Lecciones del Terremoto

Apr. 17 , 2010

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Hoy, la clase política se pregunta cómo se debe reconstruir Chile tras el terremoto del 27 de Febrero. En esta columna respondo a esa pregunta. Comienzo por sostener que las consecuencias negativas del desastre natural recién vivido son en gran medida atribuibles a la irresponsabilidad de la clase política. La incapacidad de tomar decisiones claves, o de haberlo hecho en su momento, exacerbó la magnitud de la catástrofe. Luego, muestro cómo dar respuesta a la excesiva centralización político-administrativa en Chile, es un paso agigantando en la dirección correcta para evitar desenlaces como la recién vivida. Cierro con algunas sugerencias de preceptos básicos que deben ser tomados en cuenta para un eventual proceso de descentralización.

Las trágicas consecuencias del terremoto son en gran parte un problema político. Si bien la magnitud del terremoto fue una situación imposible de preveer, las autoridades políticas fallaron en su responsabilidad de prevenir, antes de curar. La excesiva centralización del país --en la región metropolitana-- impidió a las autoridades atender a las necesidades de la gente en regiones. El rol catalizador de Santiago disuadió a las capitales de las regiones más afectadas de tomar decisiones cruciales en momentos claves. En pocas palabras, el costo de no descentralizar el país con anticipación, cobró. La poca y mala coordinación del centro con las regiones afectadas fue una variable crítica en el desastroso desenlace.

En los últimos cincuenta años el esfuerzo de descentralización más grande se hizo durante los años del gobierno militar. En 1974 se modificó la organización político-administrativa que imperaba en el país, en un proceso denominado "la regionalización". En este proceso se reemplazó el antiguo sistema provincial por uno que descentralizaba de mejor más efectiva y eficaz los recursos y el poder. En 1974 se crearon 12 regiones (I al XII) y un área metropolitana (Santiago), con este fin. Esta nueva división territorial fue integrada a la Constitución de 1980, y desde entonces no hubo mayores cambios a esta Ley. Durante los gobiernos de la Concertación sólo hubo tres reformas que ajustaron lo estipulado en la otrora Constitución, siendo lo más importante la incorporación de dos nuevas regiones, Arica y Parinacota y Los Ríos.

Ahora bien, el 27 de Febrero de 2010 se comprobó que los esfuerzos por realizar transformaciones adecuadas, fueron significativamente insuficientes para enfrentar un desastre natural. Las numerosas muertes a raíz del Tsunami, podrían haber sido sustancialmente evitables si hubiese existido un sistema descentralizado de toma de decisiones. La incapacidad de las regiones de tomar decisiones autónomas las obligó a depender de las autoridades ejecutivas de Santiago. Un sistema administrativo que pueda hacer un bypass a este lánguido y torpe sistema de comunicaciones, asegura una respuesta más urgente y efectivo a los problemas de esta naturaleza.

Durante las dos décadas que estuvieron en el poder, los gobiernos de la Concertación no respondieron a la altura del desafío. Asimismo, los integrantes de la Coalición por el Cambio tampoco lograron empujar la agenda hacia esta crucial modernización del país. Luego de un periodo de reflexión, es imperativo que la clase política tome medidas estructurales para prevenir las consecuencias de otro evento de similares proporciones. Si bien es crucial implementar un moderno sistema de comunicaciones, el objetivo ulterior debe ser un completo y efectivo proceso de descentralización de las regiones. Entregar autonomía a las regiones de por sí, implica una elección popular de intendentes, gobernadores y consejeros regionales. También involucra entregar una mayor soberanía a las regiones para asignar y distribuir recursos. Sólo de este modo, los gobiernos regionales podrán identificar e implementar los aparatajes políticos, sociales y de emergencia que apremian en sus respectivas zonas.