los procesos electorales. Peor aún, los sistemas de vigilancia y control de las cárceles incluyen aún el uso indiscriminado de violencia y están sobrepasados por la corrupción de funcionarios, que permiten celdas de lujo para aquellos que puedan financiarlo e incluso distribución y venta de drogas al interior de los recintos penitenciarios.

La descripción anterior muestra una compleja situación que sin duda aumentará los niveles de violencia e inseguridad de la mayoría de nuestros países vecinos. Demuestra también las consecuencias de décadas de abandono de instituciones gubernamentales, que no se han modernizado ni profesionalizado. Por el contrario han sido utilizadas como botines políticos, debido a las grandes cantidades de dinero que se mueve alrededor del tema. De hecho, no es de extrañar encontrar ex jefes de sistemas carcelarios que han sido luego procesados o inculpados de actos de corrupción o que no pueden explicar el origen de sus fortunas económicas.

En medio de una huelga de los oficiales de Gendarmería que reclaman por condiciones laborales y salariales mejores, así como tomando en consideración los últimos sucesos ocurridos en recintos penitenciarios del país, queda la pregunta. ¿La situación en Chile es muy diferente al del resto de la región? Obviamente, pero necesitamos considerar algunos espacios grises. Antes de los desafíos, vale mencionar algunos hechos claves. En primer lugar, el trabajo que realiza Gendarmería logra mantener niveles de seguridad relevantes a pesar de las pésimas condiciones de habitabilidad de la mayoría de los presos del país. En segundo lugar, el proceso de concesiones ha tenido un éxito relativo en mejorar la calidad de vida de los presos y disminuir los niveles de violencia. En otras palabras, sin duda existe gobernabilidad estatal sobre los recintos penitenciarios y los niveles de violencia en su interior están bastante regulados.

Pero no se puede dejar de lado la ausencia de un debate mayor sobre al menos tres temas centrales de una agenda de seguridad de largo aliento. Primero, el explosivo incremento de presos debe ser revisado, las cárceles no rehabilitan, por ende, ingresar población es aumentar las probabilidades de mayor violencia en el país en el futuro cercano. Segundo, el sistema de medidas alternativas al encarcelamiento está en precarias condiciones y necesita fortalecerse, incluso como entidad separada de Gendarmería. La evidencia es sólida, el ingreso a la cárcel es el principal predictor para un agravamiento de la carrera criminal, por ende invertir en medidas alternativas parece ser la mejor opción para ciertos delitos. Tercero, es necesario priorizar reformas profundas en Gendarmería de Chile, institución que merece un proceso de profesionalización con funcionarios que cuenten con salarios adecuados, horarios laborales decentes y una dotación acorde al incremento de la población penal. Los diferentes sindicatos de Gendarmería acusan de uso político, lo cual es inaceptable, luego de las fuertes declaraciones de los principales voceros de gobierno sobre la inexistencia de cuotas partidarias, sería más que relevante profundizar el proceso de modernización dejando de lado estas situaciones.

Finalmente, la sociedad misma debe reconocer que la opción de encarcelar debe venir de la mano de mayor inversión para mejorar los sistemas de vigilancia y rehabilitación al interior de los recintos penitenciarios.  De otra forma, no estaremos ajenos a las problemáticas descritas previamente, donde el desgobierno se apodera de las cárceles y la delincuencia de nuestras vidas cotidianas.